Foto: EFE - José Jácome
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Un delito conocido como trashumancia electoral o trasteo de votos. Prueba de esto es el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), dado a conocer por El Espectador, sobre 69 municipios en los que hay más electores que habitantes. Por eso, el Gobierno expidió el decreto 1294 que “establece mecanismos para el efectivo y oportuno control del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la inscripción de los documentos de identidad”.
Con esta medida, se cruzará la información suministrada por el elector a la Registraduría en el momento de la inscripción de su cédula con las bases de datos del Sisben, Departamento Nacional de Planeación, Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), Unidad de Víctimas, Departamento para la Prosperidad Social o entidades responsables del manejo de datos para que el CNE, si encuentra evidentes irregularidades, anule la inscripción de ese documento. Así, el ciudadano sólo podrá sufragar en el lugar donde lo hizo en la ocasión anterior.
Igualmente, se determinó que las inscripciones realizadas desde el 25 de octubre de 2014 sean verificadas, para lo que el CNE, dentro de sus competencias, fije los criterios que definan el “fenómeno de la trashumancia histórica” y la cotejación de datos, con el fin de que sólo los ciudadanos residentes en el municipio participen en el proceso.
Por Redacción Política
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