Gobernabilidad tarifada

La imagen de trabajo y dedicación que ha logrado forjar en los colombianos le ha servido para salir indemne de las más duras crisis políticas o institucionales. Así como todos los resultados positivos le son atribuidos a la persona, todos los hechos negativos o las crisis le son imputados a la acción de los opositores.

Sin embargo, paradójicamente, esa popularidad no se ha traducido en una mayor gobernabilidad. Es decir, el apoyo no le ha conferido mayores márgenes de maniobra que le permitan traducir sus intenciones gubernamentales en hechos de gobierno. No ha podido estructurar políticas públicas que desaten procesos hacia la prosperidad, ni le ha permitido forjar procesos de apoyo que conduzcan a los empresarios, políticos, militares y simples ciudadanos a movilizarse más allá de los intereses personales.

Al cabo de seis años de gobierno, nadie puede decir que el gobierno Uribe le dio curso a un gran proyecto de infraestructura; ni que mejoró la competitividad del país; ni saneó las finanzas públicas; tampoco elevó los niveles de atención en salud o la calidad de la educación; no se tiene una agricultura más sólida, ni una estructura productiva diversificada.

Por el contrario, todo parece improvisado. La urgencia por mostrar pequeños resultados llevó a que el país se despreocupara por un mejor servicio de salud y una educación más calificada. Y por otra, estamos ante un Gobierno cuya popularidad es tarifada. La yidispolítica resume bien el elevadísimo costo que el popular Uribe tuvo que pagar, para lograr que le aprobaran sus reformas en el Congreso.

En fin, los seis años de gobierno del Álvaro Uribe han estado más marcados por las turbulencias políticas que por las realizaciones. Ni siquiera los exitosos reportes que se hacen de la política de seguridad democrática logran sostenerse. Los golpes que se han dado a las Farc (que todos celebramos), no se mantienen como resultados obtenidos respetando las reglas de la guerra; la reducción en las tasas de homicidios queda coja ante los hallazgos de fosas comunes y el reporte de cadáveres descuartizados que se perdieron en los ríos; y la reducción en las tasas delictivas no parece coincidir con la realidad que se vive en las calles.