Hay al menos cuatro puntos que han tenido en constante tensión al gobierno del presidente Gustavo Petro y a la oposición en los cortos días transcurridos de 2025, un año que los dos sectores han catalogado como “clave” para los resultados que esperan alcanzar en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Y es que estos no solo han estado en la agenda oficialista y opositora, sino también se han visto presentes en las estrategias de precampaña.
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Si hay un tema recurrente por estos días en la política colombiana es Venezuela y la polémica posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Desde la oposición han surgido propuestas como la de una intervención militar en el país vecino, “preferiblemente” avalada por la ONU, para frenar al régimen chavista y darle paso al líder opositor Edmundo González, quien estuvo en medio de una gira por América para recibir el respaldo de algunos mandatarios. No visitó Colombia.
La alternativa, planteada específicamente por el expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, fue fuertemente criticada desde el petrismo e incluso llegó a oídos de Maduro, quien aseguró que el pueblo venezolano no quiere una intervención con armas ni más sanciones y no escatimó en señalamientos contra Uribe, a quien llamó como un “triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal”.
La Cancillería, que enviará una queja al Palacio de Miraflores por los comentarios del líder chavista contra el expresidente, continúa analizando con pinzas qué hacer frente a la crisis política, para así evitar una emergencia migratoria, pero sin ser visto como un aliado o cómplice del régimen. El canciller Luis Gilberto Murillo no solo adelantó reuniones en Cúcuta (frontera con Venezuela), sino también, esperaría que el “retiro espiritual” de 48 horas al que Petro citó a su gabinete sea el espacio para dejar sobre la mesa preocupaciones y advertencias.
“No reconocemos los resultados, pero con responsabilidad hemos decidido mantener las relaciones que impactan a millones de ciudadanos, colombianos y venezolanos, en temas de comercio y migración”, dijo Murillo este lunes, tres días después de la posesión.
Pero esta postura no es clara ni suficiente para la oposición, que además del rechazo que ha venido manifestando, busca cómo relacionar este episodio diplomático con el proyecto progresistas de cara a las elecciones del 2026, año en el que espera retornar al poder.
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Por ello, ya se ha evidenciado a algunos de los precandidatos remarcar que Petro y Maduro tendrían similitudes ideológicas, que si el presidente no reconoce a Edmundo González cómo aceptará los resultados de los comicios, que el Pacto Histórico no ha condenado las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pese a su promesa de defender las causas sociales y que Colombia sería de los pocos países de la región en no dejar por sentada una posición concisa y de rechazo al régimen. De hecho, Cambio Radical prometió citar al canciller a moción de censura en el Congreso.
Y aunque Petro ha endurecido su tono, han sido realmente sus ministros los que han tomado la bandera a la hora de frenar los dardos de la oposición. Murillo, por ejemplo, agregó recientemente que en nada sirve romper relaciones con Venezuela, pues esto afectaría “a todo el país, especialmente a los millones de colombianos que viven en la frontera”. Y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya ha hecho al menos dos pronunciamientos (o promesas) sobre la garantía que hay para las elecciones del próximo año.
Así como los opositores han sabido intensificar sus críticas al Gobierno en medio de la situación en el país vecino, el petrismo ha hecho lo propio con los hallazgos de restos óseos en La Escombrera de la Comuna 13, en Medellín, misma que el presidente Petro catalogó como una “fosa común” y relacionó con las desapariciones que se registraron tras la Operación Orión, el primer operativo militar que se realizó la llegada de Uribe a la Presidencia y tras la puesta en marcha de su política de seguridad democrática.
Fueron precisamente estos hallazgos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) los que avivaron los pronunciamientos electorales de la izquierda y el Centro Democrático, pues el exmandatario aseguró desde la Comuna 13 que se trataban de una campaña del progresismo para deslegitimarlo y llamó a sus simpatizantes a votar por la derecha, mientras que voces del oficialismo sostuvieron que no se puede volver a un gobierno que sería el responsable de estos acontecimientos.
El malestar entre ambos espectros se ha acentuado luego de que en la capital antioqueña empezaran a verse varios murales alusivos a los hallazgos en La Escombrera y a la situación de seguridad en la ciudad. Las intervenciones fueron borradas por orden directa del alcalde Federico “Fico” Gutiérrez, decisión que reprochó el presidente: “El arte no se calla”.
Pero hay otro asunto que ha estado en la agenda y que promete aparecer recurrentemente durante la campaña: el incremento del 5.3 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) estimado para este 2025, que viene siendo el monto que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos, medicamentos y tratamientos.
No solo Uribe, sino también el exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, han salido a protestar porque el incremento debía hacerse, según ellos y varios actores del sistema de salud, en un mayor porcentaje.
“De todos los males que trajo el gobierno del cambio, el desmantelamiento del sistema de salud ha sido el peor, puesto que sus efectos se miden en vidas y por lo tanto son irremediables. En 2025, no me cabe la menor duda, con reforma legal o sin ella, el sistema colapsará definitivamente”, dijo Vargas.
Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se mostró dispuesto a revisar la cifra, al debate público se sumaron los pronunciamientos de la exministra Carolina Corcho, de quien se habla en algunos pasillos como una posible carta del petrismo a la Presidencia. La exfuncionaria defendió con ánimo la decisión adoptada por la Casa de Nariño y protagonizó algunos choques con líderes políticos, por ejemplo con el exministro de Educación Alejandro Gaviria.
Está por verse cuál será el porvenir de la reforma a la salud en el Congreso, que no ha podido superar su discusión en la plenaria de la Cámara (pese a ser citada en sesiones extraordinarias) y que podría verse afectada con el incremento adoptado para la UPC. Y es que el año pasado fue precisamente una cifra la que influyó en el hundimiento de la ley de financiamiento, pues varios sectores se mostraron inconformes con que el Gobierno buscara $12 billones para solventar el hueco fiscal del Presupuesto de 2025.
Cambio Radical prepara algunas medidas legislativas en contra del incremento y se alista para hacerle una fuerte oposición al proyecto, que podría volverse a citar en sesiones extraordinarias antes del 16 de febrero, cuando termina el receso legislativo. Vargas Lleras ha dejado claro en sus giras por las regiones que la salud será uno de los temas principales en sus discursos y en las cartillas que ya ha empezado a repartir.
Por su parte, el Gobierno le hace frente a las críticas con denuncias de presuntas irregularidades en los anteriores mandatos y de parte de las EPS. Un ejemplo de ello es que la semana pasada la Adres publicó un informe que detalla algunas de las supuestas inconsistencias en los datos enviados por las EPS, incluyendo registros de servicios médicos de personas fallecidas y aumentos aparentemente no justificados en costos y frecuencias de atención.
Y como en toda campaña electoral, ambos sectores, pero en especial la oposición, buscarán referirse a la seguridad y la situación de orden público en lo ancho y largo del país. Con varias iniciativas legislativas, desde el Gobierno esperan darle aire a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc y mejorar cifras en el suroccidente, el pacífico y la Orinoquía.
Además, tendrán que responder en el Capitolio a varias preguntas de la oposición, que viene denunciando que no se conocen resultados de la Operación Perseo en el corregimiento de El Plateado, Cauca, visitado por el gabinete de Petro en octubre pasado con la promesa de poner en marcha varios programas que el mandatario en persona daría a conocer a la población.
Estas agitadas dos semanas de enero, que están siendo analizadas en el cónclave que adelantará Petro y su gabinete hasta este martes, bien podrían ser el abrebocas de lo que será el resto del año: un tiempo límite para que el Gobierno cumpla su Programa de Gobierno, mejore cifras de ejecución y cautive al electorado para su reelección y para que la oposición logre capitalizar el descontento que siente un amplio sector de colombianos y se muestre como una opción presidenciable.
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