El sábado 2 de junio los generales Hernán Giraldo y José David Guzmán, comandantes del Ejército y la Policía, respectivamente, en Antioquia, Chocó y Córdoba, visitaron a Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, para hacerle una advertencia que nunca antes, por ningún medio, había recibido: “Lo quieren asesinar. Tenemos información sobre un atentado. Es una amenaza seria”.
Dicha información, detectada por inteligencia del Ejército, se mantuvo en absoluta reserva. Sin embargo, el miércoles pasado en la tarde —mientras presentaba un informe en el piso 12 de la Gobernación, sobre la muerte en Antioquia de 44 maternas en 2011 (el 60% de los casos eran embarazos no planeados)— Fajardo recibió una llamada extraordinaria de una alta fuente de seguridad: “El atentado está planeado para hoy”.
El anuncio quebró la cotidianidad en el edificio del gobierno departamental, ubicado en el Centro Administrativo La Alpujarra, donde también están la Alcaldía, el Concejo, la Asamblea y el Palacio de Justicia José Félix Restrepo. El personal de seguridad revisó todo el edificio y no halló elementos extraños ni capturó a algún sospechoso. Se descartó así un rumor según el cual una persona habría entrado a los ascensores privados.
Fajardo se reunió durante toda la tarde con oficiales de la Policía, el Ejército y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. En la noche se cambió su esquema de seguridad, lo cual generó suspicacias sobre una posible infiltración. Sin embargo, el mismo gobernador dijo que la decisión se debió a un “procedimiento rutinario” y “de emergencia ante una circunstancia de estas”.
El mandatario no dio mayores detalles sobre el presunto plan para asesinarlo. Tampoco se atrevió a vincular lo ocurrido con sus denuncias en el sonado Libro Blanco, un texto de 54 páginas que enfatiza en irregularidades de la administración anterior y que arranca con un párrafo demoledor: “La corrupción es una empresa criminal tanto o más difícil de combatir que las bandas criminales o las guerrillas. Los daños son similares. Entre corruptos y violentos han logrado, en el fondo, lo mismo: convertir en migajas las oportunidades de las personas con mayores necesidades de nuestra sociedad”.
Sólo dijo que, según su intuición, así no lo pueda comprobar, las amenazas tienen que ver con el mundo de la corrupción, porque “en ese terreno se mueven muchos intereses que la comunidad no alcanza a sospechar”. “Yo sé que nosotros estamos tocando unas fibras muy poderosas en todo sentido. Nosotros hemos asumido una posición pública clara (…) hemos hecho público lo que encontramos, vemos y sentimos, con manifestaciones permanentes acerca de la lucha contra la corrupción de este país, lo que nos han robado y se están robando”.
Recalcó que su agenda no va a cambiar y anunció que hoy cumplirá con sus compromisos tal cual estaban previstos. Asistirá, por ejemplo, a la presentación del equipo de ciclismo Orgullo Antioqueño y visitará Urabá. “Yo sigo, eso no va a cambiar”, afirmó.
Sin embargo, las medidas de seguridad cambiaron. Tras conocer la denuncia, Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se comunicó el jueves con Fajardo para analizar la situación y coordinar el aumento de las medidas de protección para él y su familia, que pueden tomarse con el apoyo de más hombres y carros blindados. Esos detalles serán resueltos con Santiago Londoño, secretario de Gobierno.
El Partido Verde, su partido, salió a respaldar a Fajardo. “La búsqueda del poder por encima de los derechos humanos debe agotarse”, dijo en un comunicado. Mientras tanto, en el ambiente quedó una extraña sensación y el fantasma del regreso a épocas aciagas de terror, sólo que esta vez las amenazas de muerte, creen las autoridades, tienen que ver con esas mafias de corrupción que no quieren que la administración pública sea transparente.
Por Wálter Arias Hidalgo / Medellín
