Gobierno le dijo ‘no’ a la CIDH

Un duro choque se ha presentado durante los últimos días entre el gobierno Santos y el procurador Alejandro Ordóñez, por cuenta de un informe que Colombia le envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de un nuevo episodio de la ya conocida confrontación que sostienen ambos bandos por cuenta de las negociaciones con las Farc. La controversia empezó el pasado 2 de febrero, cuando el procurador les envió una carta a los presidentes de la Cámara y el Senado asegurando que el Gobierno no adecuaría el Marco Jurídico para la Paz a los estándares internacionales en la materia, contrariando de esa manera las recomendaciones de la CIDH.

De inmediato, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, lo desmintió públicamente. La confrontación llegó a tal punto que el 27 de febrero Ordóñez emitió un comunicado informando que “la Procuraduría se sostiene en ese pronunciamiento” y, para probarlo, publicó un pequeño fragmento del informe, que tiene carácter reservado. El Espectador conoció apartes del documento por el que hoy se enfrentan el Gobierno y el jefe del Ministerio Público. Se trata de un informe de casi 400 páginas titulado “Avances en la protección y garantía de los derechos humanos en Colombia y seguimiento a las recomendaciones de la CIDH”.

El documento, que fue enviado a la Comisión en diciembre pasado, constituye una respuesta al extenso informe sobre Colombia que elaboró la CIDH en 2013. En su redacción participaron los ministerios de Justicia y de Defensa, la Fiscalía, las unidades de Víctimas y Restitución de Tierras, las consejerías presidenciales de la Mujer y para los Derechos Humanos, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Paradójicamente, también tuvo asiento en ese grupo la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Al respecto, el ministro de Justicia declaró que “si el procurador consultó a su delegado sobre el documento y lo leyó más allá de los titulares, debe ser consciente de que su afirmación no es cierta”.

La polémica se concentra en el apartado “Seguimiento a las recomendaciones del informe país”. En el numeral uno, titulado “Recomendaciones no compartidas”, el Gobierno le hace saber a la CIDH que no acogerá dos de las peticiones que ese organismo incluyó en el informe sobre Colombia. La primera consistió en que el Estado colombiano adecuara el Marco Jurídico para la Paz a los estándares internaciones de DD.HH. Colombia respondió que no estaba de acuerdo en que “se debe investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de violaciones a los DD.HH.” y que, por tanto, aplicará el criterio de selección de máximos responsables. Es decir que, si las Farc dejan las armas, sólo se juzgará a algunos de los comandantes guerrilleros.

El mecanismo de selección de los subversivos que serían sometidos a futuros escenarios de justicia transicional, y las características del nuevo modelo de juzgamiento, serán definidos durante la discusión del quinto punto (tercero en la agenda) en la mesa de conversaciones de La Habana. Por eso, el procurador le pidió al Congreso “tener en cuenta la preocupación de la CIDH, consistente en que el criterio de selección pueda conllevar a la impunidad”. No obstante, fuentes del Gobierno insisten en que es política y administrativamente inviable juzgar a todos los responsables. Para demostrar que esa decisión está ajustada a los lineamientos internacionales, el Ejecutivo le recordó a la Comisión lo planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia por la masacre de El Mozote, en la que resultó condenado el país centroamericano de El Salvador.

En ese fallo, la Corte IDH determinó que la amnistía concedida como parte del proceso de paz salvadoreño no era incompatible con la Convención Americana, toda vez que contempló la investigación de casos emblemáticos y el juzgamiento de algunos de los responsables de esos hechos. Para la Corte, “se justifica, en ocasiones, la emisión de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz”, contrariando de esa manera lo dicho por la CIDH. En el informe conocido por este diario, el Estado colombiano concluyó que, en esa sentencia, la Corte había tomado una decisión definitiva “para los casos de transiciones del conflicto armado a la paz, para afirmar que no necesariamente toda grave violación a los DD.HH. debe ser sancionada penalmente”.

Así las cosas, el gobierno Santos dejó constancia de que implementará una justicia transicional con las Farc acorde con el fallo de El Mozote. Mientras tanto, el procurador continúa defendiendo su tesis de que, así como están las cosas, este modelo de paz estaría atravesado por la impunidad. Ordóñez respaldó las opiniones del exsecretario de la ONU, Kofi Annan, según las cuales el modelo de justicia transicional que se pacte con la guerrilla debe “cumplir los mínimos internacionales”. Las Farc, por su parte, han dicho que no pagarán “ni un día de cárcel”.

El gobierno Santos sostiene que es un imposible jurídico juzgar y condenar a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. La CIDH insiste en que el Estado no puede renunciar a esa obligación. Una discusión que ya se saldó en el Congreso con el Marco para la Paz, pero que deberá ajustarse en la mesa de negociaciones en Cuba.

Un duro choque se ha presentado durante los últimos días entre el gobierno Santos y el procurador Alejandro Ordóñez, por cuenta de un informe que Colombia le envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de un nuevo episodio de la ya conocida confrontación que sostienen ambos bandos por cuenta de las negociaciones con las Farc. La controversia empezó el pasado 2 de febrero, cuando el procurador les envió una carta a los presidentes de la Cámara y el Senado asegurando que el Gobierno no adecuaría el Marco Jurídico para la Paz a los estándares internacionales en la materia, contrariando de esa manera las recomendaciones de la CIDH.

De inmediato, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, lo desmintió públicamente. La confrontación llegó a tal punto que el 27 de febrero Ordóñez emitió un comunicado informando que “la Procuraduría se sostiene en ese pronunciamiento” y, para probarlo, publicó un pequeño fragmento del informe, que tiene carácter reservado. El Espectador conoció apartes del documento por el que hoy se enfrentan el Gobierno y el jefe del Ministerio Público. Se trata de un informe de casi 400 páginas titulado “Avances en la protección y garantía de los derechos humanos en Colombia y seguimiento a las recomendaciones de la CIDH”.

El documento, que fue enviado a la Comisión en diciembre pasado, constituye una respuesta al extenso informe sobre Colombia que elaboró la CIDH en 2013. En su redacción participaron los ministerios de Justicia y de Defensa, la Fiscalía, las unidades de Víctimas y Restitución de Tierras, las consejerías presidenciales de la Mujer y para los Derechos Humanos, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Paradójicamente, también tuvo asiento en ese grupo la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Al respecto, el ministro de Justicia declaró que “si el procurador consultó a su delegado sobre el documento y lo leyó más allá de los titulares, debe ser consciente de que su afirmación no es cierta”.

La polémica se concentra en el apartado “Seguimiento a las recomendaciones del informe país”. En el numeral uno, titulado “Recomendaciones no compartidas”, el Gobierno le hace saber a la CIDH que no acogerá dos de las peticiones que ese organismo incluyó en el informe sobre Colombia. La primera consistió en que el Estado colombiano adecuara el Marco Jurídico para la Paz a los estándares internaciones de DD.HH. Colombia respondió que no estaba de acuerdo en que “se debe investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de violaciones a los DD.HH.” y que, por tanto, aplicará el criterio de selección de máximos responsables. Es decir que, si las Farc dejan las armas, sólo se juzgará a algunos de los comandantes guerrilleros.

El mecanismo de selección de los subversivos que serían sometidos a futuros escenarios de justicia transicional, y las características del nuevo modelo de juzgamiento, serán definidos durante la discusión del quinto punto (tercero en la agenda) en la mesa de conversaciones de La Habana. Por eso, el procurador le pidió al Congreso “tener en cuenta la preocupación de la CIDH, consistente en que el criterio de selección pueda conllevar a la impunidad”. No obstante, fuentes del Gobierno insisten en que es política y administrativamente inviable juzgar a todos los responsables. Para demostrar que esa decisión está ajustada a los lineamientos internacionales, el Ejecutivo le recordó a la Comisión lo planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia por la masacre de El Mozote, en la que resultó condenado el país centroamericano de El Salvador.

En ese fallo, la Corte IDH determinó que la amnistía concedida como parte del proceso de paz salvadoreño no era incompatible con la Convención Americana, toda vez que contempló la investigación de casos emblemáticos y el juzgamiento de algunos de los responsables de esos hechos. Para la Corte, “se justifica, en ocasiones, la emisión de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz”, contrariando de esa manera lo dicho por la CIDH. En el informe conocido por este diario, el Estado colombiano concluyó que, en esa sentencia, la Corte había tomado una decisión definitiva “para los casos de transiciones del conflicto armado a la paz, para afirmar que no necesariamente toda grave violación a los DD.HH. debe ser sancionada penalmente”.

Así las cosas, el gobierno Santos dejó constancia de que implementará una justicia transicional con las Farc acorde con el fallo de El Mozote. Mientras tanto, el procurador continúa defendiendo su tesis de que, así como están las cosas, este modelo de paz estaría atravesado por la impunidad. Ordóñez respaldó las opiniones del exsecretario de la ONU, Kofi Annan, según las cuales el modelo de justicia transicional que se pacte con la guerrilla debe “cumplir los mínimos internacionales”. Las Farc, por su parte, han dicho que no pagarán “ni un día de cárcel”.

El gobierno Santos sostiene que es un imposible jurídico juzgar y condenar a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. La CIDH insiste en que el Estado no puede renunciar a esa obligación. Una discusión que ya se saldó en el Congreso con el Marco para la Paz, pero que deberá ajustarse en la mesa de negociaciones en Cuba.