Han pasado seis años desde que doña Leonor se despertó con la angustia de la madrugada para darse cuenta de que Arturo, su hijo menor, no había regresado a casa. Nunca más lo haría y desde entonces, a pesar de los achaques de la edad, se ha negado a dejarse vencer por la ausencia y ha recorrido medio país buscándolo. Presiente en su amor de madre que no lo encontrará con vida, pero más allá de esa dolorosa certeza, lo que quiere es darle una última bendición y cristiana sepultura.
Es lo mínimo que piden los familiares de los miles de desaparecidos en Colombia. “Tenemos documentados 9.000 pero se habla de 15.000, porque hay gente que no denuncia por miedo”, dice Gloria Gómez, coordinadora general de Asfaddes, la asociación de familiares de detenidos-desaparecidos. Una realidad a la que el país apenas comienza a asomarse horrorizado con las confesiones de los paramilitares desmovilizados dentro de la Ley de Justicia y Paz, pero sobre la que se mantienen las sombras frente a los crímenes de los grupos guerrilleros, el narcotráfico y los mismos organismos del Estado.
Las cifras son aterradoras. Según el reporte más reciente de la Fiscalía, entre 2006 y 2008 (con corte a febrero 12) y sólo dentro de la Ley de justicia y Paz, se habían encontrado 1.054 fosas comunes en todo el territorio nacional –con 1.251 cuerpos–, de los cuales se habían identificado y entregado a sus familiares apenas 124. Los departamentos donde se han encontrado más cadáveres son Putumayo, Magdalena, Córdoba, Antioquia y Meta.
Todo parece indicar que lo descubierto hasta ahora sólo es la punta del iceberg. En enero de 2007, el fiscal Mario Iguarán hablaba de que gracias a las declaraciones de los desmovilizados de las Auc, se tenían localizadas 4.000 fosas comunes. Seis meses después, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR–, advirtió que por lo menos unos 10.000 cuerpos de víctimas de paramilitares y guerrilleros podrían estar sepultados en distintas zonas del país.
Sin embargo, todo parece haberse quedado en simples cifras y los familiares de esas miles de víctimas siguen en el limbo. Es en este contexto que la senadora Gina Parody pondrá a consideración del Congreso –desde el próximo martes– una denominada “Ley de fosas”, que busca adoptar medidas para lograr la plena identificación de las víctimas enterradas en esos cementerios clandestinos y brindarles un entierro digno.
Y dentro de lo que plantea la Ley hay un tema bien polémico: declarar camposanto aquellos territorios donde se presuma la existencia de fosas comunes y que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte difícil realizar exhumaciones. “En aquellos lugares que se declaren camposanto, se erigirá por parte de las autoridades departamentales un monumento en honor a las víctimas”, aclara la iniciativa.
Para Gloria Gómez, de Asfaddes, pensar en declarar camposanto las zonas de difícil acceso “es una manera de dejar en el olvido los crímenes”. La preocupación de los familiares de desaparecidos es que hoy en día se habla de fosas comunes sólo porque hay beneficios para los victimarios. “El Estado sólo busca mostrar resultados de su Ley de Justicia y Paz. ¿Y nuestros desaparecidos? ¿Quién se los llevó? ¿Por qué? ¿Dónde están? La verdad es que no están buscando a los desaparecidos sino sacando cuerpos de masacres o de combatientes que ya se sabía dónde estaban”, enfatizó.
La queja de Asfaddes es que los desaparecidos se han convertido en una simple cifra y para el Estado no tienen rostro. Dicen que ni la Fiscalía ni los demás organismos involucrados en la exhumación de cadáveres están cumpliendo con los requerimientos mínimos del denominado Plan de Búsqueda, adoptado en 2006. Dicha estrategia implica cinco pasos: documentación (saber a quién se busca), búsqueda, hallazgo, identificación y entrega a sus familiares.
“No hay el suficiente personal técnico y científico, no hay materiales, ni antropólogos ni odontólogos forenses. No hay con quién cotejar, porque ni siquiera saben dónde están los familiares. Lo que están haciendo es sacar huesos de un hueco para meterlos a una bodega en la Fiscalía, que por cierto ha dicho que ya no tiene dónde meter más restos”, denunció Gómez.
Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, cree que declarar camposanto las zonas de difícil acceso donde haya fosas comunes sería positivo siempre y cuando ello signifique protección. “Si es una especie de protección cautelar en relación con determinados sitios, es una buena opción. Así se evitaría lo que ha pasado en algunos lugares, que vuelven los guerrilleros y paramilitares a desenterrar las víctimas para ocultar los crímenes”, acotó.
Para el representante a la Cámara por Putumayo, Guillermo Rivera, lo que preocupa es la velocidad con que se están exhumando cementerios clandestinos, sin tener en cuenta la pérdida de evidencias. “Hay muchos vacíos en los procedimientos y las experiencias de países como Yugoslavia indican que hay que tener una información previa antes de la exhumación, hacer primero un mapeo de los cementerios, identificar y asegurar el sitio”. Rivera confirmó que en el Putumayo, uno de los departamentos donde se han encontrado más cadáveres, se tiene información de que las Farc quieren eliminar evidencias.
El congresista propone crear un “Estatuto de búsqueda de desaparecidos”, que les dé orden y responsabilidades definidas a todos los entes involucrados en el tema. Según explicó, la Fiscalía tiene dos divisiones que de manera independiente hacen exhumaciones: la Unidad de Derechos Humanos y la de Justicia y Paz. Y se conoce también de procedimientos realizados por la Dijín de la Policía.
Banco genético
La Ley de fosas de Gina Parody propone también la creación de un banco de datos genéticos de desaparecidos –dirigido y coordinado por el Instituto de Medicina Legal– tomando el ejemplo de Argentina, que en 1987 creó una entidad similar para esclarecer las identidades de las víctimas y de los niños desaparecidos durante la dictadura militar.
“El banco deberá organizar, procesar e ingresar al sistema de información los perfiles genéticos obtenidos de las muestras de referencia de los familiares, en primer grado, de las víctimas presuntamente enterradas en fosas comunes quienes, de manera voluntaria, podrán depositar muestras de sangre o saliva para facilitar la identificación. El procedimiento será gratuito”, dice.
La idea no es nueva. A mediados del año pasado, Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, había planteado también la creación “urgente” de una base de datos para facilitar la identificación de los restos de desaparecidos. En este sentido, habló también de crear un banco genético con el ADN de víctimas y familiares. El problema es que, según Medicina Legal, hacerle el estudio genético a una persona cuesta cerca de $1’500.000.
En 2006, la Vicepresidencia de la República anunció igualmente un proyecto de identificación de restos óseos recuperados en fosas comunes, con una partida cercana a los $2.000 millones y que implicaba comisiones judiciales especiales que irían a las zonas donde presuntamente hay cementerios clandestinos, al igual que la modernización de algunas morgues regionales y del laboratorio de antropología forense de Medicina Legal. Los recursos para llevar a cabo todo esto provendrían en su gran mayoría de la ayuda internacional.
Máximo Alberto Duque, en ese entonces director de Medicina Legal, dijo incluso que ya se tenía el hardware y algunos equipos para organizar el registro único de desaparecidos y que se esperaba que en el transcurso de 2007 se estuviera trabajando para “desenterrar” la verdad de las fosas comunes.
Cifras, proyectos y lo único cierto hasta ahora es que los familiares de desaparecidos siguen en un duelo perpetuo. Claman por la aparición de sus seres queridos, por el que los miles de restos hallados en fosas comunes tengan un nombre y un rostro. Gina Parody dice que es el momento de legislar para las víctimas. Y Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes, sentencia: “Como están las cosas, va tocar declarar a toda Colombia como camposanto”.
“Vamos a legislar para las víctimas”
La senadora Gina Parody dice que llegó el momento de legislar para las víctimas y defendió sus propuestas incluidas en la Ley de fosas.
¿Por qué una Ley de fosas?
Porque tenemos que lograr consolidar en Colombia el derecho a la memoria.
El proyecto propone declarar camposanto las zonas de difícil acceso donde se presume haya fosas comunes. ¿No sería eso una manera de dejar en el olvido los crímenes?
Esta sería la excepción y no la regla. Es de todos conocido que algunas partes de nuestra geografía son de difícil acceso, zonas selváticas, zonas montañosas. Que le pregunten a la Defensa Civil o la Cruz Roja. El mejor ejemplo es Armero o Villatina, donde fue imposible rescatar los cuerpos. La declaratoria de camposanto sólo se haría en aquellos lugares donde resulte imposible desenterrar los cuerpos por causas de la naturaleza o porque resulte difícil localizarlos y se presuma de la existencia de fosas.
Asfaddes dice que se están sacando restos para mostrar cifras y resultados de la Ley de Justicia y Paz...
Esta afirmación tendría fundamento si las cifras mostradas hasta el momento fueran alentadoras, pero la Fiscalía maneja cifras de exhumaciones y de identificación de cadáveres aún muy lejos de lo que queremos. Si tenemos en cuenta que Asfaddes maneja una cifra de 15.000 colombianos enterrados en fosas comunes y que, tras casi dos años de expedida la ley de justicia y paz, sólo se han exhumado 1.251 cuerpos, tardaríamos con este ritmo más de 20 años en desenterrar a todos nuestros muertos.
¿Cree que se están cumpliendo los protocolos para hacer exhumaciones?
El Instituto de Medicina Legal elaboró un protocolo para realizar las exhumaciones que ha sido elogiado por autoridades internacionales dada su calidad, protocolo que deben cumplir todos los funcionarios de Policía Judicial que realicen exhumaciones, inclusive los funcionarios del CTI, que apoyan a los 11 fiscales que en el momento cumplen esta labor en todo el país.
La Vicepresidencia había anunciado, hace dos años, la creación del banco genético del que usted habla ahora, ¿qué pasó con esa intención?
Está siendo propuesta en el proyecto. Lo importante es hacerla realidad y garantizar su funcionamiento.
Por Hugo García Segura
