Fabio Valencia denuncia a magistrados de la judicatura

Como viene sucediendo con las actuaciones de la justicia contra miembros del Centro Democrático, estos aseguran que se trata de una persecución judicial. Esta vez se trata del exministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, quien tomó la decisión de solicitarle a la Procuraduría General de la Nación “dar traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a los Magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá”.

El motivo de esta decisión, según señala Valencia Cossio es que “el pasado 29 de febrero de 2016 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, decidió exhortar a la Fiscalía para que efectué labores de investigación con la finalidad de establecer si verdaderamente ocurrió lo mencionado en un documento presuntamente enviado por el jefe paramilitar Ramón Isaza, el 18 de septiembre de 1995 a mi persona, y si a nivel del Partido Conservador se buscaba el aval de Isaza para incursionar políticamente en las zonas de injerencia de las autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”.

A juicio del exministro Valencia Cossio es evidente la manipulación en esta investigación y explica que “el Tribunal, al proferir el fallo, evidencia la manipulación de la fecha cierta de dicho documento, al modificarla del 18 de septiembre de 1995 a octubre de 1994, carta que Ramón Isaza en dos diligencias judiciales concretas señaló que fue inducido a firmar con propósitos políticos en mi contra”.

En su defensa Valencia Cossio señala que con esta “manipulación” buscan hacer coincidir unos hechos acaecidos en 1994 que ya habían sido aceptados por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio “motivando una investigación penal en mi contra, por razones de contexto, siendo maniobras que deben ser investigadas disciplinariamente y de encontrarse fundamento y razón, penalmente”.

El asunto del que habla el exministro, que sucedió en 1994, no es de poca monta, pues el jefe paramilitar Ramón Isaza fue condenado por como responsable de 751 hechos delictivos que dejaron cerca de 1000 víctimas, 202 de desaparición forzada,12 por acceso carnal violento y se aborda el tema puntual del asesinato del entonces alcalde Sonsón (Antioquia), el 12 de junio de 1994, quien fue retenido por hombres de Ramón Isaza y ocho días después fue asesinado.

Para blindar la investigación que se adelanta en su contra, el exministro Valencia Cossio pidió apoyo a un aliado habitual de Uribismo en lo referente a investigaciones penales en contra de miembros de esta fuerza política, al señalar le informó al Procurador Alejandro Ordóñez para que designe un agente especial para vigilancia y garantía de sus derechos.

Valencia Cossio asegura que sobre estos hechos ya había sido desvirtuada cualquier responsabilidad suya y afirma que “el Despacho del Fiscal en Resolución del 29 de abril de 2009 Investigación Previa No: 12105-10, resolvió considerar que los hechos denunciados no existieron, decidiendo inhibirse de abrir instrucción penal por haberse superado la duda que aconsejo la apertura de la investigación previa”.

Como viene sucediendo con las actuaciones de la justicia contra miembros del Centro Democrático, estos aseguran que se trata de una persecución judicial. Esta vez se trata del exministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, quien tomó la decisión de solicitarle a la Procuraduría General de la Nación “dar traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a los Magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá”.

El motivo de esta decisión, según señala Valencia Cossio es que “el pasado 29 de febrero de 2016 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, decidió exhortar a la Fiscalía para que efectué labores de investigación con la finalidad de establecer si verdaderamente ocurrió lo mencionado en un documento presuntamente enviado por el jefe paramilitar Ramón Isaza, el 18 de septiembre de 1995 a mi persona, y si a nivel del Partido Conservador se buscaba el aval de Isaza para incursionar políticamente en las zonas de injerencia de las autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”.

A juicio del exministro Valencia Cossio es evidente la manipulación en esta investigación y explica que “el Tribunal, al proferir el fallo, evidencia la manipulación de la fecha cierta de dicho documento, al modificarla del 18 de septiembre de 1995 a octubre de 1994, carta que Ramón Isaza en dos diligencias judiciales concretas señaló que fue inducido a firmar con propósitos políticos en mi contra”.

En su defensa Valencia Cossio señala que con esta “manipulación” buscan hacer coincidir unos hechos acaecidos en 1994 que ya habían sido aceptados por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio “motivando una investigación penal en mi contra, por razones de contexto, siendo maniobras que deben ser investigadas disciplinariamente y de encontrarse fundamento y razón, penalmente”.

El asunto del que habla el exministro, que sucedió en 1994, no es de poca monta, pues el jefe paramilitar Ramón Isaza fue condenado por como responsable de 751 hechos delictivos que dejaron cerca de 1000 víctimas, 202 de desaparición forzada,12 por acceso carnal violento y se aborda el tema puntual del asesinato del entonces alcalde Sonsón (Antioquia), el 12 de junio de 1994, quien fue retenido por hombres de Ramón Isaza y ocho días después fue asesinado.

Para blindar la investigación que se adelanta en su contra, el exministro Valencia Cossio pidió apoyo a un aliado habitual de Uribismo en lo referente a investigaciones penales en contra de miembros de esta fuerza política, al señalar le informó al Procurador Alejandro Ordóñez para que designe un agente especial para vigilancia y garantía de sus derechos.

Valencia Cossio asegura que sobre estos hechos ya había sido desvirtuada cualquier responsabilidad suya y afirma que “el Despacho del Fiscal en Resolución del 29 de abril de 2009 Investigación Previa No: 12105-10, resolvió considerar que los hechos denunciados no existieron, decidiendo inhibirse de abrir instrucción penal por haberse superado la duda que aconsejo la apertura de la investigación previa”.