Esta es la pelea detrás de los pasaportes que frenó modelo público que busca Petro

La expedición de pasaportes en Colombia seguirá, al menos por 11 meses más, a cargo de Thomas Greg & Sons, pese a los reparos del presidente Gustavo Petro de que la firma siga con el negocio. En la trasescena están acusaciones de lado y lado sobre el cambio de modelo que arrancó este Gobierno y la duda de si la Imprenta Nacional, como propone el Ejecutivo, tendrá la capacidad para asumir la tarea; pregunta que incluso se hacen dentro de la entidad. Todo esto podría impactar hasta en el mismo gabinete ministerial, pues si hay algo en lo que concuerdan varios funcionarios es que se avecina un regaño presidencial.

Se trata de una estrategia a dos bandas. Por un lado, tal y como ya lo reveló El Espectador, esta semana se declarará la urgencia manifiesta para que se prorrogue, una vez más, el contrato entre la Cancillería y Thomas Greg. De hecho, este medio confirmó que la empresa ya estaría preparando la oferta que le hará al Gobierno para la prórroga. Esta iría desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de julio del año entrante, justo siete días antes de que el presidente Petro salga de la Casa de Nariño y casi dos años después de que iniciara todo el pulso para que la expedición de pasaportes quedara en manos públicas.

De manera simultánea, en los próximos días también se formalizaría un contrato entre la Imprenta colombiana, en cabeza de Viviana León, y la Casa de la Moneda de Portugal, por un monto de $3,2 billones por 10 años para que —después de ese periodo— la expedición de pasaportes sea responsabilidad del Estado.

En febrero de 2025, la Cancillería espera evaluar cómo avanza el proceso. Y en ese momento definir si la Imprenta Nacional sí tendrá la capacidad de hacerse cargo del proceso. En este punto, entra en juego el Ministerio del Interior, toda vez que la Imprenta está adscrita a la cartera de Armando Benedetti. De hecho, en ese contexto se han dado acercamientos entre él y Sarabia, quienes vienen de un choque que inició en 2023.

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El plan original y como se acordó en 2024, era que, a partir del próximo 1 de septiembre, se empezaran a contar los 10 años en los que la Imprenta, con ayuda de Portugal, asumiría de lleno la expedición de estas libretas. No obstante, el plan se quedó en la firma de un memorando de entendimiento que no es vinculante y que, pese a ser aprobado por el gobierno extranjero en febrero de este año, no entró en vigencia.

En las últimas semanas, ha habido revuelo en el Palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería. A pocas calles de la Casa de Nariño se han celebrado reuniones en las que se han buscado estrategias para garantizar que, cuando pasen los 68 días de la actual prórroga, los colombianos no se queden sin cómo tramitar sus pasaportes.

Este diario pudo constatar que, en las últimas semanas, se han celebrado varias reuniones de las entidades hoy involucradas con la intención de atender el problema. Desde la Cancillería de Laura Sarabia insisten en que se trató de un problema heredado del excanciller y hoy precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo, quien el 2 de octubre de 2024 firmó el memorando con la embajadora de Portugal, Catarina Arruda. En ese momento se definió un cronograma que, aunque ajustado, según los protagonistas, habría dado para que en los próximos meses se cambiara el modelo.

Esto incluía que cada gobierno diera el visto bueno. Uno de los primeros retrasos fue, precisamente, que esa autorización no llegó sino hasta el 26 de febrero de este año. En ese momento, Sarabia ya ajustaba cerca de un mes en la Cancillería. Ese cambio de administración también habría generado problemas.

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Fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que no hubo ni siquiera un empalme formal, sino que quedó un informe de gestión en el que, supuestamente, no hay evidencia del tema de pasaportes. Sobre esto, Murillo le aseguró a El Espectador que en ese documento sí se entregaron tres anexos sobre el asunto. En el interín, y como supo este medio, a comienzos de marzo, cuando ya el Gobierno portugués había dado la luz verde, este manifestó que si no iniciaba pronto la construcción de la planta para la expedición de los pasaportes, no lograría cumplir con la fecha límite del 1 de septiembre.

Murillo también defendió la actuación de su administración. “Se buscan excusas para decir que no se firmó, pero había un plan estructurado con un modelo bien ejecutado”, afirmó. También, que, ante la duda del tema, se habría podido acudir a los “canales diplomáticos para revisar qué se había hablado con Portugal. No había razón para perder seis meses. Si se hubiese dado todo a tiempo, se habría podido iniciar en septiembre”.

Sin embargo, en la oficina de Sarabia identificaron varias “líneas rojas” que no se respetarían en el acuerdo entre Colombia y Portugal. Entre ellas, que no se garantizaría la seguridad del pasaporte ante la OACI –que es el organismo internacional que verifica los requisitos de los documentos para que puedan usarse– y que no habría tampoco certeza sobre la inmediatez de la entrega, porque la libreta se haría en Portugal y no, como ocurre hoy, que es en Colombia, lo que permite la entrega de las libretas en un periodo de apenas 24 horas. También se advirtió que se incrementarían los costos que deberían pagar las personas para la expedición.

Por ello, la Cancillería determinó que la única vía para evitar una crisis en la expedición de estos documentos era firmar una tercera urgencia manifiesta. Este medio confirmó que recientemente hubo una llamada entre la Cancillería y Thomas Greg para que la firma privada le indicara a la cartera cuánto cobraría por seguir elaborando los pasaportes por un tiempo más.

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En esta conversación, además de solicitar dicha oferta, también se dejó claro que el tiempo mínimo del contrato era de 11 meses, pues de lo contrario no resultaría rentable para la firma, que debe adquirir elementos y materiales y hacer compras incluso en el mercado extranjero.

Acordado esto, un equipo de Thomas ya prepara su oferta para enviarla al despacho de Sarabia y se estima que el monto podría estar sobre los $400.000 o $450.000 millones, que fue la cifra aproximada de la pasada urgencia manifiesta que entregó Murillo.

En todo caso, el cruce de versiones está levantando dudas en la Casa de Nariño. No se trata solo de las acusaciones del presidente Petro, quien ha asegurado, en varias ocasiones, que Thomas Greg ha “cometido fraude” y que ha “monopolizado datos”; cosas que ha desmentido de lleno la firma. A ello se suma que en los pasillos del palacio presidencial, como lo dijo un funcionario del círculo de Petro, se preguntan qué pasó y por qué la situación desembocó nuevamente en una urgencia manifiesta, pues el jefe de Estado ha sido lo suficientemente claro.

Entre las preguntas que se hacen en el seno del Ejecutivo es qué llevó a los retrasos y por qué no se avanzó entre enero y abril para atender el problema y cumplir con la directriz. Incluso, cuestionan si más que falta de planeación se podría estar hablando de demoras intencionales. Saben que el regaño vendrá, pues Petro ya en varias ocasiones ha criticado a sus ministros por no seguir a pie juntillas sus indicaciones.

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Mientras esas conversaciones se dan en el Palacio de San Carlos, en la sede de la Imprenta Nacional también hay preguntas. Son varios los altos funcionarios de la entidad que no tenían siquiera conocimiento de que se firmará un contrato billonario con el gobierno de Portugal y que se enteraron por los medios de comunicación y no a través de la gerencia de Viviana León.

La eventual participación de la Imprenta en la elaboración de los pasaportes viene generando fuertes choques al interior desde diciembre del año pasado, cuando miembros de la junta directiva hicieron un estudio detallado de la realidad financiera y tecnológica de la entidad, determinando que no hay manera de adentrarse en el negocio sin hacer ajustes importantes y mejorar los estados financieros.

Y es que esta entidad no recibe recursos del Presupuesto General y se rige por las reglas del sector privado, es decir, funciona casi que exactamente como una empresa. Eso sí, está adscrita al Ministerio del Interior que hoy dirige Armando Benedetti, quien entró recientemente en este enredado capítulo y justo en medio de los choques y peleas judiciales que viene teniendo con Sarabia. En la discusión también quedaron en el medio el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que acompañan las reuniones sobre el tema.

En todo caso, a pocos les convenció el borrador del memorando de entendimiento que posteriormente se firmó entre Murillo y la embajadora Arruda. Y de hecho, hay quienes señalan que la gerente León se ausentó por esos días en los que se pidió el concepto y visto bueno de la Imprenta. La gerente, aunque fue consultada para conocer su versión, no contestó.

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“Al presidente lo han venido engañando, en la Imprenta no se están cumpliendo los presupuestos y no hay forma de apuntarle a negocios grandes”, contó una fuente de alto nivel de la Imprenta que pidió la reserva de su nombre.

Igualmente, varias fuentes cercanas al proceso señalan que lo que se tenía previsto era que fuera la Cancillería la que firmara un contrato interadministrativo con la Imprenta y el gobierno de Portugal y no directamente la Imprenta. Lo ven como una manera de evadir una posible irregularidad o error a nombre del gobierno de Colombia.

Con este panorama, sigue en entredicho el futuro de la expedición de los pasaportes. De hecho, la Procuraduría en un oficio del 13 de junio le pidió cuentas a la Cancillería y que explique el plan de acción ante los retrasos en la implementación del nuevo modelo para que los colombianos sigan accediendo al documento.

Personas expertas en la contratación y que han seguido este episodio señalan que Sarabia, aunque garantizará la continuidad en la elaboración de los pasaportes, tendrá que explicar con claridad ante el Ministerio Público por qué no se abrió una licitación ni se previó las dificultades de adoptar el esquema. Y no solo eso, pues la ministra también deberá responderle a Petro, quien deberá resignarse en que su propuesta de darle participación a lo público no será una realidad.

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