Gobierno presentará proyecto para hacer censo de baldíos

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, afirmó este martes durante un debate de control político promovido por el senador Jorge Enrique Robledo, que el Gobierno presentará un proyecto de ley para hacer un censo de terrenos baldíos en el país.

“Vamos a partir de la base de que es necesario efectuar un inventario exhaustivo de baldíos que permita identificar aquellos baldío que son sujetos a adjudicación a pequeños propietarios y aquellos que deben ser objeto de explotaciones parea los proyectos productivos que vienen adelantándose”, afirmó el ministro.

Así mismo, el jefe de la cartera manifestó que “en este nuevo concepto de modelo agropecuario es necesario que coexistan tanto los pequeños campesino, como los grandes procesos agroindustriales”.

Para Estupiñán Heredia se debe “buscar la combinación de estos dos modelos, que es lo que los teóricos denominan un modelo de desarrollo rural, donde quepan pequeños campesinos y grandes modelos de desarrollo agroindustrial”.

Así mismo, el ministro dijo que “en este momento el Incoder no dispone de un inventario de baldíos. En este momento no se sabe dónde están, no se sabe con exactitud quiénes son los adjudicatarios. No se sabe qué baldíos estamos utilizando”.

Por tal razón, el jefe de la cartera propuso “un plazo para poder realizar esos inventarios”.

Y concluyó: “Desconozco con exactitud lo que ha venido ocurriendo. Lo que estamos presentando es un proyecto que busca dar seguridad jurídica para que vengan nuevos inversionistas”. 

En la plenaria de Senado, Jorge Enrique Robledo presentó las denuncias sobre la presunta violación de la ley por parte de un grupo de empresas que adquirieron y acumularon terrenos baldíos en el Vichada.

La principal denuncia del senador del Polo Democrático Alternativo está relacionada con empresas como Río Paila Castilla, Cargill o Mónica Semilla.

Según él, esas compañías adquirieron miles de hectáreas en la Altillanura y otras regiones mediante extrañas maniobras a pesar de que existían advertencias de la Procuraduría y la Contraloría, sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.