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Ante la escalada violenta que se viene registrando en varias regiones del país, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, reconoció que este tipo de actuaciones criminales están teniendo impacto sobre los procesos de restitución y entrega de hectáreas a víctimas de la guerra y otras comunidades en diversas zonas.
De hecho, en una entrevista que se publicó este martes en El Espectador, el funcionario reveló que el Clan del Golfo tiene la intención de mantener la hegemonía sobre bienes del Estado y que –por eso mismo– ejecutan actos violentos contra la población y agentes públicos que buscan recuperar los terrenos.
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“Hemos encontrado que definitivamente la tierra sigue siendo piedra angular de la guerra en Colombia. El hecho mismo de que queramos recuperar los bienes de la Sociedad de Activos Especiales nos ha permitido constatar que mucha tierra sigue en manos de actores criminales, las defienden a sangre y fuego y a la Agencia Nacional de Tierra le toca liderar esos ejercicios de desalojo”, precisó Harman en su diálogo con este diario.
Y agregó: “Hemos mapeado muy bien lo que está ocurriendo con los bienes en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca y en Córdoba, y es evidente que esas estructuras del Clan mantienen control y hegemonía absoluta frente a los bienes del Estado. Cada bien implica un desalojo y nos hemos encontrado con un sinnúmero de dificultades propias de este ejercicio, pero ratificamos que el Estado es el que ha sido despojado y esas tierras son para la reparación de las víctimas”.
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De hecho, este mismo 6 de mayo, en la Casa de Nariño, se dio una reunión entre el presidente Gustavo Petro y quienes lideran en su Gobierno los procesos de implementación de la reforma agraria, que incluye a Harman y a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
En esa instancia, el jefe de Estado aseguró que hay sectores que desde diversas instancias quieren, según él, frenar el avance en la implementación de ese punto que, además, hace parte del acuerdo de paz que se firmó en 2016 con las extintas FARC.
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Pero, como el país están en época de precamapaña electoral, se confirmó que los comités conformados en torno a la reforma agraria serán también usados para promover la consulta popular con la que el Gobierno quiere, bajo la tesis de revivir la hundida reforma laboral, medir en urnas qué tanta fuerza tiene el progresismo para reelegirse en 2026.
“El movimiento campesino ha generado expectativas con su capacidad de movilización, hoy hay 450 comités de reforma agraria en 450 municipios de Colombia. Bajo esa consideración estamos abiertos a que realmente se discutan las transformaciones que requiere este país”, precisó Harman.
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