Gobierno y ONU enfrentados por ley estatutaria de la JEP

Una declaración de Alberto Brunori, representante de la alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue considerada una "falta de respeto" por parte del gobierno del presidente Iván Duque, que argumentó que no es fiel a lo que se conversó, el pasado martes, con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Lea más: Naciones Unidas pide "medidas rápidas" para establecer la estatutaria de la JEP.

Frente a esa declaración, el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, replicó: “En relación con la declaración emitida el día de hoy por el señor Brunori, señalando que el presidente debe sancionar de inmediato y sin dilaciones la Ley Estatutaria que ha sido objetada, me permito aclarar de manera enfática que esa declaración no coincide con lo expresado por el Secretario General en la reunión que sostuvimos hace dos días con el Canciller”. 

"La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP", fueron las palabras puntuales del representante Brunori, durante de la entrega del Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018. 

Y es que ante las objeciones de Duque a esta norma, Naciones Unidas ha lamentado que no se cuente con un marco jurídico que reglamente la JEP e hizo un llamado para que “la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas y están en la legalidad, de los miembros de la Fuerza Pública y de quienes voluntariamente se hayan acogido a la JEP” no se vea en riesgo.

También: "Lamentamos que la JEP aún no tenga ley estatutaria”: Naciones Unidas. 

Debido a este comunicado y a la carta que enviaron más de cien personalidades y organizaciones sociales al Secretario General de la ONU, pidiendo por el cumplimiento de los acuerdos, el canciller viajó a Nueva York para explicar las implicaciones y los alcances de dichas objeciones. “Le expliqué muy en detalle nuestra estructura institucional, en el sentido de que se trata de una facultad que tiene el Presidente. Su propósito es que el Congreso debata sobre los artículos que fueron objetados para que tomen finalmente las decisiones que correspondan”, comentó Trujillo tras el encuentro.

De esta reunión, la Misión de Verificación pidió “medidas rápidas” para resolver la incertidumbre jurídica en la JEP y así garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad de quienes están cobijados por el tribunal de paz. 

Le puede interesar: Preocupaciones de Naciones Unidas por el Acuerdo de Paz.

El pasado miércoles, la Corte Constitucional dio a conocer una decisión respecto a Ley de Procedimiento de la JEP, y específicamente en aspectos de extradición y la sala especial para el juzgamiento de miemrbos de la Fuerza Pública. El alto tribunal aclaró que la JEP sí tiene potestad para pedir pruebas en expedientes para definir la garantía de no extradición. “La Corte deja zanjada esa discusión, en el sentido de dejar claramente expresado que los jueces de la JEP que tengan el encargo de tramitar las garantías de no extradición pueden practicar pruebas”, manifestó Patricia Linares, presidenta de la JEP, expresando, asimismo, la tranquilidad que genera esta resolución de la Corte.

El próximo lunes comienzan las sesiones ordinarias del Congreso, en las que se tiene previsto estudiar las objeciones presidenciales. El presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Carlos Chacón, elevó una consulta ante la Corte Constitucional para definir si es procedente debatir las objeciones. Por su parte, su homólogo en el Senado, el uribista Ernesto Macías, anunció que conformará una comisión accidental para que se dedique a estudiar los reparos con el fin de hacer un informe para que sea votado por la plenaria. La Comisión de Paz radicó una solicitud para que Macías siguiera el mismo procedimiento de Chacón para no incurrir en ninguna falta.

Lea más: Comisión de Paz pide a Ernesto Macías consultar objeciones a la Corte Constitucional.

Una declaración de Alberto Brunori, representante de la alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue considerada una "falta de respeto" por parte del gobierno del presidente Iván Duque, que argumentó que no es fiel a lo que se conversó, el pasado martes, con el secretario general de la ONU, António Guterres.

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Frente a esa declaración, el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, replicó: “En relación con la declaración emitida el día de hoy por el señor Brunori, señalando que el presidente debe sancionar de inmediato y sin dilaciones la Ley Estatutaria que ha sido objetada, me permito aclarar de manera enfática que esa declaración no coincide con lo expresado por el Secretario General en la reunión que sostuvimos hace dos días con el Canciller”. 

"La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP", fueron las palabras puntuales del representante Brunori, durante de la entrega del Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018. 

Y es que ante las objeciones de Duque a esta norma, Naciones Unidas ha lamentado que no se cuente con un marco jurídico que reglamente la JEP e hizo un llamado para que “la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas y están en la legalidad, de los miembros de la Fuerza Pública y de quienes voluntariamente se hayan acogido a la JEP” no se vea en riesgo.

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Debido a este comunicado y a la carta que enviaron más de cien personalidades y organizaciones sociales al Secretario General de la ONU, pidiendo por el cumplimiento de los acuerdos, el canciller viajó a Nueva York para explicar las implicaciones y los alcances de dichas objeciones. “Le expliqué muy en detalle nuestra estructura institucional, en el sentido de que se trata de una facultad que tiene el Presidente. Su propósito es que el Congreso debata sobre los artículos que fueron objetados para que tomen finalmente las decisiones que correspondan”, comentó Trujillo tras el encuentro.

De esta reunión, la Misión de Verificación pidió “medidas rápidas” para resolver la incertidumbre jurídica en la JEP y así garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad de quienes están cobijados por el tribunal de paz. 

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El pasado miércoles, la Corte Constitucional dio a conocer una decisión respecto a Ley de Procedimiento de la JEP, y específicamente en aspectos de extradición y la sala especial para el juzgamiento de miemrbos de la Fuerza Pública. El alto tribunal aclaró que la JEP sí tiene potestad para pedir pruebas en expedientes para definir la garantía de no extradición. “La Corte deja zanjada esa discusión, en el sentido de dejar claramente expresado que los jueces de la JEP que tengan el encargo de tramitar las garantías de no extradición pueden practicar pruebas”, manifestó Patricia Linares, presidenta de la JEP, expresando, asimismo, la tranquilidad que genera esta resolución de la Corte.

El próximo lunes comienzan las sesiones ordinarias del Congreso, en las que se tiene previsto estudiar las objeciones presidenciales. El presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Carlos Chacón, elevó una consulta ante la Corte Constitucional para definir si es procedente debatir las objeciones. Por su parte, su homólogo en el Senado, el uribista Ernesto Macías, anunció que conformará una comisión accidental para que se dedique a estudiar los reparos con el fin de hacer un informe para que sea votado por la plenaria. La Comisión de Paz radicó una solicitud para que Macías siguiera el mismo procedimiento de Chacón para no incurrir en ninguna falta.

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