La historia detrás de un arriendo de $15 mil millones que pagará el Minagricultura

Mientras el Ministerio de Agricultura finaliza su mudanza del histórico edificio Pedro A. López, ubicado en el centro de Bogotá, a uno más moderno en el centro comercial San Martín, la empresa arrendadora Famoc Depanel prepara una posible demanda contra la entidad. ¿La razón? Hace casi un año, cuando aún Cecilia López dirigía la cartera, firmaron un contrato de arrendamiento por casi $4.000 millones, que al poco tiempo fue declarado nulo por la actual ministra, Jhenifer Mojica.

Anulada la contratación en junio del año pasado, se arrancó nuevamente el proceso de buscar un edificio para los más de 550 funcionarios del ministerio, que dio como resultado, la firma por más de $15.000 millones para el arriendo de los pisos 7, 8, 9, 10, 11, 12, y los locales 112 y 113 de la torre Norte de San Martín. El negocio se hizo con la empresa Promotora de Comercio Inmobiliario S.A (Procomercio), que también le alquila espacios al Departamento de Prosperidad Social, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Minagricultura planeaba su mudanza desde 2022, cuando los daños, humedades y grietas en el edificio Pedro A. López, construido hace más de cien años, se empezaron a multiplicar. Incluso, cuentan algunas fuentes cercanas a la cartera que el acceso de las personas mayores a las instalaciones era a veces una tarea mayor, pues no hay ascensor. Aunque en julio de ese mismo año se firmó un contrato por casi $700 millones para la protección y conservación de bienes, estos arreglos no fueron suficientes.

“La infraestructura física de la edificación requiere intervención de carácter estructural y arquitectónico, entre otros, en aras de garantizar la seguridad de los colaboradores que prestan sus servicios a la entidad, así como también crear ambientes laborales adecuados y óptimos para desarrollar sus funciones y su objeto misional”, se aseguró desde la cartera.

Con tal panorama, la entidad inició la búsqueda de una empresa que hiciera los arreglos de fondo y un edificio temporal para trasladarse. El primer objetivo quedó en manos del Consorcio Edificaciones Institucional HCH, al que se le adjudicó un contrato el 15 de diciembre de este año por $3.785 millones para la “restauración, reforzamiento, modificación, demolición y modernización del edificio”.

Ese mismo mes iniciaron los preparativos para la mudanza al edificio del San Martín, pero este no fue la primera alternativa. Meses antes de que se firmara el proceso por $15.000 millones con Procomercio, el exsecretario general Néstor Eduardo Velásquez fue el encargado buscar un nuevo espacio de trabajo temporal con la capacidad instalada para casi 600 personas y con un área entre los 4.500 y 5.400 metros cuadrados.

Así, después de recibir varias cotizaciones, Velásquez optó en abril de 2023 por la que presentó Famoc Depanel, una firma colombiana con más de 50 años en el mercado y que también contrata con el Estado (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, DANE, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para las Víctimas, Rama Judicial). Por seis meses, la empresa le alquilaría al Minagricultura un espacio de 6.806 metros cuadrados por $3.903 millones en las oficinas del Centro de Comercio Internacional (CCI).

Pasaron solo 14 días entre la adjudicación del contrato (12 de abril de 2023) y la salida de la exministra López de la cartera, luego de que el presidente Petro pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete. A partir de ese remezón ministerial el contrato cayó en la incertidumbre, pues, aunque Famoc ya había iniciado adecuaciones en las oficinas a las que se mudarían los empleados del ministerio, la entidad gubernamental tomó otra determinación.

Transcurrió un poco más de un mes entre la posesión de Jhenifer Mojica como la nueva ministra de Agricultura y la publicación del decreto 172 del 16 de junio de 2023 en el que el minagricultura declaró nulo el contrato, argumentando que al correo de la entidad llegó una denuncia anónima en la que se hablaba de un posible “detrimento patrimonial”, pues existían cotizaciones más económicas.

Sin embargo, por lo menos en los documentos que subió la entidad a la plataforma de contratación pública Secop no se encuentra ninguna cotización por un valor menor al que ofrecía Famoc:

La cancelación del contrato dio inicio a una batalla jurídica, poco conocida en la opinión, entre el Ministerio y Famoc, que aseguró que la entidad no tenía las competencias para anular el proceso, pues, de acuerdo con la Ley 80 de la contratación, esto es tarea de un juez. Por esto, interpuso un recurso de reposición y en octubre se reunieron virtualmente para conciliar, con la Procuraduría presente. Finalmente, no se llegó a acuerdos.

Con el nuevo contrato de $15.000 millones andando, que va hasta 2025, fuentes cercanas al proceso le dijeron a El Espectador que la empresa Famoc se encuentra estudiando una posible demanda contra el ministerio, pues, al parecer, habrían sufrido pérdidas económicas entre el tiempo en que fue adjudicado el contrato y luego cancelado.

No obstante, el ministerio de Agricultura defiende su determinación, afirmando que como entidad tenía la potestad de anular el contrato y que la denuncia anónima, de ser cierta, podía afectar la validez del proceso. Por lo pronto, la entidad de Mojica ultima detalles para que su equipo termine de trasladarse al nuevo edificio: mientras 550 personas estarán laborando de manera presencial, un 30 % de colaboradores tendrán trabajo remoto.

Para este objetivo, también se firmó un contrato por $550 millones con la Empresa de Recursos Tecnológicos ERT para el traslado del Centro de Datos, es decir, de toda la información de bases de datos, sistemas de almacenamientos y backups, componentes de redes y de comunicaciones del ministerio.

Se espera que pronto el ministerio de Agricultura opere en su totalidad desde el San Martín, donde también funcionan algunas entidades como Prosperidad Social, el Consejo Nacional Electoral, la Agencia de Reincorporación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El viejo y anulado contrato por casi $4.000 millones podría en las próximas semanas darle una sorpresa a los colombianos de un nuevo lío jurídico entre la empresa y el Estado. Ya es conocida la demanda de Thomas Greg & Sons a la Cancillería por $116.000 millones por la frustrada licitación de pasaportes.

Pero existe, sin embargo, otra alternativa: que el Ministerio de Agricultura y Famoc logren conciliar, a pesar de su primer intento fallido.

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