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El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció en la tarde de este martes sobre la grave situación de seguridad que enfrenta Ecuador, la cual llevó al presidente de ese país, Daniel Noboa, a decretar el reconocimiento de un conflicto armado. La situación se agravó en las últimas horas, esto tras la fuga de alias “Fito”, líder de la agrupación delictiva “Los Choneros”; los motines en varias cárceles, la toma en vivo de un canal de televisión y el ingreso de criminales a una universidad.
Según la Cancillería, el gobierno de Gustavo Petro rechaza los recientes hechos de violencia desatados en varias ciudades ecuatorianas y expresa su solidaridad con los afectados. En el comunicado, la entidad también aseguró que la actual administración “expresa su explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al estado de derecho en la hermana República del Ecuador”.
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“El Gobierno de Colombia hace votos para que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público, expresa su apoyo al Gobierno y al pueblo de Ecuador y manifiesta su solidaridad con sus legítimas autoridades, con miras a restaurar el espíritu de armonía en beneficio del pueblo ecuatoriano”, agrega el pronunciamiento oficial.
Según la autoridades ecuatorianas, un total de 21 organizaciones criminales están en la mira de las Fuerzas Armadas por esta escalada de violencia: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
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De acuerdo con fuentes del Ejército y la Defensoría, en medio de los pactos entre bandas ecuatorianas y mafias mexicanas, hay un factor colombiano: las disidencias de las FARC y un grupo sucesor del paramilitarismo que opera en la región y son conocidos como Comandos de la Frontera.
Las autoridades señalan que los Comandos de la Frontera usan vehículos con doble fondo, informantes y personal que cuida las cargas en municipios como Puerto Asís y Puerto Leguízamo en Colombia y Puerto El Carmen, Puerto Mestanza y Lago Agrio en Ecuador, donde se pactan las entregas de cocaína a los grupos criminales ecuatorianos, encargados de despacharlos por vía marítima hacia Centroamérica.
Para algunos analistas, con el anuncio de un conflicto armado interno la situación en Ecuador podría empeorar, pues la medida implica una intervención de las Fuerzas Armadas con “un rol más ofensivo respecto al combate frontal del crimen organizado” y con un “papel más protagónico”.
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