Excomandantes de FF.MM. preocupados por seguridad jurídica de la Fuerza Pública

A través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al menos 28 excomandantes de las Fuerzas Militares expresaron sus preocupaciones sobre la seguridad nacional y el ‘tratamiento especial diferenciado’ que tendrán los miembros de la Fuerza Pública tras el acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las Farc.

La misiva –que firma, entre otros, el general Jorge Enrique Mora, uno de los negociadores del Gobierno en La Habana (Cuba)– se refiere en concreto a los temores porque las zonas veredales donde permanecen los combatientes de las Farc terminen convertidas en “repúblicas independientes” que pongan en jaque la integridad del país.

“Existen muchas dudas y desinformación, motivo por el cual queremos expresarle nuestra inquietud por el interés manifiesto de esta organización (las Farc) de crear a toda costa zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectadas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituiría en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘repúblicas independientes’ que tanto daño causaron a la integridad territorial de la Nación”, se lee en un aparte de la cara.

Los excomandantes también advierten sus inquietudes por los recientes decretos expedidos por el presidente Santos para modificar la estructura de la Unidad Nacional de Protección. Lo anterior, para aumentar el número de empleados de la entidad quienes se encargarán de la seguridad de los miembros de las Farc. Según uno de los decretos, ingresarán alrededor de 1200 escoltas y 12 oficiales de protección.

“Se requiere establecer con carácter prioritario estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana en cualquier lugar donde se desempeñen en cumplimiento de la tarea para la cual han sido creados”, sostienen los uniformados.

En otro aparte, los militares en retiro se refieren al proyecto legislativo que cursa en el Congreso sobre el tratamiento diferenciado en materia de justicia transicional para miembros de la Fuerza Pública. “Queda pendiente por aclarar lo relacionado con la aplicación preferente del Código Penal colombiano en todo el contenido de este articulado y la supresión de unos términos innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas”.

Los excomandantes también expresan sus reparos por la presencia de extranjeros en la comisión que elegirá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, “que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad”.

Por último, los uniformados se refieren al aplazamiento por parte del Gobierno de “un tratamiento especial diferenciado” a miembros de la Fuerza Pública en materia de ‘suspensión de la persecución penal y libertad transitoria anticipada’, frente a las amnistías e indultos que se otorgarán a integrantes de las Farc.

A través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al menos 28 excomandantes de las Fuerzas Militares expresaron sus preocupaciones sobre la seguridad nacional y el ‘tratamiento especial diferenciado’ que tendrán los miembros de la Fuerza Pública tras el acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las Farc.

La misiva –que firma, entre otros, el general Jorge Enrique Mora, uno de los negociadores del Gobierno en La Habana (Cuba)– se refiere en concreto a los temores porque las zonas veredales donde permanecen los combatientes de las Farc terminen convertidas en “repúblicas independientes” que pongan en jaque la integridad del país.

“Existen muchas dudas y desinformación, motivo por el cual queremos expresarle nuestra inquietud por el interés manifiesto de esta organización (las Farc) de crear a toda costa zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectadas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituiría en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘repúblicas independientes’ que tanto daño causaron a la integridad territorial de la Nación”, se lee en un aparte de la cara.

Los excomandantes también advierten sus inquietudes por los recientes decretos expedidos por el presidente Santos para modificar la estructura de la Unidad Nacional de Protección. Lo anterior, para aumentar el número de empleados de la entidad quienes se encargarán de la seguridad de los miembros de las Farc. Según uno de los decretos, ingresarán alrededor de 1200 escoltas y 12 oficiales de protección.

“Se requiere establecer con carácter prioritario estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana en cualquier lugar donde se desempeñen en cumplimiento de la tarea para la cual han sido creados”, sostienen los uniformados.

En otro aparte, los militares en retiro se refieren al proyecto legislativo que cursa en el Congreso sobre el tratamiento diferenciado en materia de justicia transicional para miembros de la Fuerza Pública. “Queda pendiente por aclarar lo relacionado con la aplicación preferente del Código Penal colombiano en todo el contenido de este articulado y la supresión de unos términos innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas”.

Los excomandantes también expresan sus reparos por la presencia de extranjeros en la comisión que elegirá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, “que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad”.

Por último, los uniformados se refieren al aplazamiento por parte del Gobierno de “un tratamiento especial diferenciado” a miembros de la Fuerza Pública en materia de ‘suspensión de la persecución penal y libertad transitoria anticipada’, frente a las amnistías e indultos que se otorgarán a integrantes de las Farc.