Extradición, tema para revaluar

La imagen de la extradición del narcotraficante Camilo Torres, alias Fritanga, a Estados Unidos, habla por sí misma. De forma desafiante posó para los medios de comunicación, dando la apariencia de que su envío a rendir cuentas ante la justicia norteamericana se trataba de un premio. Al parecer es así: en los últimos años, la figura de la extradición se ha convertido en la herramienta con la cual los capos del negocio de las drogas ilícitas, a cambio de ayudar a desarticular redes, entregar bienes y millonarias fortunas, reciben beneficios penales y en pocos años recuperan la libertad.

Esta situación generó la crítica de los parlamentarios de las comisiones de relaciones exteriores en el Congreso, quienes le reclamaron al Gobierno la necesidad de renegociar el tratado, de forma tal que se haga justicia contra quienes han cometido delitos en Colombia y, por solicitud de las cortes de Estados Unidos, son enviados en extradición. El representante a la Cámara Telésforo Pedraza sostiene que “yo mismo pedí en la embajada una lista de colombianos extraditados y son muy pocos los que tienen condenas ejemplares”.

Agrega que estos tratados buscan una colaboración judicial que no se está dando. “Allá confiesan y en Colombia no se sabe nada, entregan los bienes y sus víctimas nunca son reparadas, entregan millonadas que ahora son parte del tesoro de los Estados Unidos. Yo soy amigo de la extradición, pero hoy se debe hacer en otras condiciones”.

Es tal la preocupación por lo que viene ocurriendo, que incluso se han atrevido a calificarlo como un problema de dignidad jurídica. El senador Juan Lozano afirma que “este es un modelo en crisis. Colombia deja los muertos, los extraditados pasan una corta temporada en Estados Unidos y pueden regresar desafiantes al país. El Gobierno tiene una tarea enorme, porque no está garantizando la dignidad de la justicia colombiana. Lo que se ve es que el crimen sí paga y eso es devastador para el país”.

Es tal la molestia con la impunidad que generan las negociaciones con la justicia estadounidense, que llevó a plantear que se elimine esa figura del ordenamiento jurídico. Así lo afirma la senadora Alexandra Moreno Piraquive, quien dice que “ya son 30 años de un acuerdo que hoy no le aporta nada al país. No sólo se trata de indignidad jurídica, es indignidad de todo tipo, es reconocer que Colombia no es un país capaz de hacer justicia. En Estados Unidos saben que el general Mauricio Santoyo y quién sabe cuántos miembros más de la cúpula militar y de la Policía tenían acuerdos con narcotraficantes y acá no sabemos nada”.

La senadora fue enfática al señalar que “en lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas y el apoyo de Estados Unidos, hay una doble moral. Ellos conocen la verdad, se quedan con el dinero y los bienes de los narcotraficantes y al país no le queda nada. Por el contrario, cuando se va a pedir dinero para el Plan Colombia, parecemos pidiendo una limosna para cumplir con una política contra drogas que ellos nos han impuesto”.

Razones hay de peso. Lejos están los tiempos en los que los extraditables manifestaban abiertamente que “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, pues las penas a las que se enfrentaban eran, en el mejor de los casos, de 30 años de prisión, como le sucedió a Fabio Ochoa, uno de los jefes del cartel de Medellín. O al reconocido narcotraficante Carlos Lehder, que fue capturado en 1987 y aún se encuentra tras las rejas. Hoy es muy diferente, se conocen casos como el de Carlos José Robayo Escobar, alias Guacamayo, que sólo pagó seis años; Phanor Arizabaleta, quien sólo estuvo unos meses en prisión, y Víctor Patiño Fómeque, que estuvo ocho años detenido.

Casos hay muchos. Incluso, se ha conocido de narcotraficantes que prefieren negociar directamente con la justicia estadounidense, recibir beneficios a cambio de colaboración con la justicia e incluso se quedan como residentes en ese país administrando prósperos negocios. Así lo hizo Nicolás Bergonzoli, quien estuvo apenas dos años detenido y al recuperar su libertad montó una cadena de comidas rápidas.

¿Será necesario renegociar el tratado de extradición con Estados Unidos? Esto sólo depende de un diálogo gubernamental entre los dos países, pero es claro que Colombia hoy no es la misma que en la década de los 80, que se mantenía en zozobra por las amenazas del grupo de traficantes autodenominados como Los Extraditables, encabezados por Pablo Escobar, que con actos terroristas pretendían evitar responder ante las cortes norteamericanas.

El asesinato de cerca de 200 jueces, que obligó a implementar la denominada ‘justicia sin rostro’; el asesinato de cientos de policías, por quienes pagaban $2 millones; el asesinato de tres candidatos a la Presidencia, eran sólo algunos de los hechos que amedrentaban al país en la década de los 80 y principios de los 90. Sumado a un sistema penitenciario deficiente, cuyo emblema era la cárcel La Catedral, construida durante el gobierno de César Gaviria, donde estuvieron recluidos Pablo Escobar y sus lugartenientes con todos los lujos imaginables y posteriormente se fugaron.

Para los parlamentarios, las condiciones han cambiado y Colombia está emprendiendo un reto importante que es consolidar la paz. Por eso, aseguran, es necesario que los narcotraficantes que son extraditados tengan la obligación de cumplir con los parámetros de justicia transicional, que plantean que las víctimas deben recibir verdad, justicia y reparación.

La imagen de la extradición del narcotraficante Camilo Torres, alias Fritanga, a Estados Unidos, habla por sí misma. De forma desafiante posó para los medios de comunicación, dando la apariencia de que su envío a rendir cuentas ante la justicia norteamericana se trataba de un premio. Al parecer es así: en los últimos años, la figura de la extradición se ha convertido en la herramienta con la cual los capos del negocio de las drogas ilícitas, a cambio de ayudar a desarticular redes, entregar bienes y millonarias fortunas, reciben beneficios penales y en pocos años recuperan la libertad.

Esta situación generó la crítica de los parlamentarios de las comisiones de relaciones exteriores en el Congreso, quienes le reclamaron al Gobierno la necesidad de renegociar el tratado, de forma tal que se haga justicia contra quienes han cometido delitos en Colombia y, por solicitud de las cortes de Estados Unidos, son enviados en extradición. El representante a la Cámara Telésforo Pedraza sostiene que “yo mismo pedí en la embajada una lista de colombianos extraditados y son muy pocos los que tienen condenas ejemplares”.

Agrega que estos tratados buscan una colaboración judicial que no se está dando. “Allá confiesan y en Colombia no se sabe nada, entregan los bienes y sus víctimas nunca son reparadas, entregan millonadas que ahora son parte del tesoro de los Estados Unidos. Yo soy amigo de la extradición, pero hoy se debe hacer en otras condiciones”.

Es tal la preocupación por lo que viene ocurriendo, que incluso se han atrevido a calificarlo como un problema de dignidad jurídica. El senador Juan Lozano afirma que “este es un modelo en crisis. Colombia deja los muertos, los extraditados pasan una corta temporada en Estados Unidos y pueden regresar desafiantes al país. El Gobierno tiene una tarea enorme, porque no está garantizando la dignidad de la justicia colombiana. Lo que se ve es que el crimen sí paga y eso es devastador para el país”.

Es tal la molestia con la impunidad que generan las negociaciones con la justicia estadounidense, que llevó a plantear que se elimine esa figura del ordenamiento jurídico. Así lo afirma la senadora Alexandra Moreno Piraquive, quien dice que “ya son 30 años de un acuerdo que hoy no le aporta nada al país. No sólo se trata de indignidad jurídica, es indignidad de todo tipo, es reconocer que Colombia no es un país capaz de hacer justicia. En Estados Unidos saben que el general Mauricio Santoyo y quién sabe cuántos miembros más de la cúpula militar y de la Policía tenían acuerdos con narcotraficantes y acá no sabemos nada”.

La senadora fue enfática al señalar que “en lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas y el apoyo de Estados Unidos, hay una doble moral. Ellos conocen la verdad, se quedan con el dinero y los bienes de los narcotraficantes y al país no le queda nada. Por el contrario, cuando se va a pedir dinero para el Plan Colombia, parecemos pidiendo una limosna para cumplir con una política contra drogas que ellos nos han impuesto”.

Razones hay de peso. Lejos están los tiempos en los que los extraditables manifestaban abiertamente que “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, pues las penas a las que se enfrentaban eran, en el mejor de los casos, de 30 años de prisión, como le sucedió a Fabio Ochoa, uno de los jefes del cartel de Medellín. O al reconocido narcotraficante Carlos Lehder, que fue capturado en 1987 y aún se encuentra tras las rejas. Hoy es muy diferente, se conocen casos como el de Carlos José Robayo Escobar, alias Guacamayo, que sólo pagó seis años; Phanor Arizabaleta, quien sólo estuvo unos meses en prisión, y Víctor Patiño Fómeque, que estuvo ocho años detenido.

Casos hay muchos. Incluso, se ha conocido de narcotraficantes que prefieren negociar directamente con la justicia estadounidense, recibir beneficios a cambio de colaboración con la justicia e incluso se quedan como residentes en ese país administrando prósperos negocios. Así lo hizo Nicolás Bergonzoli, quien estuvo apenas dos años detenido y al recuperar su libertad montó una cadena de comidas rápidas.

¿Será necesario renegociar el tratado de extradición con Estados Unidos? Esto sólo depende de un diálogo gubernamental entre los dos países, pero es claro que Colombia hoy no es la misma que en la década de los 80, que se mantenía en zozobra por las amenazas del grupo de traficantes autodenominados como Los Extraditables, encabezados por Pablo Escobar, que con actos terroristas pretendían evitar responder ante las cortes norteamericanas.

El asesinato de cerca de 200 jueces, que obligó a implementar la denominada ‘justicia sin rostro’; el asesinato de cientos de policías, por quienes pagaban $2 millones; el asesinato de tres candidatos a la Presidencia, eran sólo algunos de los hechos que amedrentaban al país en la década de los 80 y principios de los 90. Sumado a un sistema penitenciario deficiente, cuyo emblema era la cárcel La Catedral, construida durante el gobierno de César Gaviria, donde estuvieron recluidos Pablo Escobar y sus lugartenientes con todos los lujos imaginables y posteriormente se fugaron.

Para los parlamentarios, las condiciones han cambiado y Colombia está emprendiendo un reto importante que es consolidar la paz. Por eso, aseguran, es necesario que los narcotraficantes que son extraditados tengan la obligación de cumplir con los parámetros de justicia transicional, que plantean que las víctimas deben recibir verdad, justicia y reparación.