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Las veedurías públicas son importantes para el control de las entidades y la participación ciudadana. Eso lo saben bien en Cartagena, donde la Fundación Cívico Social Pro Cartagena (Funcicar), entidad que vigila de cerca al poder en la ciudad, está cumpliendo 30 años como organización de la sociedad civil dedicada de lleno a esos temas. Sus programas, también con incidencia en el Caribe colombiano, desarrollan capacidades y promueven una ciudadanía más responsable y exigente, en su ejercicio individual y colectivo, fortaleciendo procesos gubernamentales y políticos.
Funcicar tiene incidencia en todo el ciclo de la democracia, desde las campañas electorales hasta el ejercicio de gobierno. Carolina Calderón, su directora ejecutiva, se lo explica así a El Espectador: “Estamos convencidos de que una ciudadanía activa y vigilante contribuye al desarrollo del territorio. Trabajamos la cultura democrática, haciendo énfasis en el control social, a través de tres observatorios (al Concejo, a la Asamblea, y a la contratación estatal) que son 100% cartageneros y que han trabajado de manera sostenida desde hace más de 20 años, así como en la lucha contra la corrupción”.
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Sostiene que a través de programas especializados en denuncia activa, como Vigila Cartagena, son más de 4.5 billones de pesos protegidos desde 2018.
Con la Constitución Política de 1991 se abrió el paso a la participación ciudadana para que pudiera tener efecto directo sobre la gestión pública. Funcicar, que se creó en 1993, materializa este derecho desde su acción, y hace su labor en un contexto como el de Cartagena, caracterizado por la inestabilidad administrativa, malas prácticas de gobierno y contratación, desactualización de instrumentos de gestión pública, debilitamiento del control político, órganos de control débiles y politizados, y una ciudadanía que desconfía de las instituciones.
“Con los años, Funcicar ha cualificado y generado conocimiento alrededor de la lucha contra la corrupción, pero sobre todo nos interesa que sean muchas más personas, organizaciones, empresas, academia, y medios los que se movilicen en ello”, enfatizó Carolina Calderón.
Para los intereses de los políticos, los veedores pueden ser policías buenos o malos; para el caso de Funcicar, son veedores, sin marcas ni compromisos.
La ciudad de las murallas no solo es recordada por sus galeones, piratas y filibusteros, también porque en el escenario de la democracia han sido una constante sus problemas fiscales, la corrupción y la inestabilidad política. Ejemplo claro de ello son los 12 alcaldes que ha tenido la ciudad en la última década, que ha generado una pérdida de credibilidad en sus habitantes en relación con las instituciones.
El actual alcalde, William Dau, debe terminar este año su periodo al frente de la ciudad. Las veedurías han sido una parte importante de ese proceso. A inicios de este año, el mandatario hizo su rendición de cuentas, habló de los logros y expuso que el Distrito de Cartagena ha puesto la lupa sobre la situación financiera de la ciudad, dando como resultado un crecimiento del 145% del presupuesto proyectado para 2023 con relación a la vigencia 2020.
Sostuvo que su gobierno “Salvemos Juntos a Cartagena” levantó su plan de acción sobre la lucha contra la corrupción, para recuperar una ciudad que estuvo inmersa en este flagelo durante años: “en 2022 se recibieron 329 denuncias ciudadanas”, aseguró.
Por su parte, Funcicar realizó un estudio de seguimiento a los avances en la elaboración de las políticas públicas del Distrito de Cartagena. Identificó que de 21 políticas públicas que trabaja la administración distrital, 17 no tienen avances superiores al 30% con corte a febrero del 2023, hay tres que están por finalizar su formulación y una que ya fue terminada.
Daniela Puello Salcedo es la directora de la Oficina Asesora de Transparencia y Anticorrupción, una dependencia relativamente nueva, que solo lleva tres años en la ciudad amurallada, un modelo que también está en la alcaldía de Bogotá, y en ciudades como Cali y Palmira. Con su equipo, trabaja en el acceso a la Información, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad. Resalta la importancia de las veedurías en el ejercicio del poder y tiene buenas relaciones con Funcicar y la Contratopedia Caribe, entre otras veedurías ciudadanas.
Veedores, con la mirada en las próximas elecciones
Un informe de la Misión de Observación Electoral en Cartagena sostiene que la ciudad se posiciona como el segundo municipio/distrito del país con la mayor cantidad de Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) inscritos para la elección de alcaldes, con un total de 19 participantes. Solo la supera Medellín, con 20.
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La MOE Cartagena la integran Funcicar y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Afirman que frente a campañas políticas indebidas, en la ciudad se han presentado distintos reportes de actos proselitistas no asociados a GSC: la actividad propagandística es indebida hasta los tres meses anteriores a los comicios.
Para las elecciones locales y regionales de este 2023, Funcicar jugará un papel clave, según explica Carolina Calderón. “El nuevo Gobierno Nacional habla de territorios y esta contienda es donde se definen las autoridades locales, que van a gobernar departamentos, municipios y localidades. Queremos que Cartagena siga creciendo en su participación electoral (pasamos de 44,8% en 2007, a 55,25% en 2019) y en su intención de votar libremente: por ejemplo, en las últimas elecciones jugó un papel relevante el voto en blanco, que quedó segundo en la elección de gobernador, tercero en la alcaldía y quinto para el concejo municipal”, aseguró.
Por su parte, la directora de la Oficina Asesora de Transparencia y Anticorrupción diseñó y viene implementando su plan anticorrupción, No más Puya Ojos. “Buscamos generar pedagogía a la ciudadanía para entender los delitos electorales y cómo reportar las situaciones que se consideren fraudulentas o posiblemente constitutivas de corrupción antes y durante las elecciones” afirmó Daniela Puello.
Enfatizó que el objetivo es enseñarle a los cartageneros cuáles son los delitos electorales con voluntarios en barrios y universidades, instituciones y oficinas de programas sociales, complementado con una campaña en redes sociales y vallas informativas.
“Lo que quiere es disuadir las conductas en contra del erario público y obviamente el tema de delitos electorales, nosotros queremos anticiparnos al día de las elecciones y por eso vamos a poner a trabajar toda una estrategia de pedagogía de delitos electorales”, explicó. “Por ejemplo, se nos ha solicitado que hagamos gestiones para que ese día el sistema de transporte masivo, Transcaribe, sea gratis y entonces minimizar la trashumancia electoral. El sistema de denuncias es una obligación legal y nosotros estamos trabajando para que los ciudadanos nos reporten sobre hechos de corrupción”.
Por Pedro Mendoza
