El representante del Centro Democrático Andrés Forero denunció a través de su cuenta de X al Gobierno del presidente Gustavo Petro por el pago de más de $90 millones para la repatriación de la exministra de Minas, Irene Vélez, tras ser designada como nueva directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Según el congresista opositor, esta deuda se debe a que, al no haber renunciado a su cargo de cónsul general del Reino Unido, la exministra fue “retirada del servicio” por el Ejecutivo. Así, de acuerdo con la respuesta al derecho de petición enviado por Forero, Vélez fue remunerada con una serie de beneficios para su retorno a Colombia.
El representante del uribismo señaló que, de acuerdo a la ley 274 del 2000, la antigua cónsul en Londres recibirá unos beneficios de acuerdo a los pasajes, viáticos y una prima de instalación. La suma de estos gastos, según la denuncia de Forero, es de cerca de $92 millones.
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“Este Gobierno es abusivo e indelicado con los recursos públicos. Al ser designada como nueva directora de la ANLA, no renunció a su cargo en el que estuvo menos de un año. Con esta jugadita, la exministra y la Cancillería están haciendo que los colombianos paguemos por la repatriación a una persona que le correspondía asumir esos costos”, señaló Forero.
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El equipo de prensa de Forero le pasó a El Espectador el derecho de petición que le presentó el legislador a la Cancillería. En las preguntas dos y tres, el ministerio de Relaciones Exteriores, confirma que Vélez fue retirada del cargo.
“De acuerdo con lo solicitado, se adjunta acto administrativo 436 del 10 de abril de 2025 por el cual se hace retiro del servicio, en virtud del principio de especialidad, de la señora IRENE VÉLEZ”, menciona el documento.
Por el retiro del cargo, de acuerdo a los datos presentados en el derecho de petición, las erogaciones por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico, que se pagarán cargo al presupuesto del Ministerio y las primas de instalación, serían: US$7.200 (aprox. $30′357.000) en viáticos, US$7.200 en el transporte de menaje doméstico y $9,8 millones ($9′881.954) en la prima de instalación. A eso se suman los $20,2 millones ($20′263.960) que se pagaron en los tiquetes de regreso.
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En todo caso, la Cancillería confirmó que, a fecha del 7 de mayo, no se había pagado el monto a Vélez. Según se lee en el derecho de petición, la nueva directora del ANLA “no ha compartido su certificación bancaria”.
El Espectador también se comunicó con Irene Vélez para saber su versión de la denuncia que presentó el congresista de la oposición. Al momento de publicar esta nota, no ha recibido respuesta.
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