En su aplaudido discurso en Davos hace unas semanas, el primer ministro de Canadá Mark Carney, mencionó algo esencial: la seguridad alimentaria es un asunto de seguridad nacional. “Un país que no puede alimentarse a sí mismo… tiene muy pocas opciones. Cuando las reglas no te protegen, tienes que protegerte a ti mismo”, dijo Carney en su intervención.
La afirmación no podría llegar en mejor momento. Las dinámicas geopolíticas y la guerra de aranceles están afectando directamente el abastecimiento de alimentos a nivel global. Estas afectaciones se pueden dar por perturbaciones en los costos de importación de alimentos o de insumos para la producción de los mismos, lo que en últimas pone en riesgo la seguridad alimentaria de los países.
Estados Unidos ha realizado numerosos ajustes a los aranceles del comercio con Colombia, y más recientemente la imposición de un arancel de 30% a las importaciones de Colombia a Ecuador constituye una gran amenaza, no solo para los temas energéticos, que ha concentrado el debate, sino también para el abastecimiento y comercio de alimentos.
Aunque Colombia produce la gran mayoría de alimentos frescos como frutas y verduras, es dependiente de importaciones en varios sectores. El país importa la gran mayoría de granos: trigo para la elaboración de pasta y pan, y maíz y soya que en su mayoría se usan para la industria porcícola y avícola. El país es también dependiente de insumos agropecuarios como fertilizantes. Hace tres años con la guerra en Ucrania, Colombia y el mundo sufrieron una escasez de fertilizantes, que no solo ocasionó una gran incertidumbre, sino también un incremento significativo en el precio de los alimentos.
Las complejidades geopolíticas se tienen que navegar en un contexto nacional en el que el 25,5 % de la población se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o grave y 5 % en inseguridad alimentaria grave. Esto corresponde a 14,4 millones y a 2,7 millones de personas respectivamente. Más allá de los números, hay familias que luchan y sufren por conseguir alimentos, personas que pasan días sin poder alimentarse, comunidades, que afectadas por la violencia, no pueden acceder a los alimentos porque están en situación de desplazamiento, niños y niñas que están desnutridos.
En Colombia, la inseguridad alimentaria a nivel nacional viene disminuyendo a paso muy lento. Aún más preocupante es que la inseguridad alimentaria en las zonas rurales va en aumento, como se observa en la gráfica.
Entre 2023 y 2024, los mayores avances en la reducción de la inseguridad alimentaria se registraron en Arauca (-9,9 %), Meta (-7,7 %) y Bogotá (-7,3 %). Sin embargo, en ese mismo periodo se observaron aumentos significativos de la inseguridad alimentaria en Chocó (+17,4 %), Córdoba (+17 %) y Vichada (+11,7 %).
En los últimos cuatro años se han registrado importantes avances legislativos y de política pública. La consagración del derecho humano a la alimentación y el reconocimiento del campesinado en la Constitución, así como el reconocimiento de Territorios Campesinos Agroalimentarios, entre otros. Sin embargo, estos avances normativos, no se han convertido en mejores resultados para la seguridad alimentaria.
Colombia tiene que enfrentar estos desafíos, no solo en un contexto geopolítico turbulento, sino con más amenazas a la seguridad alimentaria: la crisis climática, como lo estamos viendo estos días en la región Caribe, y las dinámicas del conflicto territorial que en muchas regiones está ocasionando confinamientos y desplazamiento forzoso de comunidades enteras, una crisis humanitaria en general.
Las rápidas transformaciones geopolíticas y la incertidumbre global son un llamado urgente a que Colombia priorice la agenda de seguridad alimentaria en los próximos cuatro años.
*Los autores son profesores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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Por Felipe Roa-Clavijo, Escuela de Gobierno de Los Andes
