Gobierno rechaza señalamientos en proceso de restitución de tierras

Los ministros de Agricultura, Defensa e Interior de Colombia manifestaron este jueves que ‘es complejo’ restituir tierras a desplazados por el conflicto armado, porque el proceso se desarrolla sin que exista paz en el país, y negaron ineficacia gubernamental, tal y como denunció Amnistía Internacional (AI).

En un duro informe, la ONG, con sede en Londres, puso de relieve los resultados que por el momento arroja la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que comenzó a aplicarse en Colombia en 2011 y cuyos trabajos se prevén que duren al menos una década.

La norma busca, entre otras cosas, la devolución de unas ocho millones de hectáreas que fueron usurpadas a 5,7 millones de personas en los 50 años que dura ya el conflicto armado en el país, según últimos datos actualizados del Centro de Memoria del país.

AI concluye que la ley es defectuosa, que se aplica con mucha lentitud y que el Gobierno no garantiza la seguridad a quienes, con sentencias a su favor, regresan a territorios que siguen ocupados por quienes se las arrebataron, fundamentalmente paramilitares u otros campesinos amparados bajo actores armados.

En este sentido, la ONG destaca que aún hay presencia de paramilitares en esos territorios usurpados y que, a agosto de 2014, la Fiscalía había investigado al menos 35 asesinatos relacionados con el proceso de restitución.

Tras el revuelo causado en el país con este informe, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el de Interior, Juan F. Cristo, defendieron el modelo de restitución de tierras en un comunicado conjunto.

En él, enfatizan que Colombia "es el único país en el mundo que ha asumido el reto de restituir tierras en medio del conflicto armado" y que "el 100% de las familias que han vuelto a sus tierras se mantienen en ellas", lo que demuestra, a juicio del Gobierno, "que existen garantías para un retorno seguro y sostenible".

"El pronunciamiento (de AI) desconoce que los procesos de restitución de tierras se iniciaron en Colombia sin que haya cesado el conflicto armado interno, lo que evidentemente dificulta que los procesos avancen de manera efectiva en todo el territorio nacional", apuntó Pinzón.

En el aspecto de la seguridad para quienes retornan, aseguró que hasta la fecha "se han capacitado más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública comprometidos con los procesos de restitución de tierras".

Iragorri, por su parte, afirmó que la devolución de terrenos "no había sido enfrentado antes con tanto compromiso", y sentenció que el modelo colombiano es un "ejemplo internacional en administración de justicia para el campo", mientras que Cristo consideró que los obstáculos que pudiera enfrentar la norma "ya han sido superados".

El Gobierno resaltó en el comunicado que en estos tres años se han devuelto más de 84.516 hectáreas (algo que AI contrasta con las ocho millones usurpadas para decir que apenas se ha restituido el 1 % del total) y que los jueces deben dictar sentencia sobre otras 300.000 hectáreas.

Asimismo, el Ejecutivo negó que no ofrezca asistencia financiera a los retornados, pues estos campesinos "han recibido ayudas para proyectos productivos por más de 25.000 millones" de pesos colombianos (unos 11,5 millones de dólares).

Además, según el Gobierno, se han asignado subsidios a cerca de 2.000 familias y se han concretado acuerdos para el alivio de pasivos y la exoneración de impuestos.  

Los ministros de Agricultura, Defensa e Interior de Colombia manifestaron este jueves que ‘es complejo’ restituir tierras a desplazados por el conflicto armado, porque el proceso se desarrolla sin que exista paz en el país, y negaron ineficacia gubernamental, tal y como denunció Amnistía Internacional (AI).

En un duro informe, la ONG, con sede en Londres, puso de relieve los resultados que por el momento arroja la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que comenzó a aplicarse en Colombia en 2011 y cuyos trabajos se prevén que duren al menos una década.

La norma busca, entre otras cosas, la devolución de unas ocho millones de hectáreas que fueron usurpadas a 5,7 millones de personas en los 50 años que dura ya el conflicto armado en el país, según últimos datos actualizados del Centro de Memoria del país.

AI concluye que la ley es defectuosa, que se aplica con mucha lentitud y que el Gobierno no garantiza la seguridad a quienes, con sentencias a su favor, regresan a territorios que siguen ocupados por quienes se las arrebataron, fundamentalmente paramilitares u otros campesinos amparados bajo actores armados.

En este sentido, la ONG destaca que aún hay presencia de paramilitares en esos territorios usurpados y que, a agosto de 2014, la Fiscalía había investigado al menos 35 asesinatos relacionados con el proceso de restitución.

Tras el revuelo causado en el país con este informe, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el de Interior, Juan F. Cristo, defendieron el modelo de restitución de tierras en un comunicado conjunto.

En él, enfatizan que Colombia "es el único país en el mundo que ha asumido el reto de restituir tierras en medio del conflicto armado" y que "el 100% de las familias que han vuelto a sus tierras se mantienen en ellas", lo que demuestra, a juicio del Gobierno, "que existen garantías para un retorno seguro y sostenible".

"El pronunciamiento (de AI) desconoce que los procesos de restitución de tierras se iniciaron en Colombia sin que haya cesado el conflicto armado interno, lo que evidentemente dificulta que los procesos avancen de manera efectiva en todo el territorio nacional", apuntó Pinzón.

En el aspecto de la seguridad para quienes retornan, aseguró que hasta la fecha "se han capacitado más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública comprometidos con los procesos de restitución de tierras".

Iragorri, por su parte, afirmó que la devolución de terrenos "no había sido enfrentado antes con tanto compromiso", y sentenció que el modelo colombiano es un "ejemplo internacional en administración de justicia para el campo", mientras que Cristo consideró que los obstáculos que pudiera enfrentar la norma "ya han sido superados".

El Gobierno resaltó en el comunicado que en estos tres años se han devuelto más de 84.516 hectáreas (algo que AI contrasta con las ocho millones usurpadas para decir que apenas se ha restituido el 1 % del total) y que los jueces deben dictar sentencia sobre otras 300.000 hectáreas.

Asimismo, el Ejecutivo negó que no ofrezca asistencia financiera a los retornados, pues estos campesinos "han recibido ayudas para proyectos productivos por más de 25.000 millones" de pesos colombianos (unos 11,5 millones de dólares).

Además, según el Gobierno, se han asignado subsidios a cerca de 2.000 familias y se han concretado acuerdos para el alivio de pasivos y la exoneración de impuestos.