Fuero militar enfrenta una nueva demanda de constitucionalidad

Los congresistas Ángela Robledo, Iván Cepeda y Germán Navas, junto con Gustavo Gallón, Fátima Esparza, Juan Camilo Rivera y Mary de la Libertad Díaz Márquez radicaron este miércoles una nueva demanda contra la ampliación del fuero penal militar, aprobado en el Congreso de la República en noviembre del año pasado.

Los demandantes argumentan que el Congreso se excedió en sus competencias de reformar la Constitución, puesto que la sustituyó parcialmente, revirtiendo sus principios constitucionales de igualdad ante la ley y los tribunales, separación de poderes y deber de investigar la violación de derechos humanos ante jueces independientes, entre otros argumentos.

Actualmente, los delitos cometidos por los militares están documentados y buena parte de ellos permanecen en la impunidad, señalaron.

"El fuero militar traslada a la justicia penal militar el conocimiento de los delitos cometidos por militares con ocasión del conflicto armado y que resulten ajenos a las razones del servicio (como es el caso de los crímenes de guerra y las infracciones al DIH)", explicaron los firmantes.

Según señalan, dichas investigaciones podrían verse afectadas, pues el sistema de juzgamiento y recolección de material probatorio se haría dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo.

"En otras palabras, los militares terminarían “auto-investigándose” por sus propios delitos, lo cual compromete la transparencia y la independencia de los procesos", explicaron. 

“La ampliación del fuero militar favorece la impunidad y perjudica a las víctimas. Es otro obstáculo para la garantía de los derechos humanos, para la verdad y la justicia”, señalaron.

Así mismo, la Representante Ángela Robledo, una de las demandantes, dijo que el fuero militar “no contribuye a la Paz, ni mucho menos a la reconciliación”.

“Esta propuesta es un intento más por debilitar el Estado de Derecho en Colombia. Los argumentos utilizados se basan en una supuesta inseguridad jurídica que afecta la moral de la tropa, un mito que jamás ha sido comprobado”, agregó la parlamentaria.

Varias organizaciones como Human Rights Watch, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho reparaciones frente a al fuero penal militar.

Los congresistas Ángela Robledo, Iván Cepeda y Germán Navas, junto con Gustavo Gallón, Fátima Esparza, Juan Camilo Rivera y Mary de la Libertad Díaz Márquez radicaron este miércoles una nueva demanda contra la ampliación del fuero penal militar, aprobado en el Congreso de la República en noviembre del año pasado.

Los demandantes argumentan que el Congreso se excedió en sus competencias de reformar la Constitución, puesto que la sustituyó parcialmente, revirtiendo sus principios constitucionales de igualdad ante la ley y los tribunales, separación de poderes y deber de investigar la violación de derechos humanos ante jueces independientes, entre otros argumentos.

Actualmente, los delitos cometidos por los militares están documentados y buena parte de ellos permanecen en la impunidad, señalaron.

"El fuero militar traslada a la justicia penal militar el conocimiento de los delitos cometidos por militares con ocasión del conflicto armado y que resulten ajenos a las razones del servicio (como es el caso de los crímenes de guerra y las infracciones al DIH)", explicaron los firmantes.

Según señalan, dichas investigaciones podrían verse afectadas, pues el sistema de juzgamiento y recolección de material probatorio se haría dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo.

"En otras palabras, los militares terminarían “auto-investigándose” por sus propios delitos, lo cual compromete la transparencia y la independencia de los procesos", explicaron. 

“La ampliación del fuero militar favorece la impunidad y perjudica a las víctimas. Es otro obstáculo para la garantía de los derechos humanos, para la verdad y la justicia”, señalaron.

Así mismo, la Representante Ángela Robledo, una de las demandantes, dijo que el fuero militar “no contribuye a la Paz, ni mucho menos a la reconciliación”.

“Esta propuesta es un intento más por debilitar el Estado de Derecho en Colombia. Los argumentos utilizados se basan en una supuesta inseguridad jurídica que afecta la moral de la tropa, un mito que jamás ha sido comprobado”, agregó la parlamentaria.

Varias organizaciones como Human Rights Watch, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho reparaciones frente a al fuero penal militar.