Fuerzas políticas enfrentadas por acuerdo de estabilidad jurídica para la paz

Conocido el acuerdo al que llegaron las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana tendiente a brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final, asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento, las reacciones en el país político no se hicieron esperar.

En un comunicado público, la Unión Patriótica expresó que la decisión de convertir el Acuerdo Final en Acuerdo Especial Humanitario es una alternativa factible y jurídicamente robusta que garantiza los principios de durabilidad y estabilidad de lo pactado.

“Es viable a la luz del Derecho Internacional Humanitario y le cierra el camino a quienes consideran que la firma del fin del conflicto se puede reversar de darse cambios políticos en el país. No quedará entonces en el limbo jurídico lo pactado, pues tendrá fuerza vinculante”, señala el escrito.

Por su parte, el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, manifestó su complacencia con el consenso logrado entre el Gobierno y las Farc. "La gracia de lo que se acaba de concebir es que no es un acuerdo de aprobaciones automáticas, sino que el depósito que se hace del acuerdo a nivel internacional es la seguridad del mismo y se abren las puertas para que en el Congreso se dicten todas las normas para apoyar el asunto", dijo.

A su vez, el representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe, calificó el anuncio como un gran paso que le da fuerza jurídica a los acuerdos y es ajustado al derecho internacional y a la Constitución, al tiempo que anunció que su partido ayudará a facilitar la incorporación a la Carta Política para que la paz llegue a feliz término.

Otras voces a favor fueron la de la hoy ministra de Trabajo Clara López Obregón, quien señaló que el anuncio sobre la seguridad jurídica de lo que se pacte en La Habana garantiza la pronta culminación del conflicto armado y que la gran ganadora fue la paz.  Y el senador Roy Barreras, del Partido de la U y presidente de la Comisión de Paz del Congreso, aseguró que lo sucedido en Cuba quiere decir que las Farc aceptan la Constitución: "Que alegría sentir hoy que el noble propósito de la paz avanza bien y rápidamente".

En la otra orilla, también a través de un comunicado, el uribismo arreció en sus críticas, calificando el anuncio como un golpe de Estado a la democracia colombiana. “Elevar a la categoría de Acuerdo Especial, acuerdos que tratan múltiples materias, es usar indebidamente las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

En este sentido, señaló que incorporar al bloque de constitucionalidad lo que se pacte en Cuba “es una violación de la Constitución y una imposición indebida e inaceptable”. Y consideró también que con la modificación de la Constitución desde La Habana, el Congreso se convierte en un actor pasivo y de carácter notarial para aprobar las concesiones del Gobierno a las Farc.

“Reiteramos el llamado a la resistencia civil a esa imposición que desconoce el derecho de los colombianos a decidir si aprueban o rechazan que no haya cárcel para los culpables de los más graves delitos y que tengan elegibilidad política inmediata. Frente al Golpe de Estado del Gobierno y las Farc contra el Estado de Derecho, resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente para defender la democracia”, concluye el comunicado del Centro Democrático.

Conocido el acuerdo al que llegaron las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana tendiente a brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final, asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento, las reacciones en el país político no se hicieron esperar.

En un comunicado público, la Unión Patriótica expresó que la decisión de convertir el Acuerdo Final en Acuerdo Especial Humanitario es una alternativa factible y jurídicamente robusta que garantiza los principios de durabilidad y estabilidad de lo pactado.

“Es viable a la luz del Derecho Internacional Humanitario y le cierra el camino a quienes consideran que la firma del fin del conflicto se puede reversar de darse cambios políticos en el país. No quedará entonces en el limbo jurídico lo pactado, pues tendrá fuerza vinculante”, señala el escrito.

Por su parte, el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, manifestó su complacencia con el consenso logrado entre el Gobierno y las Farc. "La gracia de lo que se acaba de concebir es que no es un acuerdo de aprobaciones automáticas, sino que el depósito que se hace del acuerdo a nivel internacional es la seguridad del mismo y se abren las puertas para que en el Congreso se dicten todas las normas para apoyar el asunto", dijo.

A su vez, el representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe, calificó el anuncio como un gran paso que le da fuerza jurídica a los acuerdos y es ajustado al derecho internacional y a la Constitución, al tiempo que anunció que su partido ayudará a facilitar la incorporación a la Carta Política para que la paz llegue a feliz término.

Otras voces a favor fueron la de la hoy ministra de Trabajo Clara López Obregón, quien señaló que el anuncio sobre la seguridad jurídica de lo que se pacte en La Habana garantiza la pronta culminación del conflicto armado y que la gran ganadora fue la paz.  Y el senador Roy Barreras, del Partido de la U y presidente de la Comisión de Paz del Congreso, aseguró que lo sucedido en Cuba quiere decir que las Farc aceptan la Constitución: "Que alegría sentir hoy que el noble propósito de la paz avanza bien y rápidamente".

En la otra orilla, también a través de un comunicado, el uribismo arreció en sus críticas, calificando el anuncio como un golpe de Estado a la democracia colombiana. “Elevar a la categoría de Acuerdo Especial, acuerdos que tratan múltiples materias, es usar indebidamente las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

En este sentido, señaló que incorporar al bloque de constitucionalidad lo que se pacte en Cuba “es una violación de la Constitución y una imposición indebida e inaceptable”. Y consideró también que con la modificación de la Constitución desde La Habana, el Congreso se convierte en un actor pasivo y de carácter notarial para aprobar las concesiones del Gobierno a las Farc.

“Reiteramos el llamado a la resistencia civil a esa imposición que desconoce el derecho de los colombianos a decidir si aprueban o rechazan que no haya cárcel para los culpables de los más graves delitos y que tengan elegibilidad política inmediata. Frente al Golpe de Estado del Gobierno y las Farc contra el Estado de Derecho, resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente para defender la democracia”, concluye el comunicado del Centro Democrático.