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Su Oficina presentó, esta semana, el primer informe, que corresponde al gobierno Petro, sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2023. En el balance general, ¿los hallazgos son mejores, iguales o peores que en otros gobiernos?
Colombia ha tenido problemas estructurales en derechos humanos que, progresivamente, se han ido deteriorando con el paso de los diferentes gobiernos debido a que el Estado no ha logrado llegar a las comunidades y a los territorios con garantías de respeto por los derechos y prevención de abusos y violaciones. En el actual informe reconocemos avances importantes de la administración, por ejemplo, en que el campesinado sea reconocido como sujeto pleno de derechos, o en las políticas sobre seguridad humana y drogas que tienen enfoque de derechos humanos. Este año 2024 debería ser el periodo en que tales políticas transformen la situación de las comunidades. Pero nos preocupa la expansión de los grupos armados no estatales y el control que ejercen en detrimento de los derechos de la población, en particular de los pueblos indígenas y afros. Alertamos sobre esta situación, porque si no es atendida debidamente, se presentarán riesgos para la gobernabilidad estatal en el mediano y largo plazo.
Precisamente, usted ha reiterado su preocupación por los “riesgos para la gobernabilidad”. Colombia siempre ha sido débil en su control territorial y por eso los grupos armados ilegales han podido fortalecer su poder local ¿Cree que el Estado se está debilitando más en este periodo presidencial?
Ese ha sido un problema histórico de Colombia. Ahora el país cuenta con un gobierno que puede construir un Estado diferente, sobre todo en aquellas regiones que han sido tradicionalmente abandonadas por administraciones pasadas. Pero para lograrlo debe llegar a los territorios y aplicar allí, con coordinación estatal, las políticas que ha anunciado.
Le preguntaré de otra manera: ¿el Estado ha perdido control territorial por la llamada “política de paz total” del presidente Petro?
Reitero que la pérdida de control territorial por parte del Estado ha sido una tendencia constante desde hace algunos años: los grupos han aprovechado los vacíos institucionales de los diferentes gobiernos para copar los territorios y controlar las poblaciones. Por ejemplo, el Acuerdo de Paz de 2016 tenía prevista la presencia del Estado en las zonas de conflicto, pero no se implementó a plenitud. Esos son los vacíos que los grupos ilegales aprovechan.
Visto desde la otra orilla, ¿el desarrollo de la “paz total” ha incidido en la reducción de las violaciones de los derechos humanos en los territorios o, como dice la oposición partidaria de las soluciones de confrontación, las bandas armadas aprovechan las negociaciones para fortalecerse?
Saludamos los esfuerzos del Gobierno de buscar dialogar con actores armados no estatales, pero también creemos, como lo ha dicho el presidente, que los ceses al fuego tienen que traer mejorías en el diario vivir de las comunidades y las poblaciones. No obstante, lo que se nota es que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, esos grupos continúan desarrollando una violencia desmedida en los territorios con extorsiones, restricción de la movilidad, amenazas y homicidios de defensores, entre otros actos. Preocupa también el reclutamiento infantil, sobre el cual sabemos que hay un subregistro. Hasta el momento, hemos podido verificar a 134 niños reclutados. Los grupos armados tienen la obligación de mostrar más compromiso con las poblaciones y el deber de liberar a los niños y niñas menores de 18 años.
Según su informe, ¿cuáles indicadores y tipos de violencia se redujeron en 2023?
En las estadísticas a nivel nacional hay una ligera disminución en cifras de homicidio de defensores; pero en determinados lugares del país el número de ese tipo de crímenes aumentó. Por ejemplo, 25 defensores fueron asesinados en el Cauca, lo que representa un incremento de más del 30 %, en ese departamento, con respecto al año anterior. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hubo disminución en la cifra total de confinamientos, pero ocurre como en el caso anterior: el confinamiento aumentó en unas zonas del Cauca. Con relación a los asesinatos de los antiguos integrantes de las FARC también hubo disminución; sin embargo, el número de casos sigue siendo alto y, desde luego, condenable. Insisto en que al mismo tiempo es visible la expansión territorial y el despliegue de estrategias violentas de control social por parte de los grupos armados no estatales contra las comunidades, lo que las pone en grave riesgo. En resumen, se presentan algunas pocas disminuciones en materia de vulneración de derechos, pero la situación en muchos territorios empeora y es muy preocupante.
¿Cuáles indicadores de violación de derechos humanos y cuáles regiones empeoraron en 2023?
Aumentaron las masacres: mientras en el año 2022 verificamos 92, en 2023 verificamos 98 masacres con 320 víctimas (de las cuales 242 eran hombres, 46 mujeres, 25 niños y siete niñas). En el 93 % de las masacres verificadas, la autoría sería de grupos armados no estatales y de organizaciones criminales. Por departamentos, los más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca.
Ustedes utilizan un índice de impacto de la violencia ¿En que se basan?
En cinco variables: homicidios de personas defensoras, masacres, asesinatos de excombatientes, tasas de confinamiento y desplazamiento por 100.000 habitantes. En 2021, 156 municipios fueron clasificados como los más afectados por la violencia; en 2022, 180, y en 2023, 206. Esto denota la expansión de la violencia territorial, fenómeno al que si se le suma que esos 206 municipios pertenecen a 28 departamentos de los 32 que tiene el país, dimensiona la delicada situación de debilitamiento del control estatal. Los cuatro municipios que hemos denominado críticos, según ese índice, son Tame (Arauca), Balboa (Cauca), Cali (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño).
En sus palabras, la situación de vulneración de derechos en Colombia “es intolerable”. ¿Puede uno suponer, válidamente, que la fuerza del Estado es mucho más eficiente que las mesas de diálogo con los grupos ilegales?
No. Las políticas que está desarrollando este Gobierno son acertadas porque atienden las causas estructurales del conflicto, buscan desmantelar las estructuras del crimen organizado y ponen la protección de la vida en el eje de las acciones del Estado. Lo que falta es articulación entre los diferentes programas y oficinas oficiales con el objeto de que lleguen de manera coordinada a los territorios. De esa manera, las autoridades locales sentirán el respaldo nacional cuando enfrenten la acción de los grupos ilegales que atacan a sus comunidades y poblaciones.
Entonces, ¿cree que tuvo razón el presidente cuando dijo, después de intentar el desmantelamiento del denominado clan del Golfo, que “la orden es clara: [hay que] destruirlo”?
Una cosa es el diálogo con los grupos armados y otra cosa es el fortalecimiento del Estado de derecho en los territorios. Este puede y debe desarrollarse de todos modos. En el Acuerdo de Paz de 2016 se previó la implementación de una política de desmantelamiento de todas las organizaciones generadoras de violencia que causan tanto daño a los movimientos sociales, a los líderes sociales y a la población. Pero esa política no ha sido debidamente ejecutada.
Justamente, las comunidades de algunos municipios reclaman al Gobierno central por la inseguridad que reina en sus comunidades. ¿Qué factores son determinantes en la vulnerabilidad de unas por encima de otras?
En la mayor vulnerabilidad de ciertas poblaciones es determinante la expansión de los grupos armados no estatales y la consecuente violencia que ejercen sobre ellas. Además hay otros factores: la falta de gobernabilidad, la ausencia del Estado de derecho que deja sin protección a las comunidades, la impunidad con la que cuentan las estructuras macrocriminales y la falta de capacidad estatal para desmantelar esos grupos. Debe insistirse en que la falta de implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016 ha incidido en el deterioro de la situación de normalidad pública en varios lugares del país.
Entonces, ¿es cierto que como el Estado no llenó, con su presencia institucional, el vacío de poder que dejaron las FARC cuando se desmovilizaron, ese vacío fue ocupado por organizaciones más degradadas que las guerrillas reintegradas?
Sí, eso es totalmente cierto, y más: es el principal problema que enfrentan hoy en día las comunidades. Son importantes los acuerdos de paz, pero también lo son la presencia y el fortalecimiento del Estado en los territorios que se liberan de ese modo de la amenaza de los grupos armados. De lo contrario, un gobierno puede desactivar a una agrupación de los territorios pero otro grupo armado llega a reemplazar al que se ha ido, si no está presente el Estado.
En su informe hay una lista de “municipios en riesgo alto y en riesgo muy alto” de ser atacados. ¿Cuántos clasificaron para una y otra categoría y cuáles son?
El índice del impacto de la violencia del cual hablé antes, que identifica a los municipios más afectados por cinco variables en 2023 (homicidio de defensores, masacres, tasas de desplazamiento, de confinamiento y asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz) concluye que hay 206 municipios en alto riesgo clasificados así: cuatro críticos, 45 en estado muy alto (de riesgo) y 156 con un impacto alto.
¿Por qué las juntas de acción comunal son consideradas por las bandas como sus enemigas?
Porque los representantes de las juntas de la acción comunal defienden los intereses de la población. Por eso las someten y tratan de dominar a las organizaciones sociales y a los líderes indígenas y afros que trabajan para beneficio de sus comunidades y no para las órdenes de los grupos armados no estatales.
El otro factor estremecedor de la violencia territorial es el de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Qué encontró su Oficina al respecto?
El homicidio de defensores sigue siendo el más alto del mundo: 105 homicidios verificados por nuestra Oficina en 2023. En 2023 también se documentaron ataques contra las autoridades y líderes de pueblos indígenas y afros que afectaron negativamente su autogobierno y su pervivencia física y cultural: hubo 23 homicidios de autoridades tradicionales, guardias indígenas o guardias cimarronas, particularmente en contra del pueblo barí (Norte de Santander), el hitnü (Arauca), el nasa, el awá y consejos comunitarios. El 33 % de los homicidios de defensores afectó a líderes que pertenecían a juntas de acción comunal, y 31 defensores del ambiente murieron por la acción violenta de esos grupos.
¿Por qué motivos las bandas criminales señalan como objetivos de sus balas a los defensores?
Los defensores son asesinados cuando alzan su voz por sus pueblos o cuando se convierten en obstáculos para las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales en los territorios. Los homicidios también buscan desarticular los procesos sociales de defensa de los derechos humanos y producir temor entre las comunidades que, pese a todos los riesgos, se oponen y siguen resistiendo.
¿Los asesinatos de excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 han disminuido o aumentado con respecto al 2022?
Han disminuido, pero la cifra sigue siendo alta: ninguno debe ser asesinado. La misión de verificación de la ONU en Colombia constató el asesinato de 48 antiguos integrantes de las FARC-EP, en 2023. Representa una disminución del 5,9 % con respecto a 2022. Pero, repito, ninguno de ellos debería ser una víctima mortal.
Uno de los más terribles indicadores de violencia es el del reclutamiento por parte de las bandas criminales de niños para usarlos en la guerra. ¿Cuáles zonas están más afectadas por este delito?
Nos preocupa, particularmente, que en 75 de los 134 casos documentados por ONU Derechos Humanos las víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y cuatro afrodescendientes). En 37 casos las víctimas sufrieron además múltiples violaciones de derechos. Por sitio geográfico, la mayoría de los niños reclutados cuyos casos fueron documentados eran de Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño.
A modo de conclusión, ¿es notorio o no se siente todavía el cambio de enfoque oficial en las políticas gubernamentales en materia de respeto por los estándares de derechos humanos?
Es claro que este Gobierno ha dado prioridad a los temas de derechos humanos y acepta el análisis crítico que se hace de la situación. Sin embargo, este cambio de enfoque todavía no ha repercutido de manera decisiva en los territorios. Por eso creemos que se debe fortalecer la presencia permanente del Estado y su gobernabilidad en los territorios. No podemos dejar en manos de los grupos armados a la población civil, sufriendo los abusos que sufre y dejando que destruyan el tejido social. Se necesita que el Estado llegue y refuerce la respuesta institucional ante las graves afectaciones de derechos que sufren las comunidades. Urgimos al Estado a priorizar a los municipios más afectados y a los pueblos en peligro de exterminio.
“Terror en las poblaciones por el control sobre sus vidas”
La “expansión de la violencia territorial” en 2023, ¿se traduce en el control de las formas de vida, trabajo, relaciones, movimientos, etc., de los habitantes de una determinada región; o además se han incrementado la obligación de pagar, a las bandas criminales, la extorsión y los fenómenos de desplazamiento y confinamiento?
La expansión de los grupos armados es geográfica y de poder. Esta expansión se traduce en el control sobre la vida comunitaria a través de violaciones o vulneraciones como homicidios, amenazas, extorsiones, secuestros, desapariciones, reclutamiento infantil, violencia sexual, poco o nulo ejercicio de la libertad de expresión. Esas vulneraciones llevan al miedo y al terror de las poblaciones que muchas veces terminan desplazándose o sufriendo confinamiento, como usted lo señala en su pregunta. Los grupos extorsionan a las personas más pobres y vulnerables e intimidan a quienes incentivan la participación y la autonomía de las comunidades con el objeto de que los intereses de los grupos armados - que tratan de suplantar la voz de las comunidades -, sean los que predominen. Se produce, entonces, un efecto destructor del tejido social y un impacto muy fuerte sobre la niñez por el reclutamiento y la violencia sexual.
Principales hallazgos del informe de ONU Derechos Humanos en Colombia, 2023:
A. En 2023 la Oficina de la representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, registró105 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Aunque hubo una disminución del 9.5%, este tipo de violencia contra defensores, se trata de crímenes intolerables. Los departamentos más afectados por los ataques a los defensores son Cauca, con 25 homicidios verificados; Nariño, con 14; Valle del Cauca, con10; Putumayo, con 9, Norte de Santander, con 6 y Arauca, con 6. B. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2023, aproximadamente 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 confinadas. Estas cifras representan una disminución del 22.9% en desplazamientos y del 14,3% en confinamientos lo cual no significa que esos fenómenos dejen de ser graves. C. La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 48 antiguos integrantes de las FARC-EP en 2023. Esto representa una disminución del 5,9% respecto del año 2022. D. El Cauca es el departamento con mayor nivel de violencia.