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Gobierno pide archivar ‘yidispolítica’ contra el Presidente

A la Comisión de Acusaciones llegó esta solicitud por parte de Jaime Lombana, abogado del Jefe de Estado.

El Espectador
16 de diciembre de 2009 - 03:43 p. m.

En carta enviada a la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara, Jaime Lombana, el apoderado del Presidente en el proceso que esa célula legislativa lleva contra el jefe de Estado, solicitó archivar la investigación contra el Primer Mandatario.

La noticia fue confirmada por el representante investigador, Gilberto Rondón, quien indicó que aún no hay nada definido en cuanto a si se archiva o se abre una indagación formal contra el Presidente Álvaro Uribe.

"Cuando estábamos a horas de pronunciarnos respecto de la decisión que corresponde cuando se han vencido los términos de la investigación preliminar contra el Jefe de Estado, es decir o archivar el proceso o abrir una investigación formal, nos llegó un memorial del defensor del Presidente donde solicita en primer lugar que se resuelva una petición de archivo y en segundo término que se declaren unas pruebas que no fueron practicadas", relató Rondón.

Tras esa petición, se hizo imposible que rondón este miércoles, como estaba advertido, emitiera un pronunciamiento en torno de ese caso.

Sin embargo, el Legislador anunció que este jueves se tomará una determinación final en el caso del Primer Mandatario.

"Esa solicitud de archivo dice que el Presidente es totalmente ajeno a ese hecho, es decir que no tuvo ninguna participación, ni como actor material ni como actor determinador a través de otra persona", relató el congresista.

Dentro del proceso, en caso de que se abra una investigación formal, no se descarta que se practiquen nuevas pruebas o se soliciten las condenas emitidas por la Corte Suprema de Justicia contra Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, únicos sentenciados dentro de la Yidispolítica.

Este expediente se abrió de manera preliminar contra el Presidente Álvaro Uribe, tras la denuncia del Polo Democrático Alternativo por el presunto delito de cohecho. Esto, porque según la oposición, el Jefe de Estado "compró los votos de los legisladores" para que se aprobara la primera reelección presidencial en 2005.

Por El Espectador

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