Al cierre de la legislatura 2019-2020, el sábado pasado, la Comisión Séptima del Senado aprobó en su primer debate uno de los proyectos que más interés suscita entre la ciudadanía: la creación de la figura del fuero de paternidad en el país (proyecto de ley 188 de 2019), es decir, prohibir el despido de un trabajador cuyo cónyuge o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo y, a su vez, dependa económicamente de él.
La iniciativa apunta a modificar los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo y contempla equiparar el fuero de paternidad con la licencia de maternidad, garantizando la protección de la mujer gestante durante el embarazo y hasta las 18 semanas después del nacimiento del bebé. Es decir, establece que cuando la madre del recién nacido no tiene un empleo formal, se garantiza el fuero de paternidad en las mismas condiciones (durante el periodo de gestación y hasta las mismas 18 semanas).
Ya la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-005 de 2017, hizo extensiva la prohibición de despido al padre del bebé que está por nacer, aspecto previsto en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicha protección procede cuando la cónyuge o compañera permanente dependa económicamente del trabajador, es decir, que esta no cuente con un empleo o los recursos necesarios para llevar una vida en condiciones dignas.
Sin embargo, la ley se hace necesaria teniendo en cuenta que, hasta el momento, este derecho solo se otorga por vía jurisprudencial y se requiere que quede reglamentado como derecho general de fácil acceso.
“Todo trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente no tenga empleo formal y esté en estado de embarazo o en periodo de lactancia, tendrá esa garantía de protección en materia laboral. El trabajador tendrá ese fuero de paternidad durante el embarazo y 18 semanas posteriores al nacimiento del menor”, explicó el senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto.
El objetivo, enfatizó el congresista, es “eliminar la discriminación que existe en la legislación colombiana, con el objetivo de proteger al menor, como lo establecen varios artículos de la Constitución Política de Colombia”.
El proyecto pasó a segundo debate en la Plenaria del Senado, después del 20 de julio, cuando se inicie la legislatura 2020-2021.
