Incluso, se ha dicho que algunas prebendas de las que gozan actualmente los uniformados cambiarían, como el régimen especial de salud que hoy los cobija. Un sistema que, sin que haya ningún acuerdo firmado con las guerrillas, ya se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno, como quedó demostrado en un decreto firmado por los ministros de Hacienda y Defensa, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Pinzón, el pasado 29 de octubre.
El decreto, el 2181 de 2014, terminó reconociendo que el “sistema de Salud de las Fuerzas Militares presenta un desequilibrio presupuestal, por lo que no cuenta con recursos suficientes que permitan financiar su sostenimiento y asegurar la prestación de los servicios de salud de los afiliados y beneficiarios pertenecientes a las Fuerzas Militares”.
También dejó claro que “se hace necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Militares, con el fin de completar las partidas presupuestales insuficientes que viene presentando este subsistema en aras de satisfacer las necesidades de salud de los usuarios”. De tal manera que el Gobierno trasladó recursos de los fondos internos del Ministerio de Defensa —Fuerzas Militares y Fondo de Defensa Nacional— al Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
El salvavidas del Mindefensa al subsistema de salud durará dos años, en los que se ayudará a solventar deudas y necesidades del régimen especial de salud. Sin embargo, el dinero que le sea prestado al Fondo Cuenta será restituido por parte de la misma entidad “dentro de los ocho años siguientes, sin que haya lugar a tasación de interés alguno”, dice el decreto.
Como todavía no está claro a cuánto ascenderá la transacción entre ambas entidades, el decreto expedido por el Gobierno contempla que “para el cumplimiento de lo previsto en este decreto el Ministerio de Defensa Nacional —Fuerzas Militares— y la Dirección General de Sanidad Militar expedirán los actos administrativos con las operaciones presupuestales a que haya lugar conforme a las normas legales vigentes”.
Así las cosas, está claro que el Estado está pasando las duras para solventar los privilegios que tienen los militares y sus familias en materia de salud. Beneficios que, muchos dicen, son merecidos por quienes han portado el uniforme de las FF. MM. y que, otros sostienen, no se compadecen con la realidad financiera de las instituciones y no son equiparables con el derecho a la salud que perciben los demás colombianos.
Por Redacción Política
