El gobierno del presidente Gustavo Petro tiene previsto lanzar oficialmente este sábado la conformación de los comités promotores del “sí” para la consulta popular que quiere convocar para medir el respaldo que aún tiene en las calles y con la tesis de darles oxígeno a las reformas que se estancaron en el Congreso. Y lo hará con una ambiciosa meta.
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Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el país hay cerca de 60.000 juntas de acción comunal (JAC) y, de acuerdo con lo dicho por el jefe de Estado, la meta es que en cada una se configure un comité por el “sí”. En plata blanca, el país podría atestiguar la configuración de más de 60.000 comités progobierno, lo cual dejó algunas preguntas: ¿cuántos habrá para impulsar el “no” o incluso la abstención? Y, más allá de eso, ¿de dónde saldrán los recursos para financiarlos?
Aunque nadie del “Gobierno del cambio” ha dicho cuánto pueden costar las campañas, lo cierto es que tanto los grupos que promocionen el “sí” como el “no” tendrán que recibir financiación estatal, en medio de un complejo panorama financiero que incluye un hueco de $12 billones que no se aprobaron para el presupuesto general de este año y conversaciones sobre posibles recortes. Incluso, aún no es claro si se tendrían que destinar recursos para comités que impulsen la abstención, una opción que podrían considerar los partidos de oposición, dado que para que la consulta sea avalada se requieren, al menos, 13,6 millones de votos válidos.
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A esto se suma el costo de la jornada electoral, que –según le confirmó el registrador Hernán Penagos a este diario– rondaría los $600.000 millones. Aunque Benedetti reafirmó este jueves que en los tarjetones aparecerían únicamente 12 preguntas, estas aún no están definidas y, mientras más se incluyan, mayor será el gasto. En ese sentido, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo que lo más probable es que para financiar la cita a las urnas sea necesario hacer una suerte de “vaca” con recortes a diferentes entidades, con una cifra que rondaría los $10.000 o $20.000 millones. “La democracia cuesta, y es cara. El presidente está apelando a sus últimas herramientas de cara a la finalización de su Gobierno para cumplirles a las personas que votaron por sus promesas”, le aseguró el funcionario a El Espectador.
Los comités comenzarán a activarse en cascada desde este sábado 5 de abril. Entre ellos, el domingo, en Cali, el Pacto Histórico citó a las 9:30 a.m. a “todos los defensores del cambio” para organizarse, planificar y movilizarse en defensa de la consulta. Luego, el martes 9 de abril, será el turno del comité de impulso de Unitarios, el frente político que agrupa a las colectividades más pequeñas de la coalición que llevó a Petro al poder, entre ellas Comunes, Todos Somos Colombia y el Partido Ecologista.
Incluso desde este jueves ya se empezó a difundir en redes el numeral #Consultapopularsí. Este mismo día, el jefe de Estado se reunió con líderes de las JAC y les informó que la puerta para incluir otros temas en la consulta —más allá de la reforma laboral— sigue abierta. Desde la Casa de Nariño, el mandatario anotó que se podría incluir una pregunta relacionada con la destinación de créditos públicos y privados para la economía popular. Aunque la propuesta aún está en construcción, señaló que se podrían reservar ciertos porcentajes de estos montos para grupos minoritarios en zonas rurales, como una forma de impulsar los microcréditos.
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En ese espacio, los representantes de las 60.000 juntas también le hicieron una petición explícita al Gobierno: que en la consulta se incluya una propuesta para garantizar un mínimo vital de supervivencia a dirigentes comunales, campesinos, indígenas y afrodescendientes que, tras cumplir 63 años y haber dedicado más de 20 al trabajo comunitario, social o campesino, reciban apoyo económico por parte de la nación o, en su defecto, de los departamentos y municipios. Según afirmó el ministro del Interior, la petición será estudiada.
Benedetti también fue enfático en que, contrario a lo señalado por el presidente, las preguntas se ceñirían únicamente al tema laboral. “No va a haber temas de fantasía ni esto va a ser un arbolito de Navidad, que el que le quiera colocar una pregunta se la va a colgar”, aseguró el jefe de la cartera, quien ya había descartado incluir asuntos como la reelección o la reducción del salario de los congresistas, calificándolos como “inventos de la oposición”.
Del encuentro con las JAC, el funcionario destacó que “lo más importante es que dijeron que sí a la consulta y que ellos van a empezar a crear los comités del ‘sí‘”. Este punto es clave, ya que desde la oposición algunos sectores han anunciado que denunciarán a Petro por prevaricato, argumentando que inició una campaña sin que el Senado haya aprobado la convocatoria de la consulta. El precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe afirmó que la conformación de estos comités progobierno va en contra de la Ley 1757 de 2015. “El presidente no está conformando nada. Son las juntas de acción comunal. Cualquier colombiano puede crear un comité por el “sí” a la consulta desde ya. Usted no le puede prohibir eso, son las fuerzas sociales”, respondió el ministro.
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En cualquier caso, el presidente reconoce que “el único problema” de la consulta es que el Senado tiene que aprobarla. Para ello se requiere mayoría simple a favor de las preguntas que se presentarían después de Semana Santa, es decir, el voto de la mayoría de los senadores presentes el día de la votación. A pesar de que el Senado es la corporación que menos le camina a Petro en comparación con la Cámara, incluso voces de la oposición sugieren que conseguir esa aprobación no sería tan difícil. Esto a pesar de que el Centro Democrático y Cambio Radical ya anunciaron su decisión de votar en contra, aun sin conocer las preguntas y alineándose con su postura frente al proyecto de reforma laboral que se hundió hace un mes.
Por lo pronto, mientras se define el futuro de la reforma pensional, que se tambalea en la Corte Constitucional, y los comités promotores del “sí” para la laboral arrancan en forma, la reforma a la salud aterrizó en la Comisión Séptima del Senado. Por ahora, el proyecto tendría seis votos asegurados para una ponencia de archivo, por lo que solo faltarían dos más para su hundimiento definitivo, y su desenlace en la célula legislativa podría convertirse en combustible para los miles de comités que se pondrán en marcha este sábado y que, en el fondo, también buscan medir el aceite del progresismo de cara a las elecciones del próximo año.
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