La discusión por redes sociales incrementa las preguntas sobre qué está pasando en el sur del Meta con los campesinos, el Ejército y la erradicación de cultivos de uso ilícito. Recientemente, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, y Carlos Antonio Lozada, senador del partido FARC, cruzaron una serie de mensajes por Twitter respecto al asunto. Los trinos arrancaron cuando, en una carta a la opinión pública, la colectividad respaldó a 30 asociaciones campesinas que alegan atropellos por parte de los militares durante operativos de erradicación de uso ilícito en zonas de Parques Nacionales Naturales (PNN).
(Lea: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)
“Durante lo corrido del año se vienen desarrollando una serie de operaciones militares en el Área de Manejo Especial de la Macarena (Amen) y en zonas aledañas a la misma. Según el gobierno nacional, estas operaciones pretenden supuestamente detener la deforestación en los Parques Nacionales Naturales, salvaguardar y recuperar la selva amazónica. No obstante, el resultado de estas incursiones militares en el territorio solo han sido graves violaciones de los derechos humanos un sinfín de militares y civiles heridos, capturas y bienes sustraídos a los campesinos irregularmente, menores de edad puestos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desplazamiento de la población por vías aparentemente legales”, dice el comunicado de las asociaciones campesinas que apoya el partido.
En la carta, los firmantes también cuentan otras situaciones que se desprenden de los hechos mencionados arriba, como manifestaciones, “campesinos heridos con fusil como sucedió el pasado 15 de junio en la vereda Tercer Milenio”, y señalamientos “por parte del gobernador del Meta y el Gobierno a organizaciones sociales y de derechos humanos sobre un sesgo ante la evidente crisis social que se ha desatado en la región”.
Rechazaron, además, las declaraciones hechas por Zuluaga, “las cuales ponen de manifiesto un supuesto desinterés de las organizaciones defensoras de derechos humanos por la defensa y protección de la vida de los miembros de la Fuerza Pública. Estas afirmaciones no contribuyen a una solución al conflicto que se viene desarrollando en el Amen”, dice la misiva.
(Contexto: Campesinos en el sur de Meta denuncian abusos militares durante procesos de erradicación)
Ante ella, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga respondió: “El sur del Meta no puede volver a ser el epicentro de carteles trasnacionales de la droga, yo me opongo a que eso pase. ¿Usted rechaza que yo diga eso? ¿Usted cuándo va a rechazar que en estos tres meses hayan sido asesinados 13 uniformados de nuestro en la lucha contra los bandidos en esa zona?”.
1. Yo me opongo a que disidencias de las #FARC estén presionando a los campesinos de la zona para obligarles a marchar y a exigir la salida de nuestro Ejército. ¿Usted rechaza que yo diga eso senador @Carlozada_FARC? https://t.co/p4Zw1UVn0w
— Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) June 23, 2020
Más allá de los trinos de respuesta y contrarrespuesta entre Zuluaga y Lozada, el tema de fondo es lo que está pasando en el sur del Meta, en zonas como La Macarena, lugares en los que los campesinos quedan en medio de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para continuar con el negocio del narcotráfico, según le expresó a este diario Zuluaga. El debate se ha centrado en la repetida petición del campesinado, que exige la salida del Ejército para cesar el incremento de la violencia por cuenta de esta situación.
“Hay una disputa por el control territorial de dos grupos delincuenciales: está Gentil Duarte y el grupo denominado la Nueva Marquetalia. Quieren tomar control del sur del Meta, que es donde está el corredor del narcotráfico, que sale por el Río Guayabera, al Guaviare, Orinoco y que llega a Venezuela. Por eso están nuestros militares erradicando cultivos de uso ilícito”, dice el gobernador, mientras recuerda que en lo que va corrido del año van 16 soldados y policías, y 25 civiles asesinados por cuenta del conflicto.
Adhiere que los llamados Grupos Armados Organizados Residuales (Gao) “obligan a los campesinos a que salgan a marchar en contra del Ejército. No es un supuesto mío, sino la información de Inteligencia. Y algunos campesinos nos han dicho que la amenaza es que si no salen a manifestar, deben pagar una multa de 10 millones de pesos. Volvió la extorsión a todo el Ariari. Pero me gustaría que las organizaciones de derechos humanos también se pronuncien sobre la muerte de los soldados, que fue lo que generó molestia en algunos sectores”, dijo.
(También le puede interesar: La erradicación forzada es el último recurso: defensor del Pueblo)
Zuluaga reiteró que la presencia del Ejército “no es un capricho”, sino un mandato constitucional, y que en este tiempo sus miembros han logrado “destruir 24 laboratorios de coca y han logrado desactivar 2.800 minas antipersonal”. Según manifestó, reconoce que para que existan los cultivos de coca hay, de fondo, un problema estructural de inequidades sociales y acceso a la economía, por cuenta del abandono del Estado.
Dice que es defensor del Acuerdo de Paz, pero que su posición como gobernador es “que no se puede ir el Ejército de la zona mientras se resuelve ese problema estructural, porque es un tema de seguridad nacional y desde el Meta no podemos solucionar un fenómeno de 60 años”, afirmó.
Mientras se mantiene en esa postura, el senador Lozada repitió que es claro que son varias las problemáticas que aquejan al sur del Meta, entre ellas la presencia de campesinos en los Parques Naturales Nacionales -que es zona de conservación-, y a la par los cultivos de coca. Sin embargo, aseguró que ingresar militares para solucionar la siembra de la hoja sigue siendo una visión “simplista” del asunto. “La gente cultiva coca porque no tiene nada más, y lo sabemos porque vimos de primera mano esa realidad. No hay carreteras, no hay subsidios, no hay otras posibilidades. Si el Estado solo llega en forma de militar, la gente sale a rechazarlo”, pronunció.
Ahora, su insistencia está en que, además, considera irresponsable las declaraciones del gobernador porque, a su juicio, pone en riesgo a los habitantes de la región que reclaman un tratamiento no violento por parte de los militares: “Cuando el señor Zuluaga sale a decir que los defensores de derechos humanos no condenan la muerte de los soldados, le pone una lápida encima a esas organizaciones. Sus palabras condenan y estigmatizan a los campesinos. Sabemos que el gobernador no puede sacar al Ejército de allá, pero sí puede pedir que se suspendan los operativos y se ponga en el centro de la discusión la situación de los campesinos”, dijo Lozada.
Según contó el gobernador Zuluaga, ha conversado con Parques Naturales y Corpomacarena para que, en conjunto con su administración, construyan una bolsa de recursos y les lleguen a los campesinos con alternativas. “Es una propuesta, pero no nos hemos podido sentar con ellos porque insisten en que primero se debe ir el Ejército. Pero no se puede porque si se inunda de coca, esos grupos ilegales se van a fortalecer y acá van a haber otros 50 años de guerra”.
(Lea también: ¿Dónde está la plata de la pandemia?: el reclamo de la oposición a Iván Duque)
Una visión no tan distante de la que tiene el senador Lozada, pues él también insiste en que debe establecerse una mesa de diálogo entre el gobierno local, nacional y las asociaciones campesinas. Tanto así que expuso que su partido y él mismo están dispuestos a mediar en ese espacio.
“Si el Gobierno Nacional aceptara, nosotros estaríamos dispuestos a mediar, a hacer una mesa de diálogo de la institucionalidad con los campesinos para tratar el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Porque si les cumplieran en ese tema, la cosa sería distinta. Nosotros estamos en la legalidad y hacemos esa petición”, puntualizó Lozada. Dijo, finalmente, que está presto al llamado para aportar a una salida pacífica para que campesinos ni Ejército sufran asesinatos y violencia.