Registraduría busca esquivar dudas del petrismo por contrato electoral de $2,1 billones

Un billonario contrato que empezó a andar esta semana, y que será adjudicado y firmado en menos de dos meses, promete convertirse en un capítulo más de las disputas que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro con la Registraduría Nacional por el negocio de las elecciones. De lado y lado saben que es un tema que debe tratarse con pinzas y que –en medio del movido y polarizado panorama político que se vive– la decisión que se tomará el 7 de julio puede impactar en la temperatura de los comicios al Congreso y a la Presidencia. El nombre que está detrás sigue siendo el de la firma Thomas Greg & Sons.

El mismo 28 de mayo pasado, cuando comenzaron los dos días de paro que convocaron las centrales obreras con respaldo del Ejecutivo ante el hundimiento de la consulta popular en el Congreso, el registrador Hernán Penagos ordenó citar una rueda de prensa para informar el inicio del proceso. Y horas antes, en la plataforma de contratación pública del Secop, fueron publicados 19 documentos con las “reglas de juego” para participar en este pliego por $2,1 billones.

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Este episodio contractual arrancó faltando un año para que la ciudadanía asista a las urnas para elegir a un nuevo presidente o presidenta, y según fuentes que conocen la intimidad del proceso, se hizo con tantos meses de anticipación para “blindarlo” de dudas y de paso comprometer los recursos de una vez, anticipándose a un posible recorte de presupuesto ante el complicado panorama financiero del que viene advirtiendo el Ejecutivo. Esta semana, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda expidió un decreto para modificar las tarifas de retención en la fuente.

En todo caso, mientras Penagos contaba públicamente que para esta ocasión se lanzaba la convocatoria pública con más tiempo, que estará vigilada por la Procuraduría y la Contraloría y que se recibirán tanto ofertas nacionales como internacionales, varios funcionarios de la Casa de Nariño empezaron a descargar los documentos para estudiarlos detenidamente.

El objetivo es claro: determinar si al despacho de Penagos se deben o no enviar comentarios y sugerencias, o incluso tomar medidas legales, como sucedió el año pasado cuando desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que dirige Andrés Idárraga, se denunció penalmente al registrador por supuestamente haber favorecido a Thomas en el contrato de $41.000 millones para las elecciones atípicas, un caso que sigue en análisis de la Fiscalía y que, de acuerdo con personas del organismo electoral, solo buscó generar un golpe de opinión.

Y si bien aún no hay un pronunciamiento del presidente Petro, sí podría llegar cuando la convocatoria esté más cerca de ser adjudicada, lo cual será –según el cronograma establecido– el próximo 7 de julio. Tres días después, luego de adjudicarse, el jueves siguiente, se firmaría el contrato con la empresa nacional, internacional o incluso la unión temporal seleccionada.

Además, el jefe de Estado no ha dejado atrás sus comentarios contra la empresa Thomas Greg, a la que no solo ha señalado de cometer supuestamente fraude en pasados comicios –pese a que en 2022 fue el ganador–, sino también de “monopolizar datos” con su participación en la expedición de pasaportes, negocio en el que está vinculada desde hace casi dos décadas. Todo, por supuesto, es refutado por los voceros de la firma.

Lo cierto es que aunque el próximo septiembre vence el contrato que tiene la empresa con la Cancillería, la Imprenta Nacional sigue sin estar lista para adentrarse en la elaboración de estos documentos y todavía hay dudas sobre la vinculación del Gobierno de Portugal debido a retrasos que, de acuerdo con documentos en poder de El Espectador, la canciller Laura Sarabia ya admitió.

En medio de todos estos episodios, que se conectan por cuenta del agitado clima político en el que está el país, hay expectativa en torno a si finalmente el Gobierno buscará o no la consulta popular vía decreto, una ruta que genera dudas jurídicas y que la oposición promete demandar ante el Consejo de Estado por la supuesta “usurpación” de funciones desde el Ejecutivo. Esa respuesta se conocería luego de este domingo, que fue el plazo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, le dio al Congreso para pronunciarse frente a la primera consulta, que se hundió por 49 votos contra 47.

Fuentes de la Casa de Nariño y los mismos congresistas del Pacto Histórico confirmaron que, pese al agitado ajedrez político y las reuniones para determinar candidatos y estrategias electorales, se le hará especial vigilancia a este contrato de $2,1 billones, pues ahí también está en juego el deseo de reelegir al proyecto progresista.

A su vez, recordaron que de no haber sido por su misma prevención, en 2022 no habrían encontrado alrededor de 500.000 votos que se “refundieron” en el preconteo, como lo advirtió en su momento el hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Echeverry, quien lideró una estrategia para recuperar los sufragios.

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De momento no hay ofertas, pues apenas se estructuró el prepliego luego de tenerse en cuenta las anteriores adjudicaciones –entregadas a uniones temporales en las que siempre participó Thomas Greg– y de acuerdo con tres cotizaciones: las de la firma mencionada, Tigo y Smartmatic, una empresa que ha estado vinculada en jornadas electorales en Estados Unidos, Honduras, Kenia, Reino Unido, Argentina y otras naciones.

Pero ya desde el mismo prepliego empezaron a moverse algunas reservas desde el oficialismo y anteriores empresas oferentes que no obtuvieron contratos con la Registraduría, pues aunque para esta oportunidad se flexibilizaron algunos aspectos técnicos y la entidad les está incluso escribiendo a varias embajadas para que comenten la convocatoria pública en sus países, hay dos nombres que están relacionados con la construcción de los pliegos del proceso pasado; y uno de ellos lo estuvo laboralmente con Thomas e Indra, otra firma que ha recibido contratos electorales en Colombia.

Se trata de Alejandro Campo Valero, quien es el gerente de informática de la Registraduría y estuvo al frente del diseño de la convocatoria. Entre 2014 y 2017 trabajó en las anteriores empresas y por ello fue recusado por algunas empresas interesadas en los procesos contractuales que se adelantaron con el exregistrador Alexander Vega, hoy copresidente del Partido de La U. En todo caso se mantuvo en la entidad con el arribo de Penagos y se le encargó, nuevamente, estar presente en el proceso billonario.

Quien también estuvo en anteriores diseños de contratos es el abogado Jorge Enrique Santos, asesor jurídico de la Registraduría desde 2021 para la “estructuración y ejecución de los procesos contractuales de cara a las elecciones”. Su ingreso de hace cuatro años fue firmado por Campo Valero y el entonces registrador en lo Electoral Nicolás Farfán.

Santos, aunque no ha tenido ningún tipo de vínculo con Thomas, comparte escenarios académicos y algunos espacios sociales con el también abogado Juan Pablo Estrada, quien representa a esta firma en el caso de los pasaportes por la pelea que tuvo con la Cancillería y que incluso llegó a estrados judiciales.

Ambos le admitieron a este diario conocerse, pero dejaron claro que no hay amistad ni cercanía entre ellos más allá de ser litigantes y docentes en una misma institución. Santos agregó que él no es responsable de estructurar aspectos técnicos ni financieros dentro del contrato, pues responde directamente a peticiones de Penagos. También contó que trabaja con otras entidades del Estado, como la Agencia de Defensa Jurídica, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

En los próximos días empezarán a llegar las observaciones a este prepliego de condiciones y a partir del próximo 24 de junio se recibirán las propuestas oficiales. En la propia Registraduría calculan que no se hará esperar la de Thomas Greg y la de Cadena, otra firma que desde años atrás ha intentado quedarse con el negocio logístico de las elecciones, el cual viene desde la misma inscripción de ciudadanos, candidatos y va hasta la elaboración de los kits electorales, pasando por el soporte a los softwares y los temas de biometría, conteo y escrutinio.

Mientras este caso avanza y se esquiva o se agita aún más las dudas que viene advirtiendo la Casa de Nariño sobre los anteriores procesos, ya hay precandidatos en las calles buscando respaldo ciudadano y visitando la Registraduría para inscribir sus comités y así reunir las 700.000 firmas que los habilitaría para estar en los tarjetones de 2026.

El oficialismo tomó la bandera de la consulta popular para hacer su precampaña, un aspecto que igualmente requeriría logística electoral por más de $500.000 millones, y por lo mismo analiza si debería o no decretar esta medida, desconociendo la votación de la plenaria del Senado, a la que “graduó” como su enemiga y quiere hacer ver como antagonista del pueblo. Sus bases –en paralelo– buscan mecanismos para definir quién será su candidato y dicen que esta respuesta la harán saber a mediados de junio. Entre las cartas está el “frente amplio” que quiere Petro.

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La oposición, liderada por el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también estudia mecanismos de elección, con la premura de que es necesario unirse para lograr un candidato único que le compita a la izquierda. Uribe viene haciéndole invitaciones a Vargas para sumar esfuerzos e incluso estudia si lanzarse o no al Senado como cabeza de lista.

Por su parte, el centro busca un discurso claro y que no lo opaque en medio del sí y el no a la consulta y la agenda reformista del Gobierno, en la que por supuesto seguirá insistiendo Petro y la oposición intentando frenar.

La Registraduría busca todas las vías para ratificar en todo este proceso contractual las garantías de idoneidad y transparencia, independiente de quién se quede con el contrato, pero este es un capítulo que recién comienza y en el que pronto entrará la Casa de Nariño por cuenta de su intención de reelegir al progresismo.

Pero, la consulta popular es otro tema que podría entrar al debate y a la tensión entre Palacio y organismo electoral, pues mientras Petro habla de supuesto fraude en su trámite legislativo, Penagos ha dicho de frente que no se pronunciará al respecto mientras todo se mantenga en hipotéticos.

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