La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, confirmó que a partir de diciembre 27.000 hogares wayúu comenzarán a recibir la renta ciudadana del Gobierno Petro. “Las familias ya están focalizadas, lo que hicimos fue un cruce de datos con el Ministerio de Salud, el ICBF y la Unidad de Víctimas”. El anuncio se hizo justo después de que el Gobierno diera a conocer el decreto que estipula la edad y condiciones para que los jóvenes en riesgo de vincularse en la criminalidad pueden ser beneficiarios de un incentivo económico.
De acuerdo con Sarabia, “del total de población de La Guajira, un 38% son niños y por eso queremos llevar asistencia integral. Los niños son nuestra prioridad y por eso continuaremos con estas familias en Renta Ciudadana en 2024″. La promesa de la renta hace parte de las promesas que hizo el Gobierno Nacional en ese departamento cuando el Gobierno despachó desde ese departamento.
(En contexto: Corte Constitucional tumba el decreto de Petro de estado de emergencia en La Guajira)
La nueva medida del Gobierno de incluir a los wayúus en la renta ciudadana se dio luego de que la Corte Constitucional tumbara el decreto de emergencia económica y social en La Guajira, declarado por el presidente Gustavo Petro en junio de este año, justo con el fin de reglamentar varios decretos para intervenir diretamente el departamento.
La Corte Constitucional, en ese momento, decidió que el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira” es “inexequible”. El alto tribunal decidió también que la decisión empezará a regir a partir de un año, contado a partir de la expedición de decreto.
Por estos mismos días, Petro reglamentó el programa Jóvenes en Paz, el cual otorgará una transferencia monetaria de $1 millón mensual a jóvenes en riesgo de vincularse en la criminalidad. En el decreto 1649 de 2023 se estipula qué jóvenes podrían ser beneficiarios y cuáles son las entidades que estarán a cargo de su desarrollo.
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Según el Gobierno, la iniciativa responde a un enfoque de derechos y no asistencialista, (otra de las preocupaciones de la oposición). “La persona no es vista como receptora pasiva de prestaciones públicas. Tiene como propósito contribuir en la eliminación de las desigualdades, impulsar el goce del derecho a la igualdad y la construcción de paz en los territorios”, menciona el texto.
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