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A medida de que se desarrolla la campaña electoral con miras al 27 de octubre, cuando se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, avanza también -cada vez con más fuerza- otra contienda paralela: la que se libra para hacer frente al sinnúmero de publicaciones, mensajes y cadenas en redes sociales que no solo son falsas, sino que traen implícitos discursos de odio, agresividad y polarización. El fenómeno no es nuevo y, si bien cada vez son más sofisticadas las formas de desinformación y manipulación, estas elecciones están marcadas por un hecho que se reavivó con crudeza: la violencia política.
Transversales a la discusión se encuentran plataformas del calibre de Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp que, pese a estar pensadas como escenarios de comunicación, interacción y debate, han terminado permeadas por la intolerancia y la tergiversación, lo que supone réditos electorales, pero conlleva también hechos violentos.
No hay que ir muy lejos para encontrar evidencias de este coctel nocivo. Antes de su homicidio, Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), alertó a través de Facebook por “comentarios irresponsables” de los seguidores de otras campañas, que vaticinaban que su triunfo supondría el regreso del paramilitarismo, el auge de multinacionales y hasta el despojo de tierras. “Esto puede tener consecuencias para mí, incluso fatales”, dijo. El vaticinio se cumplió y a principios de mes fue asesinada.
Aunque no se puede atribuir su crimen a la mera divulgación de información falsa, esto permite dimensionar el efecto creciente que tienen las redes sociales, más allá de la pérdida de elecciones. “Las amenazas, la estigmatización y la divulgación de contenido descontextualizado o exagerado plantean problemas para la seguridad de los candidatos. La desinformación en estas elecciones —a diferencia de las de Congreso o Presidencia— no tiene una escala nacional, sino muy local, entonces no es tan visible la dimensión del fenómeno”, asegura Fabián Hernández, investigador de medios y redes de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Este tipo de situaciones, sumadas al uso indebido de datos personales de los usuarios con fines de propaganda política, como quedó en evidencia con creces en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, ha llevado a que aplicaciones como Facebook endurezcan sus políticas, aumenten los filtros y hagan frente de forma decidida a la desinformación en época electoral.
Precisamente, la plataforma ideada por Mark Zuckerberg tiene una marcada relevancia frente a otras aplicaciones, pues no solo congrega en Colombia a 31 millones de usuarios (64 % de la población), sino que su conglomerado empresarial abarca otras redes, como Instagram y Whatsapp. De allí que su responsabilidad sea mayor para evitar casos de fraude, manipulación o constreñimiento en las urnas.
“Anteriormente, nuestro énfasis no estaba necesariamente orientado a proteger la integridad de una elección, sino dirigido a fomentar la participación ciudadana e impulsar la interacción. Sin embargo, la empresa cambió y aprendió de una manera dura y difícil. Ya no tenemos el Facebook que teníamos en 2016”, admite Diego Bassante, jefe de política pública de la red social para la región Andina.
Según la compañía, actualmente cuentan con recursos humanos y técnicos netamente enfocados en procesos electorales, que abarcan la protección de datos y ciberseguridad, liderados por especialistas en contenido, politólogos y abogados y a cargo de hacer un monitoreo constante para proteger la integridad de la elección y mitigar cualquier tipo de abuso. A ello se suma un refuerzo en sus políticas y normas de uso, que permite, entre otras cosas, remover información que tenga la intención de disuadir o evitar que las personas voten.
En el caso de los comicios de octubre próximo, Facebook ideó una estrategia para que, además de evitar la divulgación de información falsa, haya mayor transparencia en la publicidad política y se impulse la democracia. Todo esto de la mano de aliados informativos como la plataforma Colombiacheck, que comprueba hechos y datos en la red, y autoridades electorales como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lo que se ha visto hasta ahora, indica Pablo Medina, director de Colombiacheck, son montajes, encuestas falsas para perfilar candidatos e investigaciones ficticias sobre delitos o irregularidades, contenidos que “generalmente son compartidos en grupos cerrados de Facebook, lo que dificulta su rastreo”.
De acuerdo con Marcos Tourinho, gerente de elecciones de Facebook para América Latina, en Colombia se trabaja con sistemas automatizados y de verificación humana para remover cuentas falsas. “La gran mayoría de estas cuentas (el 99,6 %) son eliminadas antes de que sean reportadas o realicen una publicación”, argumenta.
En segundo lugar, la red gestó una serie de distintivos en las publicaciones que permiten identificar la publicidad electoral. Esta herramienta refleja quién financió el anuncio, cuánto costó y a qué público llegó, información que permanece disponible por siete años. Sin embargo, Tourinho advierte que es iniciativa de los mismos candidatos y partidos usarla. “Facebook no va a obligar a los partidos para que den transparencia a sus datos. En Brasil, por ejemplo, las autoridades obligaron a los partidos por un compromiso ético”, agrega.
Adicionalmente se firmó un memorando de cooperación con la Registraduría y el CNE que permite tener canales directos para eliminar contenidos que violen las leyes colombianas, pues “Facebook, como compañía privada, no puede decir qué es legal o no”, dice el gerente de elecciones.
Finalmente, se creará un centro de operaciones electorales, con sede en California (Estados Unidos), para garantizar un menor tiempo de respuesta a cualquier situación que pueda ocurrir días antes de elecciones. “Es la primera vez que una elección local en el mundo va a tener este centro. Generalmente, lo hacemos para elecciones muy grandes, como las presidenciales”, precisa Tourinho.
Si bien se destacan los esfuerzos de este tipo de plataformas en materia de prevención, chequeo y capacitación para tener unas elecciones transparentes, es también tarea del Estado colombiano procurar la vigilancia con mayor detenimiento de los contenidos y mensajes que circulan en redes, sin que ello implique limitar la libertad de expresión. El desafío es hacer frente al fraude y la incitación a la violencia, todo en favor de la transparencia.
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