El próximo miércoles 27 de octubre se tiene previsto que, ante el Congreso de la República y en desarrollo de una audiencia pública, el Gobierno de Iván Duque, así como otras entidades del Estado, rindan cuentas sobre las medidas que ha adoptado para prevenir y atender a las mujeres víctimas del conflicto armado, así como las garantías de no repetición.
La audiencia será realizada en la Comisión Séptima del Senado, encargada, entre otros, de asuntos de la mujer y de la familia. A ella están citadas nueve instituciones que deberán dar cuenta sobre los instrumentos, marcos jurídicos y espacios de escucha que permitan prevenir y enfrentar la magnitud de la problemática.
“La realidad de la violencia contra las mujeres es quizá uno de los conflictos sociales con menor visibilidad en el país, debido a múltiples factores de toda índole: la complejidad de las situaciones individuales de las mujeres, la falta de reconocimiento de esta problemática como un problema social, las barreras para el acceso a la justicia y la desigualdad estructural entre ambos sexos, entre otras”, explicaron los convocantes de la audiencia.
Los citantes también recordaron cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica que, en su informe “Guerra inscrita en el cuerpo”, documentó que hasta septiembre de 2017 había 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. De estas, el 91,6 % eran niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Por otro lado, la campaña “violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra” encontró que entre 2001 y 2009, en promedio, cada hora hubo 6 mujeres que sufrieron violencia sexual en Colombia. Adicionalmente, una encuesta aplicada por organizaciones de mujeres, también entre 2000 y 2009, señaló que 12.809 mujeres fueron víctimas de violación relacionada al conflicto, otras 1.575 obligadas a ejercer la prostitución, 4.415 con embarazos forzados y 1.810 víctimas abortos forzados.
“Con todo esto, la tesis de que los cuerpos de las mujeres han sido utilizados en este conflicto para lograr objetivos militares y como botín de guerra, pero también para ejercer control social y territorial sigue siendo vigente”, advirtieron, llamando la atención por dificultades como el subregistro, “pues las mujeres han optado por guardar su dolor y no contar lo sucedido por miedo a ser señaladas, estigmatizadas o incluso revictimizadas por las mismas instituciones encargadas de tratar los temas o de impartir justicia”.
Los citantes son los senadores Aida Avella (UP), Alberto Castilla e Iván Cepeda (Polo Democrático), junto a organizaciones como Oxfam Colombia, Tejido Mujer ACIN, la Fundación Nydia Erika Bautista y Casa de la Mujer.
Deberían rendir cuentas instituciones como el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, el Ministerio Público y los despachos presidenciales encargados de estos asuntos.
