Gobierno, al tablero por políticas para prevenir abuso sexual a menores

Cifras de Medicina Legal reportan más de 4.000 casos denunciados sobre abuso sexual a menores, en 2017. / Archivo

A raíz de las alarmantes cifras que ha entregado Medicina Legal que indican que en lo corrido del año van, al menos, unos 4315 casos denunciados por abuso sexual a menores de edad, el Congreso ha decidido emprender acciones. Empezando por su principal herramienta: el debate de control político. La Comisión Segunda de la Cámara aceptó la citación a los ministros de Salud, Educación y al Icbf para que respondan sobre el presunto incumplimiento en la política de prevención de abuso sexual contra menores.

El congresista de la U, Efraín Torres, autor del proyecto que busca implementar la cadena perpetua para violadores de niños, argumentó que desde 2007 –cuando se aprobó la ley que reglamenta políticas de prevención- no se ha hecho efectiva tal normativa, y por eso, dijo, es hora de que el Gobierno responda.

“El Gobierno ha sido totalmente incoherente en su discurso mediático frente a los últimos hechos. Siempre que aparece una nueva víctima se repudia el hecho pero no toman acciones frente a la política pública establecida por la ley y que no ha sido ejecutada desde hace 10 años”, afirmó Torres.

Y es que según dicha norma, los establecimientos de educación media y superior deben incluir en sus programas de estudios, con especial énfasis en una cátedra de educación para la sexualidad, añadiendo el respeto a la dignidad y a los derechos del menor. Asuntos que para el legislador uribista se siguen incumpliento.

“A este debate citamos al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y al Icbf, para que se analicen las razones por las cuales el Gobierno aún no tiene una política de prevención y atención que realmente sea la primera barrera para que niños y niñas no se vean vulnerados en sus entornos más cercanos”, añadió el representante de la U.

Al debate de control político, que se espera que sea la próxima semana, también fue invitado al fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el procurador, Fernando Carrillo; y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.