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Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia de seguimiento a las observaciones y recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita a Colombia a mitad de año ante los varios excesos de la Fuerza Pública reportados durante el paro nacional. Este encuentro fue pedido por organizaciones sociales, que denunciaron que no se habrían cumplido los pedidos de la Comisión y se habrían mantenido las violaciones de los derechos humanos en el marco de las movilizaciones sociales.
Por esta razón, ante la supuesta prolongación en el tiempo de las violaciones de derechos humanos, que han reportado organizaciones sociales, los solicitantes de la sesión de este martes pidieron la creación de un mecanismo de verificación, con un enfoque especial de género, para que haga seguimiento al cumplimiento o no de las sugerencias que le hizo la CIDH al Estado colombiano.
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La respuesta del gobierno colombiano, representado por el viceministro de asuntos multilaterales, Carlos Morales, fue totalmente en contra: “El Estado ha concluido que independientemente de la cuestión interna que dicho organismo realice en el monitoreo de los derechos humanos en Colombia en el contexto de la protesta social, un mecanismo especial para hacer seguimiento no es un método pertinente para el Estado para así seguir profundizando una relación de cooperación y ahondar aún más en el trabajo que ya realiza en términos de prevención de violaciones de los derechos humanos”.
Según Morales, la institucionalidad en el país es lo suficientemente sólida y participativa para atender las situaciones que se dieron en la protesta. Sobre todo, debido a que tiene estructura de organismos de control independientes. Además, señaló que el Estado ha sido respetuoso del derecho a la protesta y en buena parte la Fuerza Pública la habría garantizado.
“El accionar violento de manifestantes o de terceros que pongan en riesgo a personas obligan al Estado a intervenir, limitando el derecho de los autores frente a los hechos de violencia”, dijo el representante colombiano, que destacó que buena parte, 89%, de las 12.400 manifestaciones que se dieron en el marco del paro fueron pacíficas y en el resto hubo una “intervención del Esmad para mantener la seguridad y el orden”.
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Además, en coincidencia con la postura de la administración Duque, volvió a condenar los bloqueos que, según el diplomático, causaron la muerte de dos bebés, el transporte deficiente de oxígeno en la peor parte de la pandemia y en el abastecimiento de las ciudades, entre otros temas que se reportaron en la parte más compleja del paro.
En este mismo sentido, recordó los actos de violencia que habrían destruido peajes, buena parte del sistema público de transporte de varias ciudades, y hasta el incendio del palacio de justicia de Tuluá. “Se condena cualquier tipo de violencia. Lo excesos de la Fuerza Pública y de los infiltrados fueron una excepción”, dijo el vicecanciller, que agregó que en las pesquisas habría avanzado en los últimos días.
Además de rechazar el mecanismo externo de seguimiento, dejó en claro la representación colombiana que las “recomendaciones no son obligatorias”. Sin embargo, expresó que el Estado ha “demostrado la voluntad de trabajar desde la competencia de sus instituciones para proteger los derechos humanos”. Como prueba de ese supuesto interés, según el funcionario, serían “los ejercicios de diálogo con los autores de las manifestaciones, la promoción de espacios de escucha que han permitido la protección de grupos en situación de vulnerabilidad y las reformas a la Fuerza Pública que comenzaron desde antes del paro”.
La intervención de la delegación colombiana sirvió para dar en detalle el supuesto trabajo que se estaría realizando con la Policía para adaptarla a las nuevas exigencias. Desde el 28 de noviembre del año pasado se estaría llevando a cabo un proceso de rediseño que incluye el fortalecimiento y respeto de los derechos humanos como eje.
“Este proceso no responde a una coyuntura sino a mejorar el servicio público de forma sistemática”, señaló la delegación colombiana, que dio cuenta de mesas asesoras con expertos donde se discute el trabajo en la Policía en “derechos humanos, confianza y legitimidad y profesionalización”.
Como parte de ese trabajo se mencionó los dos proyectos radicados en el Congreso para las modificaciones a la Policía, la implementación de códigos QR en los uniformes de los policías para la identificación del oficial, la promoción de cámaras de cuerpo para los uniformados y el funcionamiento de una oficina de derechos humanos y un observatorio para el mismo tema.
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La Fiscalía también dio su parte ante la CIDH y enunció loa avances que habría tenido el ente acusador para aclarar las situaciones que se vivieron en el marco del paro. Por ejemplo, según la representación de la Fiscalía, se tiene noticias de 29 homicidios en el marco del paro y solo habría un esclarecimiento del 51,7%. En este mismo sentido habló de 13 casos de violencia sexual, en los que habría un porcentaje de esclarecimiento de solo el 27,3%. Por último, habló de los desaparecidos para decir que llegaron 627 casos, pero 274 ya fueron localizados, 132 eran duplicados y además de 192 inadmitidos-29 todavía tienen mecanismo de búsqueda urgente-. También mencionó seis denuncias de desaparición forzada y tan solo una aclarada.
