Los 362 “plazoletazos” en 816 días de Petro y Márquez han costado $35.766 millones

El presidente Gustavo Petro no disfruta el silencio y el protocolo de la Casa de Nariño. Prefiere, por el contrario, la cercanía y la visibilidad que le trae estar en una tarima frente a sus seguidores. Por ello, asistió, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de octubre de 2024, a 263 eventos públicos. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez estuvo en 99 eventos. Es decir, la cúpula del Gobierno actual ha realizado, en promedio, un evento en plaza pública cada dos días y medio.

Y cubren una amplia gama de temas: desde la entrega de tierras de su reforma agraria hasta movilizaciones para demostrar que aún tiene músculo en las calles y que –si el Congreso no le camina a sus proyectos– sus seguidores sí lo hacen.

Pero la “eventitis” también ha traído su dosis de polémicas. Es el caso del homenaje a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica el pasado 11 de octubre. El Gobierno no escatimó en gastos, siendo el evento más costoso del periodo revisado ($3.700 millones). Sin embargo, por una gripe, el presidente Petro no asistió y la conmemoración no se realizó.

Ese fue solo uno de los más de dos centenares de actos públicos que se han organizado desde la Casa de Nariño con el jefe de Estado como protagonista. Más allá de eso, responden también a una estrategia del presidente con una doble intención: mostrar resultados a la vez que mueve la agenda reeleccionista del progresismo.

En efecto, los antecesores de Petro han buscado salir a la plaza pública como una apuesta por mostrar su gestión. Sin embargo, en casos pasados fue por temas puntuales. Por ejemplo, en el mandato de Juan Manuel Santos, fueron comunes los actos referentes a la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. A Iván Duque, además, le tocó enfrentar el encierro causado por la pandemia; eso sí, aprovechó para crear su programa diario: Prevención y Acción.

Sin embargo, el presidente actual es un caso particular en este tema. Más que los jefes de Estado que lo precedieron, él ha manifestado un marcado interés por estar en la calle, bajo la promesa de acercarse a sus seguidores.

En múltiples ocasiones, Petro ha manifestado su desinterés por permanecer en el palacio presidencial. Lo ha calificado como un lugar frío y de “espaldas al pueblo”. Pero más allá de ese estilo de palabras del jefe de Estado, hay una declaración de intenciones.

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Petro fue el político que quizá más capitalizó el furor de las manifestaciones de los paros de 2019 y de 2021. Y, pese a que ocurrieron años antes de su ingreso a la Casa de Nariño, ha buscado mantenerlas como un motor de su mandato. Es en plazas públicas donde ha hecho un número importante de sus anuncios más polémicos.

Pasó, por ejemplo, en el intercambio de sombreros con el exjefe narcoparamilitar Salvatore Mancuso el 3 de octubre pasado durante una entrega de tierras en Montería (Córdoba). Fue también en un evento, la Movilización por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, el 15 de marzo de este año en Cali, que habló, por primera vez, del “poder constituyente”, que desató profundas discusiones sobre si quería o no una asamblea para cambiar la Constitución de 1991.

Para ello, durante los primeros dos años y medio de su Gobierno –del 7 de agosto de 2022 al 31 de octubre de 2024–, el Gobierno Nacional ha realizado 263 eventos en plaza pública en el país. Y la vicepresidenta, Francia Márquez, aunque significativamente menos, también ha buscado llegar a las calles, con 99 eventos (la mayoría de ellos en su principal zona de influencia: el Pacífico colombiano). Esto ha supuesto la ejecución de múltiples contratos que llegan a cerca de 35.766 millones de pesos.

Aunque ahora se encuentra distanciada y ha perdido el papel protagónico que tuvo en la campaña y al comienzo del periodo presidencial, la primera dama, Verónica Alcocer, también ha estado en varios de estos eventos e, incluso, a cargo de ellos, como la novena que se realizó en la Casa de Nariño en diciembre de 2023, con recursos por 301 millones de pesos y que reunió a 3.000 personas.

Y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), también ha estado en importantes eventos, sobre todo en la trasescena de su organización, como la reunión con los “cacaos” -empresarios como Luisa y Carlos Eduardo Pacheco (Colpatria), Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Grupo Aval), Carlos Julio Ardila (Grupo Ardila Lülle) y Alejandro Santo Domingo (Grupo Valorem).

Para llegar a esta información, El Espectador buscó en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). A través del primero, se revisaron cuáles son los principales contratistas de eventos. Y, con el segundo, se consultó la información de facturas reportadas cotejándolas con los actos realizados, que se identificaron con el archivo de prensa de la Presidencia y con la agenda de Gobierno compartida a diario a medios de comunicación.

Además, y para contrastar la información, este medio envió dos derechos de petición al Dapre, cada uno, indagando por el número de eventos y sus costos tanto del presidente como de la vicepresidenta, así como de sus respectivos predecesores. Con la información remitida, se contrastaron los datos recolectados.

A través de mecanismos legales, este medio buscó comparar cómo ha sido la agenda frente a los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque y los exvicepresidentes Germán Vargas y Marta Lucía Ramírez. Para ello, solicitó al Dapre la información referente a los actos públicos realizados en el segundo periodo de Santos, del 7 de agosto de 2014 al 31 de octubre de 2016, y de Duque, del 7 de agosto de 2018 al 31 de octubre de 2018.

Aunque no se envió la información referente a los eventos de Santos, sí se remitió la información de 27 eventos en plaza pública en los que estuvo Iván Duque, que sumaron 1.115 millones de pesos. Es de anotar que, en su cuatrienio, se firmaron contratos con Plaza Mayor cercanos a los 26.000 millones de pesos, cifra inferior a la contratada por Petro en todo su periodo.

Sobre los exvicepresidentes Vargas y Ramírez tampoco se recibió el detalle de los eventos. Sin embargo, remitieron la información de tres contratos (suscritos por Convetur, Eventos y Protocolos Empresariales Arial y la Unión Temporal Indubrands) para los eventos de Vargas Lleras que suman, en total, 1.350 millones de pesos. Y en el caso de la exvicepresidenta, se registraron tres contratos por 16.339 millones de pesos, todos ellos celebrados con Plaza Mayor.

Qué dicen las ubicaciones de los eventos

El mapa de los eventos permite ver, tanto de cara a las políticas gubernamentales como en aspiraciones electorales, las prioridades del presidente para llegar a la plaza pública. Ello, en parte, sirve para entender por qué hay lugares a los que más asiste Petro que a otros, si se compara el número de eventos con los votos que obtuvo en 2022.

Los cinco lugares donde Petro ha hecho más eventos son Bogotá (60), Bolívar (34), Antioquia (18), Valle del Cauca (17) y Nariño (9). Y en el caso de Márquez, repite Bogotá (17), Valle (14) y Nariño (8). Y el top cinco de la vicepresidenta lo completan Cauca (29) y Chocó (8).

En esos siete departamentos, la dupla Petro - Márquez consiguió 6.234.369 votos, equivalentes al 55,26 % de los 11.281.013 apoyos que obtuvieron en las urnas ese 29 de mayo del 22. En todas esas regiones, menos en Antioquia, obtuvieron la mayoría de los votos. Sin embargo, el departamento paisa ha significado un epicentro importante en el programa del progresismo por lo significativo que es.

Pero hay otros indicadores. Recientemente, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), compartió los departamentos donde más tierras se han entregado en el marco de la reforma agraria en 2024, que es la política del corazón no solo del Gobierno actual sino, históricamente, de la izquierda colombiana.

Los dos departamentos que lideran son Antioquia y Bolívar. En ellos, y en línea con la narrativa que caracteriza al presidente Petro, se han realizado, solo en este año, varias entregas con una importante carga simbólica. En Antioquia, el presidente asistió el pasado 2 de agosto para la entrega de 52 títulos de tierras a familias víctimas de la masacre paramilitar en El Aro, que dejó un saldo de 15 muertos el 22 de octubre de 1997.

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Una semana después de ese acto, el 9 de agosto, el jefe de Estado viajó hasta el municipio El Peñón en Bolívar. Allí, entregó 50 títulos que conformaban la Hacienda Las Pavas, considerada uno de los casos más emblemáticos de los crímenes de despojo de tierras. Se trata de 14 predios que suman 3.000 hectáreas de extensión, que estuvieron en la mira de paramilitares como Vicente Castaño, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40, que promovieron el desplazamiento de la población.

Estos eventos también han sido el escenario donde el presidente Petro ha presentado algunas de sus propuestas más polémicas, aún si, para el momento, apenas son ideas que, incluso, toman desprevenidos a sus ministros. El 3 de diciembre de 2022, en una reunión con líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) en Pasto, Nariño, Petro lanzó una idea: que los jóvenes detenidos durante el paro de 2021 se convirtieran en “gestores de paz”. Fue la primera vez que habló de esa figura que, hoy en día, cobija a exnarcoparamilitares como ‘Don Berna’, ‘Jorge 40′ y el mismo Mancuso.

Fue también en un evento público, que no fue organizado por Presidencia, que invitó a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán -el principal gremio de ganaderos en Colombia- y esposo de la senadora uribista María Fernanda Cabal, a que hiciera parte de la mesa de negociación con el ELN. Ocurrió el 17 de noviembre de 2022 en el congreso de ganaderos que se realizó en Barranquilla (Atlántico).

Además, ha querido utilizar la plaza pública como un mecanismo de presión al Congreso y a las altas cortes, ramas del poder con la que ha chocado en repetidas ocasiones.

Según el rastreo que hizo El Espectador, con la información disponible en SECOP, entre 2023 y 2024, se realizaron ocho marchas o movilizaciones con la intención de defender su agenda reformista, incluyendo las conmemoraciones del Día del Trabajo el 1 de mayo de cada año. Para estos eventos se destinaron, por lo menos, 616 millones de pesos. Y, además, han sido momentos de polémica. El Día del Trabajo de 2024, anunció la ruptura de relaciones con Israel.

La costosa tarea de llevar a Petro a la calle

Por esa prioridad de Petro a la calle, que se sospechaba desde su campaña presidencialista, pocos días después de su triunfo el 29 de mayo de 2022, una comitiva de ejecutivos de Plaza Mayor de Medellín viajó a Bogotá con la intención de conversar con el nuevo gobierno. Desde hacía ya varios años, la empresa público-privada (cuyo principal accionista es la Alcaldía de Medellín) se había posicionado como un operador de confianza para la realización de eventos públicos.

La apuesta era clara: si conseguían el contrato para la transmisión de mando del 7 de agosto, un evento multitudinario que se realizó no solo de manera presencial en la Plaza de Bolívar, sino también con transmisión en las principales ciudades del país, podrían conseguir un negocio que desde la campaña se veía lucrativo.

Las señales eran claras. Petro, desde antes de su victoria en urnas, había decidido apostarlo todo por estar en las plazas del país, hablándole a sus seguidores con la promesa de un cambio que hoy sigue intentando impulsar.

Su primer gran evento que mostró esa apuesta por convertir las calles en su principal escenario ocurrió en Barranquilla con un escenario en forma de P gigante. Ahora ese evento, organizado por el entonces senador Armando Benedetti y hoy reencauchado asesor presidencial, es uno de los asuntos en la mira del Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar si la campaña petrista violó los topes de financiación.

En Plaza Mayor tenían la intuición acertada de que el presidente buscaría seguir en las calles. Por eso el afán de conseguir al menos un pedazo de la torta encargándose de la posesión el 7 de agosto. Y se logró. Al revisar cuánto costó el evento, El Espectador encontró 11 cuentas de cobro que suman 3.611 millones de pesos. La más costosa de manera individual, por un valor de 1.500 millones de pesos, la pasó el canal público RTVC, hoy manejado por Hollman Morris, uno de los funcionarios intocables del Gobierno pese a los escándalos que lo rodean.

Las otras 10, enviadas por Plaza Mayor, suman 2.111 millones de pesos, siendo la más alta de 910 millones de pesos.

Ya Plaza Mayor era el contratista de los eventos de la Presidencia, cuando el jefe de Estado era Iván Duque. En 2021, por ejemplo, se firmó un contrato por 7.984 millones de pesos, que iba desde el 11 de agosto de ese año hasta el 15 de octubre de 2022. Por ser un negocio que, en sí mismo, era lucrativo, la organización no quería perder la gallina de los huevos de oro.

Y así lo consiguió hasta este año, cuando la política se metió en el negocio, por las diferencias entre Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y el presidente Petro. Esa ruptura llevó a que, luego de un accidentado proceso de licitación, The Feeling Company, una empresa paisa, se quedó con la jugosa logística de los eventos.

En efecto, en el intermedio y solo con el Dapre –que se encarga de un número significativo de los eventos del presidente y de la vicepresidenta–, Plaza Mayor suscribió cinco contratos, que fueron desde el 9 de diciembre de 2022 hasta el 30 de abril de 2024, por un valor de 28.676 millones de pesos.

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Ahora, hay una acotación importante. Cuando Petro va a un evento que no organiza la Presidencia, sino otra entidad, es esta última la encargada de poner los recursos. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Uno de los tipos de encuentros públicos a los que más va el jefe de Estado es a las entregas de tierras. En esa línea, en 2024, el convenio más lucrativo de Plaza Mayor fue con la ANT por 33.280 millones de pesos.

También figuran como eventos predilectos los llamados “Diálogos sociales y “Gobierno con el pueblo”. En el rastreo realizado por El Espectador, se encontró que el presidente estuvo en 28 gobiernos con el pueblo más tres diálogos sociales entre 2023 y 2024, cuando empezó la implementación de ese formato.

Para 2024, el año en el que más se han hecho, hubo 21 eventos de este tipo que sumaron unos 1.190 millones de pesos.

De esos, trece fueron los ‘tradicionales’ Gobiernos con el pueblo en municipios y veredas como Tumaco, Barbacoa y El Charco (Nariño); Guapi, López de Micay y Timbiquí (Cauca); Itsmina y Quibdó (Chocó), Apartadó (Antioquia), Ayapel y Tierralta (Córdoba), y San Marcos, Tolú y San Antonio de Palmitos (Sucre). Los otros ocho fueron en la gira entre el 6 y el 10 de mayo que realizó en “barrios populares” de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Cali, entre otros.

Esta última gira que llevó a Petro y su gabinete a las principales ciudades del país a una rendición de cuentas, coincidieron con el inicio de la retórica del supuesto “golpe blando” que el mandatario ha buscado impulsar por distintos lados.

Una vicepresidenta concentrada en el Pacífico

En varios de esos Gobiernos con el Pueblo, estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, que ha realizado una tercera parte del total de los eventos que ha hecho Petro. Y la mayoría de ellos se realizaron en el Pacífico colombiano. El principal departamento es su natal Cauca, donde ha hecho 28 eventos en plaza pública, 10 de ellos en Santander de Quilichao.

Los diez eventos más costosos de la vicepresidenta tuvieron una destinación presupuestal de 2.610 millones de pesos.

El de mayor costo fue, además, el encuentro internacional más importante realizado en Colombia: la COP16. En el marco del encuentro ambiental, se realizó la Cumbre de la Diáspora de África, que costó 514 millones de pesos.

En esa misma línea han sido las temáticas de los eventos que dirige la vicepresidenta. Por ejemplo, entre el 25 y el 27 de agosto de 2023 se realizó la conmemoración de los 30 años de la expedición de la Ley 70 de 1993. El acto una asignación de 380 millones de pesos.

También, ha participado en entregas de tierras en su región. La más costosa, además de ser la última, fue en Santander de Quilichao, el pasado 11 de octubre, cuando se hizo la entrega simbólica a comunidades indígenas, afro y campesinas del Norte del Cauca. Ese acto requirió de 260 millones de pesos.

Otro de los eventos de mayor valor, y de los pocos que ha hecho fuera del Pacífico, fue la Conmemoración del Día de la Raza en 2023. En esa ocasión en Cartagena, presidió un acto para el que se destinaron 290 millones de pesos para la instalación de la Comisión Intersectorial de Reparación Histórica para los pueblos afro e indígenas.

La cascada para convocar los eventos petristas

Pero la plaza pública no se llena solo con plata. Para convocar a los eventos en los que asiste el presidente, empieza toda una operación desde la política nacional hasta lo más particular de la política local. Así lo confirmaron congresistas del Pacto Histórico, concejales, líderes locales y líderes de organizaciones aliadas al petrismo con los que se habló para esta investigación.

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La comprensión de cómo es la logística, además, deja en evidencia las tensiones que existen con las que se ha encontrado un movimiento que tenía como identidad, sobre todo, la oposición.

El principal motivante de esas convocatorias es, por supuesto, el presidente Petro. Pese a las salidas en falso que ha tenido durante su mandato, sigue siendo una fuerza que convoca a sus seguidores. “Su instrumento de comunicación son las redes sociales, sobre todo, Twitter (X). Y en esas redes sociales, que son vistas y usadas sobre todo por los jóvenes en este país, la convocatoria es directa del candidato, del político, del líder, directamente a cada uno de los ciudadanos. Y ahí está la esencia del presidente Gustavo Petro, que es un gran comunicador”, dice el representante Heráclito Landínez.

Pero ello no quita que haya una operación con las lógicas tradicionales de la política colombiana. La convocatoria, contaron, empieza desde la Presidencia o desde una entidad del gobierno central, aunque son pocas las veces que esto ocurre. Si no es por una llamada directa, sino por, por ejemplo, una convocatoria en redes sociales, empieza un efecto cascada.

El congresista acude a sus líderes en ciudades y departamentos -como diputados y concejales-, quienes, a su vez, llegan al nivel más local de la escala. A ello se suman organizaciones sindicales y sociales, como la llamada Coordinadora Nacional para el Cambio, que era la coordinadora del paro nacional en 2021, pero que, tras el triunfo del petrismo en las presidenciales, cambió de nombre. En esta tienen asiento organizaciones sindicales del corte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Conferencia General de Trabajadores (CGT) y Fecode, por mencionar algunas.

En ese recorrido es clave Whatsapp, con grupos que existen desde la campaña de 2022 y que han permitido, entre todo, que se mantenga la coordinación.

“En algunas ocasiones nos contactan de presidencia, dependiendo, la Alta Consejería para las Regiones o en algunos casos la ANT, el Ministerio del Interior. En otros nos enteramos nosotros mismos por redes o por alguna pieza que está rodando y de igual manera nos activamos”, cuenta Alejandro Toro, representante paisa del grupo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Y continúa: “Generalmente, son los grupos que nosotros tenemos de WhatsApp desde la misma campaña. Entonces, en el caso mío, yo tengo un coordinador departamental, junto con unos subcoordinadores de cada una de las nueve subregiones de Antioquia. Entonces uno comunica en los grupos territoriales y de ahí funciona como en cascada, como una pirámide”.

Es una lógica similar a la de Colombia Humana, el movimiento creado por Petro, convertido en el partido y que es la punta de lanza de la estrategia reeleccionista de 2026. Ese partido funciona bajo una lógica de redes de nodos; que son agrupaciones, así sean de dos personas, repartidas por todo el país. Una de las redes más consolidadas es la de Colombia Profunda, que, a nivel nacional dirige Mary Luz Herrán, exesposa de Petro.

“Si bien Colombia Humana se moviliza, es mucho más grande la espontaneidad en torno a las visitas del presidente. La gente se moviliza como sea”, explica Herrán.

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Ahora, sobre la logística hay una acotación importante. Fuentes en Plaza Mayor, que conocen en detalle el proceso de contratación con el Dapre, explican que cuando se firma un convenio, toda la responsabilidad recae en el contratista.

Esa responsabilidad significa conseguir proveedores de, por ejemplo, buses y refrigerios. Para ello, esa entidad, mientras estuvo al frente de los contratos con el Dapre, construyó un “mapa” de aliados disponibles 24/7 en todo el país. De manera particular, resalta que, antes de ocupar el lugar que tenía Plaza Mayor, The Feeling Company (hoy contratista con el Dapre por 7.090 millones para los eventos) era uno de esos proveedores.

Es decir, aunque sí hay un movimiento de transporte y alimentación de cara a llenar las plazas, esta no depende directamente del Gobierno Nacional, aunque sea quien ponga la plata.

Sin embargo, hay un reclamo. Desde que Petro pasó de presidente de Colombia Humana al presidente de un país, se ha dificultado su cercanía. En ello coincide un número importante de las fuentes con las que dialogó este medio.

“Una cosa era el papel en la etapa previa de la campaña. En la etapa de gobierno, nosotros nos ubicamos dentro del campo social, de las fuerzas sociales, políticas, que respaldamos las reformas y la política del gobierno. Entonces acompañamos ya la presencia del presidente en los formatos de la institucionalidad y estamos sometidos a los formatos de la institucionalidad. Estamos sometidos al orden que impone la Casa Militar, que es la seguridad por encima de todo”, dice Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico.

Incluso pone sobre la mesa una incomodidad: “aunque es un presidente que le gusta mantener contacto con la gente, eso es una batalla permanente porque lógicamente la casa militar quiere mantenerlo alejado de la gente; a él como político le gusta la gente”.

Esa crítica la recoge también Herrán, quien concluye de manera contundente que “las visitas del presidente son oficiales, y, muchas veces, la militancia se siente excluida”.

En todo caso, en esos eventos, es común ver a aliados al presidente Petro. En la costa, por ejemplo, en Santa Marta ha estado acompañado por el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo. Así ocurrió el 10 de marzo de 2023 durante una reunión de la bancada Caribe. Y no es extraño que, en las manifestaciones, esté rodeado por rostros reconocidos del progresismo que hoy tienen un asiento en el Congreso, como la senadora María José Pizarro.

Por eso mismo, la figura de Petro es un impulso para salir. El 21 de noviembre pasado, la Coordinadora para el Cambio junto con movimientos sindicales citaron a los cinco años del estallido social y a una movilización para la “defensa de las reformas sociales”. Pese a la apuesta por revivir el furor callejero de esa época, fueron apenas un par de centenares de personas los que se movilizaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. El presidente estuvo ausente.

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