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El alto consejero de la Presidencia para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, afirmó que una eventual ampliación del fuero penal militar, que expandiría la jurisdicción de los tribunales castrenses, "está siendo examinada" por el Gobierno tras haber recibido críticas internacionales.
"(La norma) está siendo examinada por el Gobierno. Hemos recibido las quejas de la comunidad internacional y actualmente estamos examinando el texto", dijo Rivera en declaraciones a periodistas en un acto en Bogotá.
El funcionario respondió así a la carta abierta que desde la sede en Ginebra de las Naciones Unidas emitieron este lunes doce expertos en derechos humanos, que instaron al Gobierno de Juan Manuel Santos y al Congreso a reconsiderar el proyecto de ley que, en la práctica, aumenta la jurisdicción de los tribunales militares.
"El proyecto de ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial", advirtieron los expertos.
Colombia, que actualmente se encuentra inmersa en un proceso de paz con las Farc que dura ya casi dos años, impulsó en 2012 otro acto legislativo que reformaba el sistema de justicia militar, que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional del país por vicios de trámite.
Con el actual proyecto, se permitiría que crímenes cometidos por militares (homicidio, delitos contra la protección de la información y de los datos, entre otros) contra la población civil sean juzgados por tribunales castrenses cuando, según los expertos, "deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios".
Dicha norma, que no obstante excluye algunas violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar, se aplicaría en el proceso transicional que el Ejecutivo de Santos aspira a conseguir con la firma de un eventual acuerdo de paz con la guerrilla.
Por EFE
