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26 Aug 2022 - 4:47 p. m.

Francisco de Roux afirma que “falsos positivos” no fueron una política de Estado

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se aparta de la concepción de la entidad sobre un punto en torno a la responsabilidad del Estado en las ejecuciones extrajudiciales. Reitera que la práctica fue perversa, sistémica y generalizada: “muestra una quiebra ética corporativa muchísimo más grave que una irregularidad en la política”.
Laura Angélica  Ospina

Laura Angélica Ospina

Periodista Política
El padre Francisco de Roux, catalogó de "monstruosidad" la práctica de los "falsos positivos".
El padre Francisco de Roux, catalogó de "monstruosidad" la práctica de los "falsos positivos".
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Es una posición sin precedentes. A título personal, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, asegura que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública contra civiles inermes y conocidas como “falsos positivos” no fueron una política de Estado. El jesuita, encargado de liderar la institución, consignó esta afirmación en uno de los anexos llamado Constancias y aclaraciones de los comisionados, del volumen de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, presentado el pasado 28 de junio con el ánimo de entregar al país un relato oficial sobre cómo se profundizó, prolongó y degradó el conflicto armado.

Hoy, casi dos meses después de haber cumplido con dicho mandato, El Espectador conoció el anexo con el que de Roux se distancia de un punto de la posición sobre “falsos positivos” de la Comisión de la Verdad que él mismo preside: tanto en las declaraciones de los comisionados firmantes del Informe, como en el documento, la entidad subraya de manera enfática que la responsabilidad de la existencia de esta aterradora práctica recae en “integrantes del Ejecutivo y de algunos sectores de las Fuerzas Militares en el marco de decisiones de seguridad nacional”.

A este diario, el padre De Roux expresa que su aclaración no se va en contra del Informe Final ni deslegitima la verdad que la entidad entregó al país. Explica que las aclaraciones responden a un acuerdo entre los comisionados y aparecen después de que el plenario aprobó un texto. “De manera que el texto de Alejandro Valencia es completamente aprobado”, recalca sobre el capítulo de que habla de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En ese sentido, respondió que acepta plenamente el análisis que hace el Informe Final sobre los “falsos positivos”, y los concibe como hechos perversos, que se realizaron de forma generalizada y sistémica, pero que no está de acuerdo en que hayan sido parte de una política de Estado. “Muestran una quiebra ética corporativa muchísimo más grave que una irregularidad en la política, entendida como conjunto de leyes, y se realizaron aprovechando normas que premiaban la muerte en combate de guerrilleros para inventar combates falsos y matar a inocentes”, dijo a este diario.

“Son muy poquitas las aclaraciones que hay de las 10 mil páginas que tiene el Informe Final. Solamente tres de los comisionados presentamos aclaraciones. Yo estoy de acuerdo con el texto de Alejandro (Valencia), pero no estoy de acuerdo con un punto: lo que pasó con los “falsos positivos” tiene responsabilidad ética, histórica y política de ministros, presidentes y altos mandos de las Fuerzas Militares, pero no considero que se les llame política de Estado. Para mí una política de Estado es una organización de las leyes para avalar algo, en este caso para producir asesinatos. Ninguna ley dice que se vaya a buscar personas inocentes y matarlas. Creo que llamarlo política de Estado nos confunde. Ahora, mis compañeros lo llaman de esa forma porque consideran que cuando se utilizan las leyes y demás normas para producir un crimen, esto quiere decir que el Estado lo está favoreciendo. Creo que es un comportamiento perverso cuando alguien se ampara en una ley para matar, aún cuando esta no dice que maten. Las ejecuciones extrajudiciales son el más execrable de los crímenes que cometió el Estado.”, aseguró a El Espectador.

El anexo

En el documento, De Roux asevera que no está de acuerdo en afirmar “que se trató de una política de Estado para matar inocentes”: “Las normas premiaban las muertes en combate y daban incentivos para ello. Dentro de esas normas y aprovechando los incentivos, se montaron las mentiras de los falsos combates y de los ‘falsos terroristas dados de baja’, con la ayuda de paramilitares y civiles pagados”, señala. Menciona además que la Comisión muestra que en esta materia “hubo un comportamiento generalizado y sistémico que los superiores permitieron que se diseminara”, a pesar de las denuncias y de que, paradójicamente, en su etapa de mayor exacerbación, el Ejército se sirvió de formación en derechos humanos como parte de la política pública.

Si bien el padre reitera que estos crímenes de lesa humanidad se cometieron “miles de veces en muchas brigadas”, como esclareció la Comisión, se mantiene en que el Estado, los altos mandos de las Fuerzas Militares, los presidentes y ministros de Defensa deben reconocer públicamente su responsabilidad corporativa, ética, política e histórica, como concluyó la entidad, pero no extiende esa responsabilidad a la estructura total del aparato estatal.

“(...) Por eso, lo ocurrido es una quiebra ética corporativa muchísimo más grave que una irregularidad en la política. Aquí se rompió hasta lo más profundo la dignidad de los militares perpetradores y de la misma institución militar que lo permitió y promovió con incentivos –para dolor de los miembros del Ejército moralmente íntegros– y el daño que se le hizo a la nación y a la juventud del país es inconmensurable, cuando pusieron como ejemplo y convirtieron en verdad heroica y premiada con medallas de orden público la mentira del crimen execrable de miles de jóvenes inocentes, hecho por los defensores de la seguridad de los colombianos y del Estado”.

Sin embargo, De Roux argumenta que está convencido de que “no estamos ante una política de Estado, como no son política de Estado la corrupción y la impunidad analizadas también por el Informe Final como crímenes gravísimos que contribuyen a perpetuar el conflicto”. A su juicio, con los “falsos positivos” el país está ante una ruptura ética que “es devastadora”, pero sobre la que no se pueden construir leyes ni normas, al parecer por su carácter extralegal que, por lo mismo, sobrepasa la institucionalidad y requiere de una reflexión en ese ámbito, pero también en el personal de cada individuo.

El relato de la Comisión sobre los “falsos positivos”

La aclaración del padre Francisco de Roux es problemática con respecto al relato entregado por la Comisión sobre las ejecuciones extrajudiciales, porque aunque no es del todo contradictoria a las conclusiones del Informe Final, sí representa un parteaguas con la concepción de la institución que preside, con lo dicho por organismos internacionales y, peor aún, con la experiencia narrada por las víctimas que perdieron a sus familiares por cuenta de esta práctica.

El pasado 10 de mayo, en un evento oficial, el comisionado Alejandro Valencia adelantó diez verdades sobre los falsos positivos que sustentaría luego por medio del informe. Valencia fue el encargado de escudriñar documentos militares, testimonios, 320 informes presentados por las víctimas y más insumos sobre las ejecuciones extrajudiciales.

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En su declaración, el comisionado afirmó que “los asesinatos y desapariciones forzadas, bajo la modalidad de combates simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en su período de exacerbación, año 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muerte del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”.

Asimismo, insistió en que al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar “se incentivó la comisión de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, a través de un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo gobierno, e implementadas al interior de las Fuerzas Militares”. Enfatizó en que tanto las órdenes legales (consignadas en decretos y leyes, entre otras), como las extralegales (basadas en modos de actuación que no estaban inscritas en directivas, pero que en la práctica ocurrieron) se presentaron con un grado de frecuencia “que da cuenta de su institucionalización”, que constituyó un entramado de actores estatales (uniformados) y no estatales (paramilitares y civiles).

Esa verdad sobre la responsabilidad institucional no solo la dijo el 10 de mayo. También quedó plasmada en el Informe, en el capítulo sobre Violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH y responsabilidades colectivas, del que estuvo encargado. En la página 757, en el apartado sobre ejecuciones extrajudiciales, Valencia es claro: “Aunque es posible rastrear este tipo de ejecuciones extrajudiciales desde antes de 2002 e incluso después de 2008, fue entre esos seis años que la práctica se exacerbó y llegó a cifras nunca antes registradas por la implementación de lo que la Comisión identifica como una política integrada por dispositivos legales y extralegales que llevaron a la muerte de, por lo menos, 6.402 víctimas en seis años. Los falsos positivos se cometieron a partir de decisiones incorporadas en normatividades expedidas por canales institucionales mediante leyes, decretos, directivas ministeriales, circulares y directivas de la fuerza pública que derivaron en las ejecuciones extrajudiciales”.

En su análisis, el comisionado Valencia da cuenta de que en distintos momentos del conflicto armado, el Estado, por medio de los gobiernos que estuvieron al mando, ampliaron la presencia y las facultades de las Fuerzas Militares, poniendo en riesgo el equilibrio de poderes que, entre otras cosas, derivaron en las ejecuciones extrajudiciales, que sucedieron sin que se tomaran medidas efectivas para prevenir e investigar estos hechos y, más bien, incurriendo en la “minimización y negación de esta práctica”.

Tan así fue, evidencia Valencia en el Informe, que cita en sus páginas la declaración del expresidente Juan Manuel Santos sobre su rol cuando fue ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Santos reconoció que como ministro omitió las denuncias por estos hechos. Sobre ella, Valencia destaca que: “Reconoció la existencia de los falsos positivos y pidió perdón por ello, aceptando la responsabilidad institucional en las directrices de buscar resultados mediante la presión sobre los comandos”.

Los hallazgos concuerdan con lo dicho por la Corte Penal Internacional (CPI). En 2012, en un informe preliminar titulado Situación en Colombia, el organismo internacional advirtió que se puede afirmar que los falsos positivos existieron como una política de Estado que, por lo menos, fue ejecutada por algunos cuerpos militares. “Una política de Estado no necesariamente tiene que concebirse en el más alto nivel de la maquinaria estatal, sino que puede ser adoptada por órganos estatales locales o regionales. Incluso una política adoptada local o regionalmente puede ser catalogada como política de Estado”, indicó CPI en ese entonces. Juan Carlos Pinzón, que fungió como ministro de Defensa al momento de este informe, rechazó la idea de que las ejecuciones extrajudiciales existieran mediante una política estatal.

La voz de las víctimas y la puja política

La aclaración del padre Francisco de Roux tiene varios efectos. Por un lado, sus palabras desvirtúan en cierto grado la narrativa de la Comisión, pues chocan con la verdad entregada en el Informe Final sobre uno de los puntos más emblemáticos, dolorosos, y por lo mismo polémicos, de la guerra en Colombia. En otras palabras, siembra interrogantes en un punto que es de honor para los militares, cuyos altos mandos en varias oportunidades se han mantenido en la negación de este crimen, y de dignidad para las víctimas que confiaron, con cierto recelo, en que la Comisión y los comisionados serían francos para catalogar lo que los uniformados hicieron con sus familiares, gran porcentaje de ellos en estado de vulnerabilidad al momento de ser desaparecidos y asesinados.

De hecho, vale recordar las cartas que asociaciones de víctimas, como lo son las Madres de Soacha, enviaron a Francisco de Roux, luego de que este escuchara en versión libre y pública al expresidente Álvaro Uribe. En ese espacio, transmitido por Youtube, el exmandatario reiteró que la culpa de los crímenes “no es de quien exige resultados con transparencia”. Ante estas y otras palabras anotadas por la Comisión para su contrastación, varias de las víctimas expresaron como forma de crítica que “la verdad es un bien público y exige que desde el Estado no se favorezca a quienes históricamente han tenido el poder y lo han utilizado para agredir y pisotear la dignidad de las víctimas”.

Así las cosas, la aclaración del presidente de la Comisión de la Verdad es un nuevo ingrediente a una discusión sobre cuál es la “verdad verdadera” de los patrones y razones del conflicto armado, en la que la derecha y la izquierda llevan décadas sin encontrar puntos medios. Si bien la posición del padre De Roux se inscribe casi que en la mitad de dos mundos (el de la derecha que habla de crímenes cometidos por algunas manzanas podridas, y el de la izquierda y defensores de derechos humanos que indican que toda la institución castrense está viciada por sus propias formas), lo cierto es que su voz se da en medio de un escenario en el que el uribismo plantea un contrainforme que rechaza las tesis del Informe de la Comisión, mientras el nuevo gobierno trata de avanzar sobre las recomendaciones hechas por su equipo, cumplir con el Acuerdo de Paz y dialogar con otros actores armados.

Lea acá la aclaración completa del padre Francisco de Roux, a la que hace referencia este artículo:

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