El viaje de Francisco Barbosa a la isla de San Andrés, el pasado puente festivo, habría pasado como un acto más de sus labores como cabeza del ente acusador si no se hubiera descubierto que viajó en compañía de su hija y de una amiga de ella. Lo que apuntaba a ser un viaje de trabajo quedó caracterizado como un paseo. Además de la duda frente al posible uso de recursos públicos para que las dos particulares viajaran, el hecho fue censurado porque ocurrió justo cuando el país enfrenta su peor momento frente a la pandemia del coronavirus.
Estas razones fueron las que impulsaron al representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, a presentar una denuncia en la Comisión de Acusación de la Cámara, de la que además es miembro, para que investigue los hechos que rodearon el viaje. El congresista le confesó a este diario que su intención es que se clarifique si se dispusieron de recursos públicos para pagar el transporte y la estadía de las menores y si el fiscal cometió una irregularidad al llevarlas a la isla en plena cuarentena.
¿Bajo qué criterios presentó la denuncia en contra del fiscal? ¿Qué delitos habría cometido al realizar ese viaje a San Andrés con su hija?
Lo que quiero que se investigue es si efectivamente o no violó la cuarentena y obligó a alguien más a hacerlo. Cuando lleva a su hija y a la amiguita, dos civiles no al servicio del Estado, la pregunta es si violaron la cuarentena, eso es lo que quiero que investigue la Comisión y al que le toque el caso. Es necesario que se determine si hubo una falta disciplinaria a la obligación de un servidor público de dar ejemplo y respetar las normas que se emiten. La segunda pregunta que hago es si usaron recursos públicos para el desplazamiento de estos civiles a la isla y en el interior de ella. También es necesario saber si el hospedaje fue pagado con recursos públicos. El tema no es si la niña entró o no a la piscina, el cuestionamiento es si el viaje hubiera sido al Chocó o al Cauca -donde están asesinando a líderes sociales-, al Amazonas, hubiera llevado a las menores de edad y hubiera hecho el paseo.
¿Y eso no puede evaluarse en el Congreso a través de un debate de control político?
Las faltas disciplinarias no se estudian en un debate de control político. Eso aplicaría si se quisiera ver si lo que fue a hacer a San Andrés funcionó o no. Pero es que esto es otro tema completamente distinto, que parte de una eventual responsabilidad y una posible falta. Por eso existen estos mecanismos. Un debate de control que cabe es si lo que fue a hacer se pudo haber hecho por Zoom. Lo que se dice es que fue una reunión de una hora y media, y estuvo tres días allá. También se puede ver si los resultados fueron como él dice.
El proceso en la Comisión es largo y las posibles condenas por el rompimiento de la cuarentena son limitadas, ¿vale la pena iniciarlo?
Más allá de los tiempos, uno no evalúa si una persona que está cometiendo una falta tenga que pagar $100 mil o un $1 millón, o si tiene que estar en la cárcel tres días o meses. Lo que hay que evaluar es si cometió la falta o no. Uno no puede dejar de investigar porque la pena es muy pequeña. De ser así, el sistema no funcionaría. Aquí hay que determinar es si le recae una responsabilidad, ese es mi deber como miembro de la Comisión de Acusación.
La Fiscalía causó controversia cuando anunció la investigación preliminar de Claudia López por salir a mercar. ¿No es lo mismo que se está haciendo con el fiscal? ¿En qué se diferencian ambos casos?
Estoy de acuerdo con lo que dijo el fiscal: “Nadie está por encima de la ley”. Él fue el primero que lo mencionó y en eso coincidimos. Los funcionarios tenemos que dar ejemplo. Lo que hicieron la alcaldesa y su señora fue aceptar el error y pagaron la multa. “Hubo un error, la embarramos” y tuvieron que pagar. Yo tengo el mismo pensamiento que el fiscal, por eso interpongo la denuncia. La diferencia acá es que se usó un avión del Estado para que se fuera una cantidad de gente a San Andrés.
Aquí hay civiles usando los recursos del Gobierno, cuando uno se gasta todo el tiempo en el Congreso tratando de conseguir permisos para que un avión desde el Amazonas aterrice en Bogotá, porque la gente se está muriendo allá. Además, se van es a una isla, cuando el nivel de riesgo es tan grande y el sistema de salud de San Andrés es tan precario. La isla está cerrada desde hace unos meses para evitar contagios y resulta que un funcionario se va un puente con civiles aparentemente de paseo. Eso me parece muy grave, independientemente de quién sea. Pudo ser cualquier otro, e igual lo hubiera denunciado. Lo hago es porque es un funcionario público y busco que se investigue si puso en riesgo la vida de los sanandresanos y de las personas que llevó.
¿Cree que la Cámara puede llevar a cabo un proceso efectivo contra el fiscal, cuando él es el jefe de los fiscales delegados que investigan y acusan a los congresistas?
Confío en que la independencia y la transparencia de la justicia funcionen y operen con normalidad. Sigo creyendo que va a haber justicia. Lo que pasa actualmente es que el equipo que presta servicios a la Comisión de Acusación es del CTI y ellos le responden a la Fiscalía. Eso está mal diseñado. Si voy a decretar una prueba en este caso, pues es el CTI el que la va a tomar. Ahí no sé qué va a pasar y le tocará analizar al investigador qué va a pasar. Pero confío plenamente en que los equipos son profesionales, transparentes y van a llevar a cabo las pesquisas sin presiones de ningún tipo. Otra cosa es que, si se levanta la investidura, es la Corte Suprema la que juzga, pero eso ya es otro problema.
El fiscal Barbosa es muy cercano al Gobierno y es conocido por su amistad con el presidente. ¿Con el Centro Democrático en el Congreso, incluso en la Comisión, puede llevarse un proceso contra él?
Insisto, confío en la justicia y el derecho. Espero que al representante al que le toque la investigación, independiente de su cercanía o no, vea si hay méritos suficientes. Luego será la Comisión la que vea qué pasa en derecho. Aquí ya se han cerrado casos de la JEP, independientemente de que el Centro Democrático quisiera o no. También se han archivado casos en contra del senador Álvaro Uribe por falta de pruebas y méritos o porque son acusaciones temerarias. La Comisión siempre ha actuado en derecho. Allá se evalúan las pruebas que hay y depende del investigador.
¿Por qué no se ha puesto la lupa sobre el contralor?
El contralor no es sujeto de investigación por la Comisión. El contralor es vigilado por otros organismos y lo que pasa es que él viaja solo y se devuelve el mismo día, apenas acaba la reunión. El que se queda es otra persona. El contralor no viajó con menores de edad u otro grupo de civiles. Felipe Córdoba solo fue e hizo la tarea. De hecho, los resultados que aparentemente fueron revelados son de la Contraloría. Los hallazgos fiscales los hace la Contraloría, no la Fiscalía. Aparentemente, el que fue a trabajar fue el contralor.
¿Qué ha pasado con sus denuncias de la falta de presupuesto de la Comisión? ¿Han permitido el giro de nuevos recursos?
Si no pego el grito en el cielo, no giran dinero. Esto lo hemos destrabado a partir de eso. Por fortuna, la presión de los medios y social han visibilizado el problema. Solo es con la presión ciudadana que se logra destrabar eso. La última vez dije: “No sé si lo que aquí hay es un interés constante del Gobierno de no girar y retrasar el pago para que los procesos no avancen”, y al otro día corrieron y desembolsaron. Quiero hacerle una pregunta al Gobierno, y es si el Ministerio de Hacienda se queda con la plata porque tiene interés en que algunos procesos no avancen. Solo a través de la alerta pública es que he logrado desbloquear los recursos de la Comisión durante los últimos dos años. Me toca cada seis meses decir que están retrasados.
¿Ese retraso es por la voluntad política del Gobierno o ya es un problema estructural del sistema?
Es de todo. El sistema está tan mal diseñado que se le permite al Gobierno que si no quiere girar no gire. Aquí lo que debería existir es un tribunal de aforados con un presupuesto autónomo y una autonomía judicial. No tiene sentido que la Comisión que investiga al presidente dependa de los recursos del propio gobierno. Siempre hay que rogarle al Ministerio de Hacienda para que gire. Le giran al Congreso, pero no le gira a la Comisión. Está mal diseñado y se presta para los juegos del Gobierno. Espero que no sea el caso de esta administración, sería maquiavélico siquiera pensarlo.
