Fracasó reunión de Gobierno y Asonal para poner fin a paro judicial

Desde el inicio de la reunión el presidente de Asonal judicial, Fabio Hernández se mostró escéptico por la propuesta del Gobierno, y no garantizó ningún resultado positivo, lo cual se materializó con el anuncio de que no se había llegado a ningún acuerdo para levantar un cese de actividades que deja como resultado negativo 2.194 delincuentes en libertad; más de 60.000 tutelas represadas y, por lo menos, 1.000 tutelas por salud frenadas.

Al término de la reunión el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que como había sido el compromiso del Gobierno, "llegó con una propuesta a los miembros de Asonal Judicial, sobre la cual hemos mejorado en $10.000 millones para el año 2009 y $10.000 millones para el año 2010, la propuesta de incremento en la remuneración salarial. Ello porque hemos encontrado unas fuentes adicionales", dijo.

A juicio del titular de la cartera de Hacienda, la propuesta "permite garantizar el financiamiento permanente y continuo de esta nueva remuneración salarial".

Indicó que con este ofrecimiento se completa una nueva propuesta del Gobierno que equivale a $131.000 millones aplicable para los años 2009 y 2010. Es "una propuesta responsable con las posibilidades fiscales de la Nación y acorde con la actual condición económico que vive, no solo Colombia, sino la economía internacional".

El jefe de las finanzas públicas se mostró preocupado por las graves consecuencias del paro sobre la actividad de la justicia, que ya han comenzado a repercutir en la economía.

Pese a que ha habido acercamiento entre la propuesta del Gobierno que de los $66.000 millones inicial ha elevado el ofrecimiento a $131.000 millones, los directivos de Asonal consideran que todavía hay mucha diferencia con los cerca de $700.000 millones que solicitan los judiciales en cese de actividades.

Al término de la reunión el presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, confirmó que no hay posibilidades de levantar el paro judicial, el más extenso de la historia reciente. Indicó que la propuesta del Gobierno se encamina a no aplicar la ley cuarta del 92 para elevar los salarios a los trabajadores, que es lo solicitado.

A su juicio el Gobierno ofrece crear otra prima "incierta porque tienen que crearse unas normas que no existen hoy, y que por su monto sigue siendo irrisoria".

De esta manera se cierra un nuevo capítulo entre el Gobierno y los sindicalistas de Asonal para poner fin a un paro que está dejando graves consecuencias para el manejo de la justicia en el país.

Contexto del fracaso

Todo comnezó con un consejo comunitario. El presidente de Asonal, Fabio Hernández, horas antes del encuentro había indicado que asistía a la reunión para analizar las propuestas del Gobierno con miras a solucionar la nivelación salarial que reclaman los huelguistas del sector justicia. A pesar del anunció el dirigente sindical se mostró escéptico por la propuesta que este sábado fue dada a conocer por el Presidente Uribe, sus ministro de Interior y Hacienda. "Es una propuesta que tiene muchas incertidumbres e imprecisiones", dijo Hernández.

El ministro de Interior y Gobierno, Fabio Valencia Cossio, anunció que el Gobierno explora todas las posibilidades existentes para conseguir los recursos que ponga freno al cese de actividades que afecta a la justicia colombiana.

Valencia Cossio indicó que las 1.000 tutelas de la salud perjudican a personas que requieren mejor atención de las EPS y la autorización para la entrega de medicamentos para sus tratamientos.

Reveló que el paro judicial afecta a más de 300.000 personas en servicios de la justicia, además de los planteamientos que han hecho los abogados litigantes, que supera en número los 170.000, que han visto paralizadas sus actividades de la cual derivan su sustento.

"Realmente se está haciendo un gran daño a la población. Yo creo que esto invita a la reflexión a Asonal judicial para que, mirando las dificultades fiscales que tiene el país, pero también la buena voluntad de encontrar otros caminos complementarios", dijo jefe de la cartera de Interior y Gobierno.

Valencia Cossio indicó que el país se ha dado cuenta del esfuerzo que está haciendo el Gobierno, para solucionar el paro judicial, y de los daños que está haciendo el cese de actividades en la ciudadanía colombiana. Recordó que la justicia es un servicio público, y "que no se puede interrumpir".

Pidió a las entidades encargadas de evaluar la legalidad del paro para que definan, dentro de los términos de la ley, una decisión al respecto.

El Presidente Uribe y el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga consideraron los ingresos que tendía el Estado a través de los servicios notariales, para satisfacer las peticiones económicas de los sindicalistas judiciales.

Dentro de las propuestas estudiadas, el mandatario colombiano consideró la tasa por los servicios que cobran las notarías, y el ingreso por "una especie de impuesto que le cobra a la facturación notarial, este segundo tiene que ser por ley", dijo.

Otras fórmulas exploradas tiene que ver con los depósitos judiciales y la venta de bienes incautados. El ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, informó que en promedio este año, los depósitos judiciales han sumado 1,76 billones de pesos, "con base en lo planteado en la ley, los intereses pagados hasta agosto valen 23.448 millones de pesos y a esa misma fecha están creciendo un 20,4 por ciento frente a lo que iba causado en el año 2007", explicó.

Sobre los bienes incautados a los narcotraficantes y otras organizaciones delictivas, el director de la Dirección de Estupefacientes, Carlos Albornoz, dijo que esos procesos no avanzan por culpa de los jueces. "Yo vivo rogando todos los días para que esos procesos se aceleren".

Albornoz dijo que la próxima semana sale el listado de los bienes urbanos y rurales para la venta. "Estamos en proceso de venta sociedades especialmente de los hoteles". Concluyó que el paro los ha afectado mucho.