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Desde que el proyecto de ley estatutaria que regiría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó al Congreso de la República, a finales de septiembre del 2017, quedó claro que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, sería un jugador determinante en el debate. En varias de las largas sesiones que adelantaron las comisiones primeras conjuntas en el Capitolio, Martínez sentó posiciones contundentes, que fueron secundadas por Cambio Radical, que, por esas fechas, empezaba a marcar distancia del gobierno de Juan Manuel Santos, al considerar que la JEP “premiaba de manera significativa y desequilibrada” a los miembros de la exguerrilla de las Farc.
El tema de los reinsertados después de la firma del Acuerdo de Paz, los desertores, los disidentes o los delitos que quedarían estrechamente ligados a la dejación de armas fueron algunos de los que estuvieron en la agenda del jefe del ente acusador y que obligaron, en varias ocasiones, al entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, a sortear las críticas para defender la integridad de lo que daría las herramientas para que la JEP entrara en funcionamiento.
“Buenos linderos hacen buenos vecinos, y en esta estatutaria lo que estamos definiendo son los linderos entre la jurisdicción de transición y la jurisdicción ordinaria. Tenemos que poner bien las estacas para que no se corran y se generen dificultades en el vecindario”. Así resumía Martínez, durante sus intervenciones, el papel que debía jugar la ley estatutaria, como previendo lo que pasaría meses después, cuando la JEP se puso en marcha. Y así, prediciendo ese futuro, han sido varios los episodios en los que esa jurisdicción especial y la ordinaria se han “pisado las mangueras”.
La tropezada relación llegó a un punto álgido con la orden de captura, el pasado 9 de abril, en contra del líder exguerrillero Jesús Santrich, quien fue pedido en extradición por un juez en los Estados Unidos, por, presuntamente, tener participación en la salida de 10 toneladas de cocaína hacia ese país. En ese caso, aún no hay nada claro y la JEP tendría en su poder, desde el pasado primero de octubre, las pruebas con las que evaluará si la conducta por la que se acusa a Santrich ocurrió antes o después de la firma del Acuerdo de Paz.
Lo que puso en evidencia la “mala relación” entre la Fiscalía y la JEP sucedió hacia las 9:00 de la mañana del 6 de octubre pasado, cuando un agente de la Policía Judicial llegó a las instalaciones del tribunal especial con una orden para revisar el expediente ‘Caso 001’, sobre secuestro. Pidió copia del proceso y, sobre las 3:00 de la tarde, abandonó el sitio. Evidentemente molesta, Patricia Linares, presidenta de la JEP, llamó a Martínez, quien, sorprendido, suspendió el procedimiento y le ordenó al funcionario devolver la copia del expediente.
Ese hecho fue considerado por la JEP como una “intromisión indebida” y fue lo que, finalmente, prendió las alarmas en las comisiones de paz del Congreso, que tomaron la decisión de mediar en la relación entre las jurisdicciones y convocaron a una sesión reservada que, con evidente éxito, se desarrolló ayer en el Capitolio. No había dudas, como lo dijo el senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión, que había demasiadas fricciones entre ambas instituciones, por lo que urgía discutir en privado sobre esas diferencias y sobre cuáles eras las modificaciones que se necesitaban a nivel legal y constitucional para evitar al máximo los llamados “choques de trenes”, que, sin embargo, han sido negados por parte y parte.
De este primer encuentro, en el que, además del fiscal y la presidenta de la JEP también estuvieron el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el alto consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila; la ministra de Justicia, Gloria Borrero; y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, salieron algunos puntos gruesos que serán tratados en las diferentes mesas técnicas que el Gobierno Nacional anunció para limar las asperezas.
Uno de esos fue la propuesta de Néstor Humberto Martínez de que los terceros involucrados en el conflicto vayan directamente a la JEP y no tengan que pasar antes por la justicia ordinaria, considerando que podría haber un desgaste si, antes de ser condenados, estos podrían decidir de manera voluntaria someterse a la jurisdicción de paz. “Esa es una mala arquitectura y nosotros hemos propuesto que se vuelva al diseño inicial, porque hacer investigaciones para que cuando los imputemos pidan irse a la JEP es un derroche de jurisdicción, una pérdida en la justicia y no le hace bien al sistema”, explicó.
Por su parte, Linares celebró la disposición del Gobierno Nacional para colaborar en la reintegración de los excombatientes y la consolidación del sistema de justicia: “Acordamos homogenizar el lenguaje y las comunicaciones para que la ciudadanía y las víctimas tengan tranquilidad. Que sepan que, a pesar de las diferencias, caminamos el mismo camino y aspiramos a llegar al mismo propósito”. No obstante, advirtió que en las mesas técnicas no se tratará sobre ningún caso en específico. Públicamente, Linares y Martínez no reconocieron fricciones ni institucionales ni personales y, a juzgar por las opiniones de varios de los congresistas que integran las comisiones de paz de Cámara y Senado, lo que sucedió en el primer encuentro trae buena cara.
“Todos han reconocido la mediación de la Comisión de Paz y lo que queremos es que todas las cosas, que de pronto parecen enfrentamientos, simplemente se limen”, comentó la senadora Aída Avella, de los Decentes, dejando claro que el camino es largo y que la fortaleza de esa relación será medida en las acciones próximas que se avecinan, como la posición de la JEP frente al caso Santrich y el desarrollo de los procesos que cursan en la Fiscalía contra exfuncionarios de dicho tribunal por la autorización a exguerrilleros para salir del país.
Por El Espectador
