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Durante 2025, la empresa estatal de mensajería 4-72 ejecutará al menos $174.489 millones en contratos firmados con distintas entidades del Gobierno nacional. El más reciente de estos, por $11.756 millones, fue firmado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para “prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias” para los eventos y actividades del departamento que lidera Angie Rodríguez. El contrato comenzó a regir este martes 1 de julio y se extenderá hasta julio de 2026.
Además de ese convenio, el contrato de mayor cuantía fue firmado con el Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, por $88.964 millones. Esta contratación ha encendido alertas en sectores de la oposición.
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El concejal de Bogotá Daniel Briceño (Centro Democrático) cuestionó el objeto del contrato, que es “prestar servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas”, pese a que la naturaleza de la empresa, históricamente enfocada en mensajería y servicios postales.
A estos contratos se suman otros dos: uno por $55.254 millones con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (adscrita a Prosperidad Social) y otro por $18.515 millones con el Ministerio de Minas y Energía. En conjunto, los cuatro contratos representan casi una tercera parte del presupuesto total de la empresa para este año, que asciende a $433.546 millones.
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El presidente de 4-72, Juan García —exconcejal de Barranquilla y militante del Pacto Histórico— no respondió a los intentos de contacto por parte de El Espectador. Sin embargo, en declaraciones a medios locales ha defendido la legalidad de los convenios: “Es un asunto político y es la Contraloría la que debe hacer seguimiento. Estos eventos serán públicos y tendrán que ser netamente de esa actividad. Apenas arrancamos a legalizar el contrato”.
La contratación para eventos no ha sido exclusiva de 4-72. Según un rastreo realizado por este medio en bases públicas de contratación y publicado en su edición dominical, desde el 1 de enero hasta el 27 de junio de este año, el Gobierno ha ejecutado $226.194 millones en contratos con empresas, públicas y privadas, para la realización de eventos institucionales en todo el país. Esta cifra no incluye los $11.363 millones que se han destinado a tiquetes aéreos para funcionarios.
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Además, como reveló este medio, desde el 1 de enero hasta la fecha se han registrado al menos 38 concentraciones públicas organizadas por el Gobierno nacional en diferentes regiones del país.
En un rastreo previo hecho por este diario entre el 7 de agosto de 2022 y el 10 de diciembre de 2024, se encontró que solo la Presidencia realizó convenios por $35.766 millones para sus eventos en todo el país. En ese lapso, Petro y la vicepresidenta Francia Márquez realizaron 362 eventos públicos.
Lea el acto administrativo que justifica el más reciente contrato de 4-72:
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