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Un día antes de la protesta del jueves pasado, la Policía hizo por lo menos 27 allanamientos en Bogotá y otros en el resto del país, según se dijo, para buscar armas, explosivos y otros elementos ilegales. Entre los sitios allanados estuvieron medios de comunicación alternativos, un grafitero y pequeñas oficinas de creaciones artísticas ¿Qué opina la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de esos allanamientos, algunos declarados, después, ilegales por los jueces?
Cartel Urbano lleva 15 años haciendo periodismo cultural. Las preguntas son: ¿cómo un medio cultural termina siendo objeto de un extrañísimo allanamiento, dos días antes del paro? ¿Cuál era el material de Cartel Urbano que, según la Fiscalía, incitaba a la violencia? ¿Dónde estaban las armas que estaban buscando? No encontraron nada, pese a que esculcaron durante tres horas, incluso revisando sus libros de contabilidad. En la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) no tenemos antecedentes de casos similares. La interpretación que le damos es bastante clara: se trata de acciones coordinadas para intimidar a medios de comunicación, periodistas, artistas y otros grupos similares antes del paro.
¿“Acciones coordinadas” entre quiénes?
La orden de la Fiscalía, el procedimiento policial, los allanamientos, la solicitud de eliminación de contenido en otro caso indican eso: acciones coordinadas para restringir la circulación de informaciones.
Como todo el mundo sabe, las marchas transcurrieron en calma durante casi todo el día, pero al final salieron los vándalos a alterar el orden y, en efecto, cometieron muchos desmanes el día del paro y el viernes siguiente. ¿Significa que controlar ciertas formas de expresión y allanar medios se justificaba, según el análisis de la FLIP?
No creo que, con el propósito de preservar el orden público, se deba comenzar negando o restringiendo la circulación de información, porque esto no garantiza la conservación de la tranquilidad ciudadana y, en cambio, sí se afectan principios fundamentales de la democracia. Y aquí cabe remarcar que, durante el paro, las principales agresiones contra los periodistas que lo cubrían fueron cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.
¿Periodistas agredidos por quiénes?
Sí, y para sorpresa de todos, el número de agresiones contra periodistas durante el paro es altísimo. Esto es especialmente delicado, porque en la mayoría de los casos los agresores eran policías. Para que se haga una idea, el total de periodistas agredidos en las marchas del 21 de noviembre fue superior a ataques a reporteros ocurridos en todas las marchas de 2019. Tenemos información de 22 casos durante el paro, y hemos documentado que en 18 de ellos los agresores fueron integrantes de la Fuerza Pública: hubo detenciones arbitrarias en Medellín y Bogotá; agresiones físicas en el caso del periodista independiente Andrés Bayona a quien, aunque estaba plenamente identificado y requería atención médica, la Policía lo mantuvo en detención; en otros casos, los agentes del Esmad dispararon gases lacrimógenos directamente hacia un grupo de periodistas que estaban plenamente identificados como trabajadores de El Tiempo y de CityTV. Las medidas preventivas y los compromisos que tomó la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la propia Policía no resultaron suficientes.
En el video del allanamiento al medio alternativo Cartel Urbano queda la impresión de que hubo abuso de autoridad: primero, no le entregaron la orden judicial a su director; después, la revisión de cuarto por cuarto y de papel por papel pareció excesivo y hasta ilegal cuando agentes de la Policía, sin esa función, exigen dejarles ver los libros de contabilidad. ¿Cómo evalúa la FLIP este caso concreto?
Los hechos son contundentes: a las 7:30 de la mañana del martes 19, es decir, la semana pasada, 12 policías llegaron a la sede de Cartel Urbano y le dijeron a Juan David Arenas, director del medio, que el allanamiento surgía por “unas denuncias anónimas de una persona vinculada a la Universidad Pedagógica”, según las cuales en las instalaciones de Cartel podría haber material explosivo y armas relacionadas con grupos terroristas. ¡Un anónimo! Significa que un allanamiento a un medio se ordenó por lo que dijo una persona sin identificar. Es un hecho sumamente delicado, porque la información que se recopila en la profesión del periodismo tiene carácter de confidencialidad. Y la irrupción de agentes del Estado en las salas de redacción puede estar dirigida a imponer censura previa prohibida por la Carta Política y a conocer las fuentes periodísticas que gozan de reserva constitucional.
Con un posible agravante: según se ha publicado, los agentes de la Policía no encontraron nada ilegal en Cartel Urbano. Para ustedes, en este caso, ¿hubo persecución oficial?
En el allanamiento, la Policía, además de pedirles la contabilidad, también les preguntaron, directamente, por el material que habían hecho alusivo al paro. Y tampoco lo encontraron. El director Juan David Arenas ha dicho, y con toda la razón, que “esto es una acción e intimidación, de persecución y de opresión”. Y comparto plenamente esa visión.
¿La FLIP conoce la motivación de los jueces que declararon ilegales algunos de los allanamientos? Ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad han explicado cuáles fueron legales, cuáles no, ni por qué lo uno o lo otro entre las 27 requisas...
Hay que aclarar que estos allanamientos, extrañamente, no pasaron, primero, por el examen de un juez de garantías. Fue simplemente una orden de la Fiscalía basada en un anónimo, de acuerdo con lo informado oficialmente. Insisto en que el caso de Cartel Urbano no tiene precedentes en los registros históricos que tiene la FLIP sobre actuaciones contra la prensa.
En el video de Cartel Urbano hay actos que indican que las autoridades están actuando de manera autoritaria y en contra de la libre expresión, si se considera que también fueron objetivos de allanamiento varios artistas. ¿En la FLIP comparten esta interpretación?
Sí, absolutamente. Y así debemos visibilizarlo. Es claro que los agentes estaban interesados en conocer el contenido de lo que iba a publicar el medio. Los estándares interamericanos sobre libertad de expresión fijan un nivel muy alto en lo que respecta a material que se califique como incitador de violencia. En esos casos se requiere prueba actual, cierta, objetiva y contundente sobre la incitación y, ojo a esto: prueba de que tiene capacidad de promover violencia. Todo lo que no se ajuste a estos parámetros entra en el campo de la censura y significa dejar en manos de un grupo de funcionarios sin conocimientos legales ni constitucionales sobre libertad de expresión la decisión de lo que puede publicarse y lo que no.
Otro detalle también indicativo de la posible tendencia oficial a reprimir ciertas manifestaciones es el hecho de que en la sede de Cartel Urbano sus comunicadores pusieron un gran cartel, en el tejado, en forma de cerdo. Este tenía en un lado billetes y, en el otro, naranjas. Era una forma de expresar su visión de la economía naranja promocionada por el gobierno Duque. ¿Esta manifestación es suficiente para ponerse en el ojo policial?
Le respondo precisamente con la historia de dos lindos personajes: uno se llama Winnie de Pooh y, el otro, Porky. Estos dos dibujos tienen en común algo bastante particular: se encontraron con élites muy autoritarias. Winnie tuvo la desgracia de coincidir con Xi Jinping, presidente de China. Resulta que el poderoso mandatario ordenó que la película Winnie the Pooh, Chistopher Robin, no se expusiera en los cines de su país. Todo se debió a la sensibilidad del presidente Xi Jinping con el oso amarillo, con cuya figura física lo comparan sus contradictores. En cuanto a Porky, la historia está más fresca. Le contesto: efectivamente, en la sede de Cartel Urbano hicieron una exposición en que invitaban a reflexionar sobre la economía naranja. En una de las obras que prepararon aparecía Porky con las naranjas en el tejado, a la vista pública. Rápidamente recibieron la solicitud de que la quitaran.
Pero, ¿por qué y quién les hizo esa solicitud? El dibujo era casi infantil...
Resulta tan ridícula esa sensibilidad a la crítica que pretenden eliminar hasta los dibujos más inofensivos. Cartel Urbano recibió la solicitud de retirarlo de unas personas que dijeron que pertenecían a “la avanzada” del presidente Duque (grupo de seguridad que llega antes de que arribe el jefe de Estado). Ese día, Duque iba a hacer la presentación de su programa de economía naranja frente a la casa de este medio, en un evento público que le habían organizado en ese barrio. Más ofensivos son quienes pretenden crear un mundo paralelo que no les moleste y quienes creen que pueden determinar lo que está bien y lo que está mal sin tener esa facultad legal ni constitucional.
El otro medio afectado esta semana por intervenciones oficiales sobre su trabajo fue la página digital “Cerosetenta”, que publicó un artículo que la Policía le pidió eliminar de su página web cuando lo denominaron “Manual de autoprotección contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”. ¿Conoció este caso? ¿Cómo lo analiza?
La Dirección de Ciberdelitos de la Policía le solicitó, de manera desproporcionada, a la revista digital que eliminara ese contenido. El “Manual de autoprotección...”, publicado por Cerosetenta, contenía recomendaciones para proteger los derechos fundamentales y la integridad física de personas que asisten a marchas, así como cifras sobre presuntas agresiones cometidas por el Esmad durante las manifestaciones. Según la solicitud de la Policía, el artículo, al hablar de esos mecanismos, supuestamente “incita el carácter violento al derecho de la manifestación”. Y, además, asegura que las cifras incluidas allí no son oficiales y que como estaban referidas a la comisión de delitos graves, “calumnian el nombre de la Policía Nacional de Colombia”.
Entiendo que el rector de la Universidad de los Andes, a la que está vinculada la revista digital, intervino y dijo que el artículo no se retiraría...
Desde la FLIP coincidimos y respaldamos plenamente los argumentos presentados por la Universidad de los Andes, de que estas exigencias tienen un ánimo de censurar y que si lo que se pretende es pedir la rectificación de su contenido, hay otros mecanismos. Quiero señalar que sí existe un vaso comunicante entre este caso y el de Cartel Urbano. Resulta que semanas atrás estos dos medios se unieron por primera vez, precisamente, para imprimir el material de recomendaciones en las manifestaciones. Días después se presentaron estos hechos arbitrarios.
Es delicado lo que usted revela porque, en efecto, parece censura. Pero, ¿qué opina de otros casos diferentes en los que sucede lo contrario, es decir, preferencias con quienes censuran contando con el poder de sus cargos públicos? Esto sucedió, en concreto, con el reciente contrato de asesoría por casi $500 millones para el exjefe de prensa de la campaña del presidente Duque, Juan Pablo Bieri, quien renunció en enero debido a que impidió la emisión de un programa cuyo contenido no era del gusto del Gobierno?
Este Gobierno no está dando las señales correctas. Hace dos semanas una asesora del presidente Duque le ordenó a un periodista que le hizo una pregunta incómoda al mandatario que borrara el material grabado con el presidente, parte del cual es la famosa frase: “¿De qué me hablas, viejo?”. El presidente no ha hecho, por lo menos no de manera pública, ninguna indicación de que pedirá investigar a la funcionaria ni tampoco ha ofrecido disculpas por esa solicitud impropia. Hace poco tres periodistas tuvieron que salir del país por amenazas reiterativas. Era necesario que el presidente rechazara la violencia contra ellos y, en general, contra los reporteros, que se ha venido acelerando. Tampoco lo hizo. Y bueno, el caso Bieri no me merece más comentario que recordar que él era el director del Sistema de Medios Públicos y que de su boca salió la frase “Matemos la producción”, hablando del programa que iba a sacar del aire. Por eso tuvo que renunciar y la Procuraduría avanza en un proceso en su contra.
Aparte del Gobierno, otro foco de intimidación a periodistas para limitar sus revelaciones proviene de funcionarios de la Rama Judicial o de particulares, especialmente de abogados con poder. ¿La FLIP ha analizado esta tendencia creciente en Colombia? ¿Qué afectación han logrado tener las denuncias y demandas contra medios y periodistas?
El incremento de casos en los que se identifica la estrategia de acoso judicial es exponencial. Hay tres sectores que están abusando de las denuncias contra periodistas y medios: abogados, sectores religiosos y médicos, concretamente, cirujanos plásticos. El primer grupo lo encabeza el señor Abelardo de la Espriella, quien, según sus propias palabras, quiere “quitarles los tres pesos que tienen los periodistas” que se “metan” con él. Es impresentable este acoso a la prensa. Los sectores religiosos se han dedicado a perseguir a quien publique asuntos sobre temas que les competen. El caso más reciente es el del periodista Juan Pablo Barrientos, autor del libro Dejad que los niños vengan a mí. Hubo una avalancha de tutelas que buscaban frenar la publicación del libro, pero hubo dos fallos que, desconociendo la Constitución, solicitaron que Barrientos frenara la divulgación de la investigación y revelara sus fuentes. Y, finalmente, los cirujanos que son objeto de investigaciones también recurren a lo mismo, como ha ocurrido contra medios como Noticias Uno. Esto es muy grave por la coordinación que existe para desgastar a los periodistas, pero sobre todo porque los jueces están cruzando la raya con fallos completamente inconstitucionales.
Cartel Urbano, sin explicación
El nombre Cartel Urbano no se asocia con el de un medio de comunicación tradicional. Y no lo es: se trata de un nicho de periodismo callejero y cultura alternativa, como sus propios reporteros lo definen, y circula entre el público juvenil. Esta semana, sin embargo, el país entero tuvo noticia de Cartel Urbano cuando, 48 horas antes del paro, agentes de Policía llegaron a su sede con una orden de allanamiento que no le dejaron ver a su director, Juan David Arenas, a pesar de que él solicitó, con insistencia, leer el documento antes de permitirles el ingreso. En un video grabado en ese momento, es claro que el uniformado se niega a entregarle la orden y que solo le da a conocer su contenido lo cual es ilegal a la luz del Código de Procedimiento Penal. El video también deja constancia de la intensa requisa que realizaron los agentes cuando ingresaron a buscar, según dijeron, explosivos y carteles invitando al paro. Se escucha cuando Arenas afirma que si hubiera invitaciones a asistir a las marchas, no sería delito. Otros 26 allanamientos fueron realizados ese día en Bogotá. El fiscal general (e) aseguró, después, que varios de tales actuaciones también fueron declaradas ilegales por los jueces pero no precisó cuáles ni por qué, contrariando principios básicos de la democracia.
“Zonas vedadas para la prensa”
¿Cuáles reportes sobre ataques a la libertad de prensa tiene la FLIP en lo corrido de este año, en particular, relacionados con amenazas de prensa y falsos señalamientos contra periodistas en las redes sociales?
Vamos a cerrar el 2019 con cifras muy graves y niveles de violencia en aumento. Este año han sido asesinados dos periodistas, uno en Arauca y otro en Nariño. Llevamos registradas 190 amenazas muchas de las cuales derivaron en que los periodistas tuvieran que salir de sus lugares de residencia. Es especialmente preocupante lo que está pasando en Arauca, Norte de Santander, Cauca y Nariño. En esos departamentos hay zonas vedadas para la prensa.
Los ataques a la libertad de información no son exclusivos de un gobierno. Examinados los hechos desde agosto de 2018, cuando asumió la nueva administración, y comparado con años y gobiernos anteriores ¿Cuál es el balance?
. Colombia ha tenido tres presidentes durante los últimos 20 años. En ninguna época de estas dos décadas hemos podido afirmar que existen plenas garantías. Por el contrario, cada vez los espacios de crítica e investigación se cierran más. No creo que obedezca a la tendencia de un gobierno pero sí a la forma en que las autoridades entienden el papel de la prensa: ninguno quiere un perro guardián, todos prefieren un perrito faldero.
Por Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
