Dos propuestas de consulta popular han llegado al Congreso en el último mes y el tire y afloje entre el Legislativo y la Casa de Nariño se sigue calentando. La primera ya fue sujeta a una votación que el gobierno de Gustavo Petro no reconoce y la segunda todavía está pendiente de trámite.
Pero las cosas están complicadas. El Ejecutivo sostiene que la votación del pasado 14 de mayo en la plenaria del Senado —en la que se hundió la consulta con 49 votos en contra y 47 a favor— no implicó un pronunciamiento de la cámara alta sobre la solicitud del Gobierno. La tesis presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, es que, al no haberse leído lo que se iba a votar en esa sesión, entonces el Senado no habría tomado una decisión de fondo.
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Esa argumentación fue controvertida tanto por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), como por el secretario general del Senado, Diego González, quienes insisten en que la votación se hizo de acuerdo con la ley. Incluso, ya respondieron que la primera solicitud no se volverá a votar.
Sin embargo, ya existe una advertencia del Gobierno al respecto. El mismo Benedetti aseguró que está la posibilidad de que se convoque la consulta por decreto, lo que podría ocurrir si la cámara alta no se pronuncia antes del 1 de junio, pues se cumplirían los 30 días otorgados al Congreso, por ley, para tomar una decisión al respecto, teniendo en cuenta que la consulta se presentó el pasado 1 de mayo. Así, según el mininterior, el presidente podría emitir un decreto del 2 al 9 de junio sobre esta materia.
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A eso se le suma otra cuestión: existe otra propuesta de consulta popular pendiente de trámite en el Congreso. Esta fue presentada por los ministros Benedetti, Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Jaramillo (Salud) el pasado 19 de mayo, y, si bien el presidente tuvo que volver a presentarlo por posibles “errores” —al haber sido presentado por Jaramillo como ministro delegatario y no por él como jefe de Estado— el tiempo comenzó a correr desde esa fecha.
Y hay una diferencia clave entre esas dos propuestas, las cuatro preguntas extra que tiene la segunda. Todas se refieren a temas de salud y tocan parte de la reforma a la salud que está pendiente de entrar a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, que ya hundió una primera versión de ese articulado y la reforma laboral, revivida por la plenaria el mismo día que se hundió la primera consulta.
Además, en la ecuación entra ese articulado resucitado, que ya pasó su tercer debate y llegará a la plenaria en cuestión de días. Aunque nació como una iniciativa del Gobierno, la bancada del Pacto Histórico ya dijo que no apoyaría el texto y desde la Casa de Nariño ven con recelo que la que se haya aprobado haya sido no la ponencia propuesta por la senadora Aída Avella (del oficialismo), sino la mayoritaria, con firmas incluso del Centro Democrático.
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Por esa misma razón, es que han insistido en que la consulta popular será la única vía para dejar las reformas en firme. El mismo Sanguino afirmó en el cabildo abierto que se realizó este jueves que “el seguro de vida de las reformas sociales es la consulta popular y la democracia directa de la gente”.
“La consulta popular, como lo ha dicho el presidente, va porque va”, aseguró.
Lo cierto es que las tensiones seguirán subiendo en los días que restan. Y no pasa de agache que la reforma tendrá contados los días para ser discutida antes de que se acabe la legislatura, el 20 de junio. No solo tendrá que recibir el visto bueno de la plenaria del Senado, sino que, en caso de que lo haga, será sujeta a la conciliación, donde todo podría complicarse.
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