Desde el nacimiento de las Farc, hace 50 años, hasta el presente, nunca se había reunido un grupo de militares activos con una delegación de la insurgencia para tratar asuntos de paz. El pasado viernes 22 de agosto se dio ese encuentro histórico, al ser instalada una subcomisión técnica que se encargará de abordar tres aspectos cruciales: el cese del fuego y de hostilidades bilateral, la dejación de armas y la desmovilización de combatientes. Lo que apenas trasciende ahora es que el grupo de siete oficiales de las Fuerzas Armadas que estuvo en La Habana, estuvo tres años preparándose para enfrentar esa discusión.
Por el sigilo con que se concibió el proceso de paz, la capacitación de los uniformados para una eventual fase de posconflicto se adelantó en absoluto secreto. Sin embargo, no llegaron a La Habana a improvisar. Además de ser curtidos oficiales en los campos de batalla y acciones de inteligencia, han estudiado al menos 30 procesos de paz en el mundo para conocer sus experiencias en desmovilización y cese del fuego y de hostilidades. Es decir, saben hacer la guerra, conocen en detalle a su enemigo y ahora serán determinantes para concretar el punto decisivo de la agenda de diálogo: el fin del conflicto.
En este selecto grupo de oficiales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía se advierte otro aspecto que los une a la empresa clave del gobierno Santos. Desde que el actual mandatario ejercía como ministro de Defensa, en el gobierno de Álvaro Uribe, fueron determinantes para propinar a las Farc los golpes más fuertes de los últimos tiempos. Empezando por la Operación Jaque, de julio de 2008. Cuando Santos asumió como presidente en 2010, también cumplieron roles importantes en las operaciones Sodoma, en la que cayó alias el Mono Jojoy, y Odiseo, en la que murió alias Alfonso Cano.
Al mismo tiempo, cuando el actual comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, eran viceministros de Santos en la administración Uribe, los oficiales que ahora estuvieron en La Habana, junto a otros uniformados, comenzaron a desarrollar una labor decisiva: la reingeniería de la Fuerza Pública en materia de derechos humanos. En el fondo, el entonces ministro Santos estaba convencido de que todo conflicto armado sin vencedores ni vencidos termina en una mesa de negociación y que después de la ofensiva del Estado las condiciones eran viables para iniciar un proceso de paz.
Una vez posesionado Juan Manuel Santos como jefe de Estado, cuando advirtió que las llaves de la paz no estaban en el fondo del mar, tenía claro que la historia del conflicto con las Farc se había transformado. Movilidad, tecnología, inteligencia y poder económico modificaron el ajedrez de la guerra. Sobre todo en el campo aéreo, que se convirtió en el factor que cambió la confrontación. Sin embargo, por la geografía colombiana y las dinámicas de la violencia, el conflicto podía volverse interminable. Por eso, con unas Fuerzas Armadas avanzando, era el momento adecuado de una negociación de paz.
El próximo martes 26 de agosto se cumplen dos años de la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, inicio formal del actual proceso de La Habana. Antes se trabajó durante seis meses en encuentros exploratorios. Desde ese momento ya estaba claro para el Gobierno que más temprano que tarde iban a llegar los militares activos a la mesa de diálogos. En el tercer punto de la agenda del Acuerdo General se consignaron los aspectos sustanciales para el fin del conflicto y era obvio que para este momento tenían que estar los militares.
En otras palabras, nada de lo que hoy sucede es producto del azar o de los vaivenes de la política. En las Fuerzas Armadas, sus más altos oficiales están enterados al detalle de lo que está sucediendo en Cuba. No solamente porque en la mesa de diálogos dos integrantes —el general (r) Jorge Enrique Mora y el general (r) Óscar Naranjo— provienen de sus propias filas, sino porque existe un plan de trabajo con metas y estudios específicos. El Espectador conoció incluso que a nivel muy restringido se habla del “Comando Estratégico de Transición”, como preparación al posconflicto.
Es tan metódico el asunto, que quienes participan en esta iniciativa han viajado a varios países que sufrieron los rigores de la guerra para conocer de primera mano cómo se dio el paso a la paz. Dichas comisiones se han entrevistado con excombatientes y militares, de quienes han recibido testimonio sobre la manera en que se empezaron a organizar para la reconciliación y la convivencia pacífica. Ellos saben que la convicción del gobierno Santos para negociar el fin de la guerra es indeclinable y que la de las Fuerzas Armadas en un Estado democrático y civilista no puede ser distinta que acatar sus directrices.
No se trata de afectar ni reducir la composición de las instituciones militares, sino de prepararlas para un escenario diferentes al que vive el país. La protección de la soberanía, la preservación de sus recursos naturales y otros retos requieren, según fuentes consultadas, de “unas Fuerzas Armadas para el desarrollo”. Entre otros aspectos, porque se busca capitalizar la experiencia que ostentan los ingenieros militares y otros profesionales técnicos en la construcción de obras civiles y otros trabajos similares. No es renunciar a la seguridad, sino enmarcarla en un concepto de integración con la sociedad.
Otro tanto sucede con el anunciado Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Aunque entre los reservistas de la Policía e incluso algunos activos que no pueden pronunciarse existe una evidente resistencia, e incluso se teme que la llamada reintegración se convierta en la vinculación de desmovilizados de la guerrilla a la Policía, el objetivo encaja dentro de los planes de la transición hacia la paz. Eso explica la creación de la figura del ministro consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, que desarrollará el general (r) Óscar Naranjo, también negociador en La Habana.
Es decir, la presencia en La Habana de siete oficiales de las Fuerzas Armadas no es coyuntural. Con orientación directa del presidente Santos, el apoyo clave de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; la iniciativa de su comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y demás integrantes de la delegación del Gobierno, llegó la hora de que la subcomisión técnica empiece a desarrollar los objetivos trazados. Con ellos, tres civiles expertos: la directora jurídica del alto comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes; el asesor Alejandro Reyes y el director de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, César Restrepo.
Lo demás es el necesario debate político que rodea esta decisión histórica. La bancada del Centro Democrático, por ejemplo, cree que la presencia de los militares en La Habana es igualar las fuerzas legítimas del Estado con las fuerzas terroristas al margen de la ley y que pensar en un cese el fuego bilateral es ir en contra de la Constitución y paralizar a las Fuerzas Militares. En contraste, el presidente Santos sostuvo que nada enaltece más a los miembros de las Fuerzas Armadas, y nada más exalta su dignidad, que se escuche su voz en un momento tan definitivo como es la culminación de la guerra donde ellos estuvieron poniendo el pecho.
Es claro que la preocupación principal de los militares es el tema de la justicia, es decir, cómo van a quedar sus cuentas judiciales respecto a las de la guerrilla. El presidente Santos ha reiterado una y otra vez que lo que se conceda a la insurgencia también se les dará a los militares. En su momento, con el concurso del Congreso y la sociedad colombiana, se tomarán las decisiones correspondientes. Entre tanto, lo que hoy está más claro que nunca es que serán los militares y los policías los encargados de agilizar la discusión del fin del conflicto armado y de concretar el tramo final del proceso de paz.
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Por María del Rosario Arrázola, Alfredo Molano Jimeno
