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Más allá de la lectura económica del paro nacional agrario, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una interpretación de las movilizaciones campesinas que ya van para 15 días. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, han señalado que existen intereses políticos que están detrás de los desórdenes y las acciones violentes que el país ha visto en los últimos días.
Sobre los intentos de diálogo entre manifestantes y el Gobierno, el presidente Santos señaló: “No cabe duda de que hay personas o grupos que están interesados en que no se llegue a ningún acuerdo, personas que no les importan las legítimas aspiraciones de los campesinos, sino que tienen su propia agenda política o sólo quieren desestabilizar”.
A renglón seguido el jefe de Estado puso su dedo acusador en el movimiento político que lideran la exsenadora Piedad Córdoba y el periodista Carlos Lozano. “Sabemos, por ejemplo —y hay que decirlo— que el movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida, para imponernos su propia agenda. No les importan para nada los intereses de los campesinos, ni que se logren acuerdos regionales, sólo les importa su agenda política”, sostuvo el mandatario en la alocución de ayer en la mañana.
Incluso, el presidente Santos dijo que hay gente que está obligando a los campesinos a participar de las movilizaciones mediante amenazas e intimidaciones. “He dicho que bienvenida la protesta, ¡pero no la protesta obligada a punta de fusil o de amenazas! ¡No la protesta con extorsión!”, enfatizó el mandatario.
Las declaraciones del presidente fueron respaldadas por el ministro Pinzón, quien en rueda de prensa del jueves en la noche sostuvo que las manifestaciones tenían un componente criminal, “al servicio de intereses oscuros de los terroristas de las Farc”. Pinzón también afirmó que la Fuerza Pública había actuado con “profesionalismo” y en defensa de los ciudadanos y los bienes públicos.
Ayer en la mañana, cuando todo indicaba que en Tunja el Gobierno y los manifestantes habían llegado a un acuerdo para desbloquear las vías, el titular de la cartera de Defensa refirió: “Creo que el Gobierno ha demostrado que con los campesinos, la sociedad civil y organizaciones sociales existe toda la consideración, toda la solidaridad, toda la intención de dialogar sobre sus justas peticiones. Pero ha quedado claro que la fuerza pública tiene el deber de proteger a los ciudadanos, eso es lo que ha venido ocurriendo y lo que va a continuar ocurriendo. La militarización es presencia de las Fuerzas Militares en apoyo a la policía para tener la confianza de la ciudadanía”.
En defensa de la Marcha Patriótica salió el director del periódico Voz, Carlos Lozano, también vocero del movimiento, quien con claro tono de indignación le respondió al Gobierno que ese tipo de acusaciones es una vieja tradición de los gobiernos colombianos. “Ha sido costumbre en el establecimiento colombiano responsabilizar a alguien para justificar los atropellos, la represión y tratar de deslegitimar la protesta social. En este caso están acudiendo a la Marcha Patriótica como chivo expiatorio. Y lo grave es que no solamente están negando el derecho a la oposición, sino que ponen en peligro la integridad de los miembros de nuestro movimiento”, expresó Lozano.
El periodista, conocido militante del Partido Comunista, le dijo al presidente que no son los organizadores del paro nacional agrario y que éste ha sido promovido por la gente en respuesta a los necesidad del campesino. Sin embargo, fue enfático en que apoyan las movilizaciones y que el jueves pasado salieron a marchar poniendo la cara y bajo las reglas de la democracia.
“Desde un principio la Marcha Patriótica se ha pronunciado por la protesta pacífica y democrática. Y sorprende que el ministro Pinzón salga a hablar de los actos de vandalismo promovidos por pequeños grupos y no diga nada sobre los excesos de las Fuerza Pública. Incluso, históricamente se conocen situaciones en las cuales los violentos son agentes del Estado infiltrados que prenden la mecha para justificar la represión. Lo que estamos reclamando es que se nos dé el derecho a ejercer la oposición”, concluyó Lozano, quien también le pidió al Gobierno que, si tiene pruebas contra miembros de la Marcha Patriótica, se las entregue a las autoridades y no recurra a la estigmatización.
Por Redacción Política
