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El gobierno tiene una apretada agenda en el Congreso. Al mismo tiempo tiene haciendo carrera la reforma al código penal, la reforma política, la reforma a la salud y se espera que en las próximas semanas también lleguen la reforma laboral y pensional. Varios de estos temas son polémicos y es muy posible que esto haga un tanto más lento su trámite.
En medio de este inminente trancón de reformas, el gobierno radicó este miércoles un mensaje de urgencia para agilizar el trámite del proyecto que entra a modificar el código penal. Este mensaje lo que hace es que se aplique un procedimiento exprés para que el proyecto sea estudiado y aprobado lo más pronto posible.
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Con la solicitud hecha este miércoles por el gobierno se reducirían considerablemente los tiempos de trámite. Esto debido a que el texto no tiene que hacer la vuelta por Cámara y luego a Senado (comisión y plenaria), sino que se estudia de una vez por ambas corporaciones. Las Comisiones Primera de las dos cámaras se reunirían para sesionar de forma conjunta y así ahorrarse al menos un debate. Además, las plenarias, aunque se harían por separado, se llevarían a cabo de forma paralela, por lo que se ahorraría al menos todo un mes de trámite.
Y a todo esto se une a que es uno de los proyectos que el gobierno incluyó en las sesiones extraordinarias, por lo que desde ya se está agilizando para que el proyecto sea aprobado lo más pronto posible. De meterle el acelerador, el proyecto podría estar listo hacia finales.
En la carta en la que se pidió el mensaje de urgencia, el gobierno destacó que iniciativa es “el resultado de un sopesado intercambio con actores del sistema penal, mesas de derechos humanos realizadas con personas privadas de la libertad y una evaluación a profundidad del desempeño institucional”. Asimismo, se señaló que se enfrentaba el afán punitivo con el que se ha legislado en las últimas décadas.
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La solicitud llegó el mismo día que se dio a conocer el proyecto de ley para sometimiento de las bandas criminales, por lo que todo parece indicar que el gobierno necesita depurar el sistema judicial y penitenciario para hacerle lugar a los que posiblemente dejen las armas y se acojan a la justicia.
Y es que el proyecto en cuestión entra a modificar varios temas de penas. En primer lugar, la propuesta busca bajar el monto máximo de las penas: por un delito la pena sería de máximo 40 años y por varios delitos quedaría en 50 años, cuando actualmente es 50 años y 60 años, respectivamente.
Por otro lado, la iniciativa entra a apostarle en mayor medida a la justicia restaurativa y a las alternativas de prisión. En un camino similar, entra a eliminar delitos que no deberían ser de la esfera de lo penal sino de lo moral, como lo son los crímenes contra la violación a la libertad religiosa o el incesto. En este mismo sentido también se eliminaría la injuria y la calumnia como delitos tipificados en el código penal.
