Fracaso anticorrupción: ¿qué queda vivo del paquete radicado por el Gobierno?

Después de que una gran parte del país despertó del sueño de la victoria de Colombia ante Catar, el miércoles en la Copa América de Brasil, la noticia con la que se encontró fue que se había hundido en el Congreso de la República el proyecto de ley que eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. A la iniciativa, que recogía varios elementos de uno de los puntos de la consulta anticorrupción que se votó en agosto de 2018, solo le faltaba la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes —pues en ambas corporaciones se habían aprobado textos distintos— para pasar a la sanción presidencial y convertirse en ley. Sin embargo, una maraña de hechos a los que aún hoy muchos les buscan lógica embolató la iniciativa, que terminó sepultada.

En el Senado le echan la culpa a la Cámara, en la Cámara señalan a la mesa directiva del Senado. Incluso, la sesión plenaria del jueves fue una seguidilla de defensas por parte de los representantes, quienes le reclamaron a Ernesto Macías, presidente del Senado, su responsabilidad por el hundimiento del proyecto e hicieron la defensa de su honor al considerar que esa corporación había hecho una digna labor al servicio de los colombianos con la discusión y aprobación de proyectos de ley. De hecho, las felicitaciones a la gestión de Alejandro Carlos Chacón por su gestión en la presidencia de la Cámara fueron repetitivas.

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Lo cierto es que hubo un enredo o lo hicieron parecer así. Hubo un falso conciliador, que fue Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, quien hizo todo el trabajo de empalme de los textos diferentes junto al senador Germán Varón, de Cambio Radical, quien había sido designado como conciliador por parte del Senado. Pero al momento de firmar los papeles, Vallejo se percató de que no era el conciliador para esa iniciativa, sino que quien debía hacer esa labor por parte de la Cámara era Jairo Cristo, también de Cambio Radical, lo que, además, motivó un reclamo por parte del representante uribista a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por haberle pedido que fuera a firmar la conciliación y una disculpa que llegó por parte de la ministra al final de la tarde en la plenaria de la Cámara. 

En palabras castizas, los cogió el tiempo, y cuando Cristo se comunicó con Varón para definir la conciliación, la plenaria de la Cámara ya se había levantado y era imposible que el proyecto se anunciara para ser votado el jueves, como lo obliga el reglamento del Congreso. Y la eliminación del beneficio de casa por cárcel se quedó sin aire porque se cumplieron los dos años con los que cuenta un proyecto para ser aprobado en el Legislativo. 

Por esa misma razón, explicó Germán Navas Talero, representante del Polo Democrático, era inocua la petición de la Alianza Verde al Gobierno Nacional para que convocara a sesiones extras y, con estas, se evacuara la agenda anticorrupción. Chacón —vilipendiado con vehemencia en las redes sociales luego de que se conocieran las fotos de la fiesta en la que estuvo en la noche del miércoles tras el final de su presidencia en la Cámara y celebrando la victoria de Colombia, en compañía del expresidente César Gaviria y algunos senadores, como Lidio García— se defendió en la plenaria, en donde expuso la trazabilidad del trámite. Expresó, lo que es verdad, que ese proyecto había sido aprobado por la Cámara el 19 de junio de 2018, o sea, hace un año, y que fue remitido nuevamente por el Senado de la República hace apenas tres días. Es decir, fue allá donde se demoraron para discutirlo, cuando el trámite arrancó desde 2017.

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“No demoramos ni un día para designar conciliador. Faltando dos días nos remiten el proyecto de ley. Jairo Cristo es designado como conciliador y se le envía por correo electrónico a las 3:43 p.m., mostrando la diligencia que corresponde, sin siquiera haber pasado un día, sin tener las actas del expediente para darle celeridad”, explicó Chacón, quien reclamó al Senado que desde esa corporación no se habían enviado ni las actas ni el expediente necesarios para la conciliación. Ernesto Macías ya le había lanzado pullas a Chacón desde la plenaria del miércoles, cuando se discutía la propuesta de rendición de cuentas de congresistas y otros elegidos por votación popular. “Les quiero decir que el proyecto que impulsó la Fiscalía y que aquí aprobamos el pasado lunes está a punto de hundirse porque nos están pidiendo hasta el tipo de sangre del presidente para poderlo tramitar allá. Es una anotación de pronto odiosa, pero tengo que hacerla porque nos ha llegado una carta pidiendo documentos que son imposibles”, dijo. 

Algo similar sostuvo Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde y segunda vicepresidenta del Senado, en entrevista con El Espectador: “Hay que añadir que, inéditamente, la Cámara exigió cosas que nunca se piden, como actas aprobadas, detalles que no se necesitan. Pidieron más requisitos de los que se requieren (…) aquí hay por lo menos dos errores. Primero, se da confusión si se nombró o no a Vallejo como conciliador. Segundo, que no se nombró a un congresista de la misma comisión que estudió el tema, o sea, como tema penal, debía ser alguien de la Comisión Primera; de lo contrario, se pierde tiempo”. En todo caso, las explicaciones poco pueden hacer por revivir una iniciativa que buscaba eliminar un beneficio al que acuden muchos condenados por corrupción y que genera un fuerte rechazo de la ciudadanía.

¿Qué avances hay en los proyectos anticorrupción?

El 18 de septiembre de 2018, luego de una contundente votación de más de 11’500.000 en la consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque radicó ante el Congreso un paquete de iniciativas que retomaban varios de los puntos por los que los colombianos votaron en las urnas, pero que no recibieron los sufragios necesarios para lograr el umbral y convertirse en mandatos de obligatorio cumplimiento. Nueve meses después, solo una iniciativa ha sido aprobada, las demás se han ido quedando sin oxígeno en el trámite legislativo. Una de las que primero se hundió fue la que establecía un tope en el salario de los congresistas, que, reformada, partía del punto de la consulta de reducir los salarios de los legisladores a máximo cuarenta salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

También se hundió la intención de limitar al máximo de tres períodos la permanencia de una persona en las corporaciones públicas de elección popular. Lo que reposa en los informes de prensa fue que, en la votación de ese proyecto de acto legislativo, en la Cámara de Representantes no hubo las suficientes garantías para los defensores de la iniciativa e, incluso, el tiempo de votación fue mínimo. “A los 29 segundos estaban ya dando la orden del cierre de registro”, señaló en su momento la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde. 

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Así, esta misma semana quedaron sin vida la propuesta de establecer audiencias públicas para que la ciudadanía participara en la asignación de presupuestos de carácter local y nacional, y el que eliminaba el beneficio de la casa por cárcel para personas condenadas por corrupción o delitos en contra de la administración pública. Actualmente, están a la espera los proyectos de publicación obligatoria de la declaración de renta, impuestos y conflictos de intereses de los congresistas y la implementación de los conocidos pliegos “Tipo” en toda la contratación pública estatal, con el fin de evitar que los pliegos para las licitaciones puedan ser hechos a la medida de los aspirantes a contratos.

Por otro lado, la Cámara, al acoger el jueves el texto de Senado sobre el proyecto que establece mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios electos por voto popular, salvó la iniciativa, sin embargo, a juicio de representantes como Goebertus, quedaron por fuera los numerales más importantes que obligaban a la publicación de los votos en Congreso, la publicación de las gestiones de intereses, es decir, reportar cualquier tipo de reunión que se tenga con funcionarios del Gobierno Nacional, y el deber de realizar audiencias públicas con participación ciudadana cuando se discutan partidas presupuestales.

La conclusión es una agenda anticorrupción torpedeada en el Congreso, la desarticulación de varias de las propuestas hasta el punto de borrar de tajo sus intenciones principales y la incapacidad del Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra del Interior, de sacar adelante un paquete que fue acordado con los partidos políticos en una mesa técnica convocada por el mismo presidente Duque, quien ya anunció que el próximo 20 de julio radicará, con mensaje de urgencia, un nuevo proyecto para eliminar la casa por cárcel para corruptos. 

Después de que una gran parte del país despertó del sueño de la victoria de Colombia ante Catar, el miércoles en la Copa América de Brasil, la noticia con la que se encontró fue que se había hundido en el Congreso de la República el proyecto de ley que eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. A la iniciativa, que recogía varios elementos de uno de los puntos de la consulta anticorrupción que se votó en agosto de 2018, solo le faltaba la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes —pues en ambas corporaciones se habían aprobado textos distintos— para pasar a la sanción presidencial y convertirse en ley. Sin embargo, una maraña de hechos a los que aún hoy muchos les buscan lógica embolató la iniciativa, que terminó sepultada.

En el Senado le echan la culpa a la Cámara, en la Cámara señalan a la mesa directiva del Senado. Incluso, la sesión plenaria del jueves fue una seguidilla de defensas por parte de los representantes, quienes le reclamaron a Ernesto Macías, presidente del Senado, su responsabilidad por el hundimiento del proyecto e hicieron la defensa de su honor al considerar que esa corporación había hecho una digna labor al servicio de los colombianos con la discusión y aprobación de proyectos de ley. De hecho, las felicitaciones a la gestión de Alejandro Carlos Chacón por su gestión en la presidencia de la Cámara fueron repetitivas.

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Lo cierto es que hubo un enredo o lo hicieron parecer así. Hubo un falso conciliador, que fue Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, quien hizo todo el trabajo de empalme de los textos diferentes junto al senador Germán Varón, de Cambio Radical, quien había sido designado como conciliador por parte del Senado. Pero al momento de firmar los papeles, Vallejo se percató de que no era el conciliador para esa iniciativa, sino que quien debía hacer esa labor por parte de la Cámara era Jairo Cristo, también de Cambio Radical, lo que, además, motivó un reclamo por parte del representante uribista a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por haberle pedido que fuera a firmar la conciliación y una disculpa que llegó por parte de la ministra al final de la tarde en la plenaria de la Cámara. 

En palabras castizas, los cogió el tiempo, y cuando Cristo se comunicó con Varón para definir la conciliación, la plenaria de la Cámara ya se había levantado y era imposible que el proyecto se anunciara para ser votado el jueves, como lo obliga el reglamento del Congreso. Y la eliminación del beneficio de casa por cárcel se quedó sin aire porque se cumplieron los dos años con los que cuenta un proyecto para ser aprobado en el Legislativo. 

Por esa misma razón, explicó Germán Navas Talero, representante del Polo Democrático, era inocua la petición de la Alianza Verde al Gobierno Nacional para que convocara a sesiones extras y, con estas, se evacuara la agenda anticorrupción. Chacón —vilipendiado con vehemencia en las redes sociales luego de que se conocieran las fotos de la fiesta en la que estuvo en la noche del miércoles tras el final de su presidencia en la Cámara y celebrando la victoria de Colombia, en compañía del expresidente César Gaviria y algunos senadores, como Lidio García— se defendió en la plenaria, en donde expuso la trazabilidad del trámite. Expresó, lo que es verdad, que ese proyecto había sido aprobado por la Cámara el 19 de junio de 2018, o sea, hace un año, y que fue remitido nuevamente por el Senado de la República hace apenas tres días. Es decir, fue allá donde se demoraron para discutirlo, cuando el trámite arrancó desde 2017.

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“No demoramos ni un día para designar conciliador. Faltando dos días nos remiten el proyecto de ley. Jairo Cristo es designado como conciliador y se le envía por correo electrónico a las 3:43 p.m., mostrando la diligencia que corresponde, sin siquiera haber pasado un día, sin tener las actas del expediente para darle celeridad”, explicó Chacón, quien reclamó al Senado que desde esa corporación no se habían enviado ni las actas ni el expediente necesarios para la conciliación. Ernesto Macías ya le había lanzado pullas a Chacón desde la plenaria del miércoles, cuando se discutía la propuesta de rendición de cuentas de congresistas y otros elegidos por votación popular. “Les quiero decir que el proyecto que impulsó la Fiscalía y que aquí aprobamos el pasado lunes está a punto de hundirse porque nos están pidiendo hasta el tipo de sangre del presidente para poderlo tramitar allá. Es una anotación de pronto odiosa, pero tengo que hacerla porque nos ha llegado una carta pidiendo documentos que son imposibles”, dijo. 

Algo similar sostuvo Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde y segunda vicepresidenta del Senado, en entrevista con El Espectador: “Hay que añadir que, inéditamente, la Cámara exigió cosas que nunca se piden, como actas aprobadas, detalles que no se necesitan. Pidieron más requisitos de los que se requieren (…) aquí hay por lo menos dos errores. Primero, se da confusión si se nombró o no a Vallejo como conciliador. Segundo, que no se nombró a un congresista de la misma comisión que estudió el tema, o sea, como tema penal, debía ser alguien de la Comisión Primera; de lo contrario, se pierde tiempo”. En todo caso, las explicaciones poco pueden hacer por revivir una iniciativa que buscaba eliminar un beneficio al que acuden muchos condenados por corrupción y que genera un fuerte rechazo de la ciudadanía.

¿Qué avances hay en los proyectos anticorrupción?

El 18 de septiembre de 2018, luego de una contundente votación de más de 11’500.000 en la consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque radicó ante el Congreso un paquete de iniciativas que retomaban varios de los puntos por los que los colombianos votaron en las urnas, pero que no recibieron los sufragios necesarios para lograr el umbral y convertirse en mandatos de obligatorio cumplimiento. Nueve meses después, solo una iniciativa ha sido aprobada, las demás se han ido quedando sin oxígeno en el trámite legislativo. Una de las que primero se hundió fue la que establecía un tope en el salario de los congresistas, que, reformada, partía del punto de la consulta de reducir los salarios de los legisladores a máximo cuarenta salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

También se hundió la intención de limitar al máximo de tres períodos la permanencia de una persona en las corporaciones públicas de elección popular. Lo que reposa en los informes de prensa fue que, en la votación de ese proyecto de acto legislativo, en la Cámara de Representantes no hubo las suficientes garantías para los defensores de la iniciativa e, incluso, el tiempo de votación fue mínimo. “A los 29 segundos estaban ya dando la orden del cierre de registro”, señaló en su momento la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde. 

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Así, esta misma semana quedaron sin vida la propuesta de establecer audiencias públicas para que la ciudadanía participara en la asignación de presupuestos de carácter local y nacional, y el que eliminaba el beneficio de la casa por cárcel para personas condenadas por corrupción o delitos en contra de la administración pública. Actualmente, están a la espera los proyectos de publicación obligatoria de la declaración de renta, impuestos y conflictos de intereses de los congresistas y la implementación de los conocidos pliegos “Tipo” en toda la contratación pública estatal, con el fin de evitar que los pliegos para las licitaciones puedan ser hechos a la medida de los aspirantes a contratos.

Por otro lado, la Cámara, al acoger el jueves el texto de Senado sobre el proyecto que establece mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios electos por voto popular, salvó la iniciativa, sin embargo, a juicio de representantes como Goebertus, quedaron por fuera los numerales más importantes que obligaban a la publicación de los votos en Congreso, la publicación de las gestiones de intereses, es decir, reportar cualquier tipo de reunión que se tenga con funcionarios del Gobierno Nacional, y el deber de realizar audiencias públicas con participación ciudadana cuando se discutan partidas presupuestales.

La conclusión es una agenda anticorrupción torpedeada en el Congreso, la desarticulación de varias de las propuestas hasta el punto de borrar de tajo sus intenciones principales y la incapacidad del Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra del Interior, de sacar adelante un paquete que fue acordado con los partidos políticos en una mesa técnica convocada por el mismo presidente Duque, quien ya anunció que el próximo 20 de julio radicará, con mensaje de urgencia, un nuevo proyecto para eliminar la casa por cárcel para corruptos.