“Gobierno abusó de los estados de emergencia para eliminar el control ciudadano”: Pares

Justo cuando se adelantará en la Comisión Quinta del Senado la audiencia pública sobre “Vigilancia y seguimiento a la vacunación por COVID-19 en Colombia”, se conoció de una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en la que cuestionan la falta de transparencia y mecanismos de control ciudadano a las contrataciones gubernamentales para la atención del coronavirus hechas en el marco de la pandemia.

La primera conclusión que sacó la organización es que se crearon dos fondos, a través de decretos legislativos expedidos durante la declaratoria de estado de emergencia económica, que, a su juicio, cumplen la misma función. Se trata del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a cargo del Ministerio de Hacienda, y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19, creada dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd) y que depende del Departamento Administrativo de la Presidencia.

“El Gobierno Nacional, en atribución extraordinaria de sus facultades por el Estado de Emergencia, había creados dos fondos que hacían prácticamente lo mismo, no obstante, focalizaron toda la contratación de salud, asistencia humanitaria y todo lo relacionado con el COVID-19 mediante la Ungrd, entidad que tiene un régimen de contratación especial y que, además, administra la multimillonaria Subcuenta COVID-19 en el Fngrd, mediante un acuerdo de confidencialidad que no tiene sustento jurídico claro y que viola los principios y articulado de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se lee en un apartado de la investigación. Sobre esas funciones extraordinarias, señala el documento, “se fundamentó en el abuso del ‘estado de emergencia’ para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de mercados, ventiladores y actualmente la vacuna”.

El FOME, explican, se rige por derecho privado, “un artificio sobre el cual nadie prestó atención en su momento”, al igual que la Subcuenta COVID-19, la cual quedó reglamentada a través de la Resolución 0296 del 4 mayo de 2020, expedida por la Ungrd. “Aunque pareciera una leve coincidencia, se trata de una duplicidad de funciones en fondos para la atención de la pandemia”, insiste la Fundación Pares.

Y no es solo esto, de acuerdo con la pesquisa, la Ungrd es la encargada de convocar y ejecutar las contrataciones que haga el Ministerio de Salud, además de las propias, como la asistencia humanitaria. Es decir, los compromisos del despacho en cabeza de Fernando Ruiz son “hacer requerimientos de contratación indicándolas especificaciones técnicas de los bienes y servicios, así como las cantidades a adquirir”, “estructurar los requisitos de evaluación de las ofertas en el componente técnico y evaluar las propuestas que se presenten en los procesos de selección, mientras que la Ungrd conforma un equipo de apoyo para esto efectos” y “dar el aval técnico a la propuesta adjudicatoria”.

La Ungrd, entonces, según el acuerdo de entendimiento y colaboración, tendrá que “adelantar los procesos contractuales”, “estructurar los componentes económicos-financieros y jurídicos de los procesos” y llevarlos en marcha.

De este acuerdo, Pares alerta el apartado sobre “Difusión, reciprocidad y confidencialidad”, con el que se permite mantener en reserva toda la materia contraactual. “Los participantes se obligan conjuntamente a no suministrar ninguna clase de información o detalle y a mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio, con excepción de la comunicación estrictamente relacionada con los detalles de publicidad e información social relacionada con la suscripción del presente acuerdo que, en virtud de las disposiciones legales vigentes, deba ser entregada a las autoridades judiciales o administrativas”, se lee en el documento suscrito por Eduardo José González, director de Ungrd y administrador de la Subcuenta COVID-19, y por Gerardo Lubín Burgos, secretario general del Ministerio de Salud.

Pero esto no es lo único que alerta Pares. Según la organización, también en el marco del estado de emergencia, el Gobierno habría contratado la entrega de unos alimentos por costos mucho más altos que los cotizados en el mercado. De acuerdo con los hallazgos, 313 contratos, celebrados en 29 de los 32 departamentos, presentaron presuntas irregularidades asociadas a sobrecostos en los kits alimenticios, la ausencia de información contractual y la falta de idoneidad de los contratistas.

“En abril de 2020, mientras se configuraba todo el entramado, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no logró explicar ni mostrar pruebas que justificaran que unos kits de mercados, cotizados por el equipo periodístico de la emisora (La W) en un poco más de $80.000, le hubieran costado a la Ungrd $117.000, como consta en las órdenes de proveeduría investigada por Pares”, dice el documento.

Expuestos estos dos hallazgos (doble fondos y sobrecostos en kits), la organización señaló que la Ungrd se “convirtió en una entidad súper poderosa”, con funciones extraordinarias para gestionar y contratar kits alimenticios, pero también ventiladores, insumos biomédicos y, un asunto crucial en este momento, las dosis para vacunar a, por lo menos, 29 millones de colombianos, como dijo recientemente el Gobierno al hablar del plan de inmunización.

Sus autores puntualizaron en cómo esta entidad absorbió las funciones del Ministerio de Salud y se convirtió en la protagonista de la contratación sin transparencia. Recordaron, por ejemplo, aunque la compra de los ventiladores estuvo a cargo del Ministerio de Salud en un principio, esto cambió con el decreto que creó la Subcuenta COVID-19.

“Esto ralentizó la contratación y eliminó la posibilidad de acceder a la información pública. Un proceso que involucraba la compra de 4.458 ventiladores y 12 contratos por $426.457 millones, como lo señaló La Silla Vacía en julio de 2020”, expresaron.

Además de esto, Pares encontró que el pasado 10 de septiembre de 2020, mediante la Resolución 0532, se modificaron los manuales de contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Con esta movida, aseguró la Fundación, se le dio la facultad al Fondo para contratar directamente “y sin ningún tipo de control o requisito”.

“La UNGRD ha utilizado este mecanismo para seguir contratando recursos que llegan a poco más del billón de pesos, de los cuales se desconoce su paradero por el mecanismo de opacidad aplicado de parte del Gobierno, característico de autoritarismos hegemónicos o dictaduras”, agregó, aduciendo que todo esto pasa justo en el marco de una crisis en la que se flexibilizan los mecanismos de contratación.

En ese sentido, tan difícil fue rastrear los montos que destinó la Ungrd a adquirir bienes y servicios durante la pandemia, que la fundación tuvo que realizar seguimiento de los estados financieros de dicha entidad en los reportes mensuales desde marzo de 2020 hasta noviembre de ese año, período del que hay información. “Según el último reporte financiero, la entidad había trasladado $955.352 millones para pagos a proveedores, transferencias al Fgnrd, compra de ventiladores y kits alimenticios de asistencia humanitaria”.

Así las cosas, los acuerdos de confidencialidad, la contratación directa por régimen privado, la ausencia total de información sobre dichos procesos, de sus contratistas y la ejecución de los recursos, son elementos que esbozan un panorama preocupante para la democracia colombiana. Sumado a esto, está lo que la organización llamó: “la incapacidad del Congreso de realizar control político y sobre todo de los órganos de control sobre los que no existe ninguna investigación al respecto”. En ese horizonte, con las evidencias relatadas en la investigación y sin el pulso de los contrapesos estatales, se están pactando negociaciones para adquirir las vacunas que, dijo el Gobierno, se distribuirán y aplicarán en febrero.

Justo cuando se adelantará en la Comisión Quinta del Senado la audiencia pública sobre “Vigilancia y seguimiento a la vacunación por COVID-19 en Colombia”, se conoció de una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en la que cuestionan la falta de transparencia y mecanismos de control ciudadano a las contrataciones gubernamentales para la atención del coronavirus hechas en el marco de la pandemia.

La primera conclusión que sacó la organización es que se crearon dos fondos, a través de decretos legislativos expedidos durante la declaratoria de estado de emergencia económica, que, a su juicio, cumplen la misma función. Se trata del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a cargo del Ministerio de Hacienda, y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19, creada dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd) y que depende del Departamento Administrativo de la Presidencia.

“El Gobierno Nacional, en atribución extraordinaria de sus facultades por el Estado de Emergencia, había creados dos fondos que hacían prácticamente lo mismo, no obstante, focalizaron toda la contratación de salud, asistencia humanitaria y todo lo relacionado con el COVID-19 mediante la Ungrd, entidad que tiene un régimen de contratación especial y que, además, administra la multimillonaria Subcuenta COVID-19 en el Fngrd, mediante un acuerdo de confidencialidad que no tiene sustento jurídico claro y que viola los principios y articulado de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se lee en un apartado de la investigación. Sobre esas funciones extraordinarias, señala el documento, “se fundamentó en el abuso del ‘estado de emergencia’ para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de mercados, ventiladores y actualmente la vacuna”.

El FOME, explican, se rige por derecho privado, “un artificio sobre el cual nadie prestó atención en su momento”, al igual que la Subcuenta COVID-19, la cual quedó reglamentada a través de la Resolución 0296 del 4 mayo de 2020, expedida por la Ungrd. “Aunque pareciera una leve coincidencia, se trata de una duplicidad de funciones en fondos para la atención de la pandemia”, insiste la Fundación Pares.

Y no es solo esto, de acuerdo con la pesquisa, la Ungrd es la encargada de convocar y ejecutar las contrataciones que haga el Ministerio de Salud, además de las propias, como la asistencia humanitaria. Es decir, los compromisos del despacho en cabeza de Fernando Ruiz son “hacer requerimientos de contratación indicándolas especificaciones técnicas de los bienes y servicios, así como las cantidades a adquirir”, “estructurar los requisitos de evaluación de las ofertas en el componente técnico y evaluar las propuestas que se presenten en los procesos de selección, mientras que la Ungrd conforma un equipo de apoyo para esto efectos” y “dar el aval técnico a la propuesta adjudicatoria”.

La Ungrd, entonces, según el acuerdo de entendimiento y colaboración, tendrá que “adelantar los procesos contractuales”, “estructurar los componentes económicos-financieros y jurídicos de los procesos” y llevarlos en marcha.

De este acuerdo, Pares alerta el apartado sobre “Difusión, reciprocidad y confidencialidad”, con el que se permite mantener en reserva toda la materia contraactual. “Los participantes se obligan conjuntamente a no suministrar ninguna clase de información o detalle y a mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio, con excepción de la comunicación estrictamente relacionada con los detalles de publicidad e información social relacionada con la suscripción del presente acuerdo que, en virtud de las disposiciones legales vigentes, deba ser entregada a las autoridades judiciales o administrativas”, se lee en el documento suscrito por Eduardo José González, director de Ungrd y administrador de la Subcuenta COVID-19, y por Gerardo Lubín Burgos, secretario general del Ministerio de Salud.

Pero esto no es lo único que alerta Pares. Según la organización, también en el marco del estado de emergencia, el Gobierno habría contratado la entrega de unos alimentos por costos mucho más altos que los cotizados en el mercado. De acuerdo con los hallazgos, 313 contratos, celebrados en 29 de los 32 departamentos, presentaron presuntas irregularidades asociadas a sobrecostos en los kits alimenticios, la ausencia de información contractual y la falta de idoneidad de los contratistas.

“En abril de 2020, mientras se configuraba todo el entramado, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no logró explicar ni mostrar pruebas que justificaran que unos kits de mercados, cotizados por el equipo periodístico de la emisora (La W) en un poco más de $80.000, le hubieran costado a la Ungrd $117.000, como consta en las órdenes de proveeduría investigada por Pares”, dice el documento.

Expuestos estos dos hallazgos (doble fondos y sobrecostos en kits), la organización señaló que la Ungrd se “convirtió en una entidad súper poderosa”, con funciones extraordinarias para gestionar y contratar kits alimenticios, pero también ventiladores, insumos biomédicos y, un asunto crucial en este momento, las dosis para vacunar a, por lo menos, 29 millones de colombianos, como dijo recientemente el Gobierno al hablar del plan de inmunización.

Sus autores puntualizaron en cómo esta entidad absorbió las funciones del Ministerio de Salud y se convirtió en la protagonista de la contratación sin transparencia. Recordaron, por ejemplo, aunque la compra de los ventiladores estuvo a cargo del Ministerio de Salud en un principio, esto cambió con el decreto que creó la Subcuenta COVID-19.

“Esto ralentizó la contratación y eliminó la posibilidad de acceder a la información pública. Un proceso que involucraba la compra de 4.458 ventiladores y 12 contratos por $426.457 millones, como lo señaló La Silla Vacía en julio de 2020”, expresaron.

Además de esto, Pares encontró que el pasado 10 de septiembre de 2020, mediante la Resolución 0532, se modificaron los manuales de contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Con esta movida, aseguró la Fundación, se le dio la facultad al Fondo para contratar directamente “y sin ningún tipo de control o requisito”.

“La UNGRD ha utilizado este mecanismo para seguir contratando recursos que llegan a poco más del billón de pesos, de los cuales se desconoce su paradero por el mecanismo de opacidad aplicado de parte del Gobierno, característico de autoritarismos hegemónicos o dictaduras”, agregó, aduciendo que todo esto pasa justo en el marco de una crisis en la que se flexibilizan los mecanismos de contratación.

En ese sentido, tan difícil fue rastrear los montos que destinó la Ungrd a adquirir bienes y servicios durante la pandemia, que la fundación tuvo que realizar seguimiento de los estados financieros de dicha entidad en los reportes mensuales desde marzo de 2020 hasta noviembre de ese año, período del que hay información. “Según el último reporte financiero, la entidad había trasladado $955.352 millones para pagos a proveedores, transferencias al Fgnrd, compra de ventiladores y kits alimenticios de asistencia humanitaria”.

Así las cosas, los acuerdos de confidencialidad, la contratación directa por régimen privado, la ausencia total de información sobre dichos procesos, de sus contratistas y la ejecución de los recursos, son elementos que esbozan un panorama preocupante para la democracia colombiana. Sumado a esto, está lo que la organización llamó: “la incapacidad del Congreso de realizar control político y sobre todo de los órganos de control sobre los que no existe ninguna investigación al respecto”. En ese horizonte, con las evidencias relatadas en la investigación y sin el pulso de los contrapesos estatales, se están pactando negociaciones para adquirir las vacunas que, dijo el Gobierno, se distribuirán y aplicarán en febrero.