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El actual Congreso de la República se acerca al epílogo de su periodo, pues el próximo 20 de junio será el último día de sesiones ordinarias de los senadores y representantes a la Cámara elegidos en 2022. Como es natural en los cierres de cada cuatrienio, las elecciones legislativas y presidenciales se roban el protagonismo de toda la agenda política y desplazan los debates de reformas, proyectos de ley y control político en el Capitolio. Así las cosas, este Legislativo se acerca a su final con varias tareas pendientes.
A este grupo de legisladores les quedan poco más de dos meses para debatir varios asuntos que han quedado pendientes de las últimas tres legislaturas, pero, además, el número de iniciativas podría aumentar por cuenta de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que pidió tramitar varios proyectos relacionados con la situación económica del país. El mandatario, tras la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés, le dijo a su ministro del Interior que debería llevar al Congreso un nuevo paquete de reformas con mensaje de urgencia.
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Esta semana, el mandatario incluso aseguró que una de las salidas a la crisis fiscal que afronta el país podría ser la presentación de una nueva reforma tributaria o de una ley de financiamiento. Estas declaraciones también coinciden con otro choque que ha mantenido Petro con la institucionalidad, puntualmente con la Corte Constitucional, que acaba de tumbar la emergencia económica de 16 billones de pesos con la cual el Gobierno intentaba fundar sus arcas.
Las declaraciones del mandatario levantaron ampolla en el Congreso, puntualmente en los bloques de oposición, que inmediatamente rechazaron la idea del presidente Gustavo Petro de llevar a discusión otro articulado que busque más dinero producto de impuestos. Pero, además, en los pasillos del mismo Capitolio señalaron que la iniciativa no tendría futuro, no solo por la impopularidad de imponer nuevos gravámenes, sino porque todo el Congreso está enfocado en otras tareas, puntualmente las de la campaña presidencial.
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La mayoría de proyectos pendientes de debates cruciales son del Ejecutivo y hacen parte de algunas de las promesas que el presidente Gustavo Petro hizo hace cuatro años. Entre los temas pendientes están la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, la discusión de un marco de sometimiento para las bandas criminales y el salvavidas del Ministerio de la Igualdad.
De hecho, sobre esta última entidad, el presidente Petro dijo esta semana que, cuando estaba a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, sufrió porque “había mucha ignorancia en cómo comenzar” y “se cometieron muchos errores”. Entre ellos, señaló que “dejaron la plata guardada mucho tiempo”, y “hubo una disputa tonta y estúpida de grupos de poder” que impidió que se realizaran los programas.
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A la lista también se suma la ley de competencias que reglamenta la reforma al Sistema General de Participaciones, con el que el gobierno central girará más recursos a las entidades territoriales. Esa iniciativa regula las competencias que asumen tanto el gobierno central como las alcaldías y los municipios y permitiría que el traslado de los ingresos de la nación ascienda al 39,5 % de forma transicional a partir de 2027 y durante los próximos 12 años.
En espera de debate también están los proyectos de reforma al Icetex, la regulación de tarifas de energía e incluso la apelación de la reforma a la salud que se cayó en la Comisión Séptima del Senado. Y a todo esto se suma que el Congreso saliente debe adelantar el proceso de elección de un nuevo contralor general.
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