Este martes, horas antes de que se anunciara la decisión del gobierno de convocar la consulta popular vía decreto, Luis Alfonso Escobar, el gobernador de Nariño, estuvo en una reunión con el presidente Gustavo Petro en la que discutieron acerca de la seguridad en el departamento en medio de los llamados a un paro de transportadores.
Escobar mencionó que en la región se están enfrentando a unas “complejas circunstancias” en materia de seguridad y conectividad. Por esta razón, el mandatario regional se reunirá el próximo jueves con los ministros de Transporte, María Fernanda Rojas, y de Defensa, Pedro Sánchez, para “accionar la respuesta institucional”.
Escobar también mencionó que en la reunión del jueves se va a discutir la seguridad de la vía Panamericana y aseguró la presencia del sector transportador del departamento.
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El gobernador confirmó que Petro ordenó adelantar un consejo departamental de seguridad “con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y brindar garantías a los liderazgos sociales e indígenas” después de la masacre en el municipio de Ricaurte.
En la mañana del pasado martes, el líder social Luis Aurelio Araujo y sus dos escoltas, Jesús Albeiro Chávez y Jackson Solarte, fueron asesinados en la región. El jefe de Estado, durante el consejo de ministros de ese mismo día, ordenó que la acción del Ejército en esa zona sea inmediata y que procedan con las investigaciones del caso.
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Asimismo, las seccionales de Pasto, Ipiales y Cauca de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) hicieron un llamado para que el Gobierno cumpla con lo pactado en el marco del paro de transportadores que se realizó el año pasado.
También anunciaron que, a partir del lunes 16 de junio, harán un paro indefinido ante los incumplimientos de los acuerdos. Esta decisión se debe a que, según lo que alegan desde el gremio, se ha visto un crecimiento desmedido de la inseguridad para los transportadores que se movilizan por la vía Panamericana y que une a los departamentos de Nariño y Cauca, entre los que destacan asesinatos, extorsiones, saqueos y bloqueos.
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En los últimos cuatro meses se reportó el asesinato de cuatro conductores, que se suman a las cifras denunciadas desde 2023: 20 homicidios, 1.400 bloqueos y pérdidas económicas superiores a los $6,3 billones.
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