En otras palabras, quieren que a ellas y a los partidos o movimientos políticos que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz, se les asigne directamente un número de curules en el Congreso y también en asambleas y concejos. ¿Cómo? Creando una circunscripción especial de paz. ¿Cuántas? Depende de lo que se acuerde en los diálogos Gobierno-Farc.
“En el evento de la firma de un tratado de paz, se proveerán los cambios institucionales excepcionales y transitorios que se requieran, para garantizar la participación directa en el Poder Legislativo, en las asambleas departamentales y en los concejos municipales durante los períodos que se determinen. Los cambios institucionales incluyen la eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento que pueda afectar el pleno ejercicio de cualquiera de esas investiduras por parte de los integrantes de las organizaciones guerrilleras”.
Una propuesta polémica, sin duda, pues la principal talanquera que tienen hoy los jefes guerrilleros para participar en política está consignada en la Constitución, que dice que no podrán hacerlo quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y si la esperanza para abrir la puerta es el Marco Jurídico para la Paz, si bien este establece que una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político, al mismo tiempo aclara que “no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistémica, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por ese delito”.
Pero además, en los cambios que proponen las Farc para su tránsito a la política, hablan también de garantías reales y materiales y derechos políticos a todos los integrantes de las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, incluidos los presos políticos y los prisioneros de guerra. Y quieren que el nuevo movimiento político que surja tras su desmovilización cuente con una financiación adicional especial, equivalente al 10% de la financiación estatal total.